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Cartel de Medellín

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Cartel de Medellín
Fundación1976
FundadoresPablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, Juan David Ochoa, Fabio Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder, Gustavo Gaviria, Griselda Blanco
Disolución1993
Lugar de origenAntioquia, Medellín
Área de operacionesAmérica y Europa
AliadosLos Priscos, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1984-1992), Cartel de Cali (hasta 1987), Cartel de Guadalajara (hasta 1989), Cartel de Juárez (hasta 1992), Cartel de Sinaloa (hasta 1992), Los Fuertes Reyes (Ecuador), Panamá (hasta 1989)
EnemigosGobierno de Estados Unidos, Gobierno de Colombia, M-19 (1981-1982), Cartel de Cali (desde 1987-1993), Los Pepes (1992-1993), Cartel del Norte del Valle
Fechas activas1976-1993
EstatusDesarticulado; quedaron facciones como la Oficina de Envigado[sin verificar]
Crímenes principalesNarcotráfico, enriquecimiento ilícito, secuestro, asesinato, lavado de dinero, terrorismo, sicariato, narcoterrorismo, extorsión, tráfico de armas

1. Resumen[editar]

El Cartel de Medellín fue una organización criminal colombiana dedicada principalmente al tráfico de cocaína, y también al terrorismo, el sicariato, el secuestro, la extorsión y el lavado de dinero. Fue uno de los principales protagonistas del conflicto armado colombiano entre 1980 y 1993 y se enfrentó de forma abierta y cruenta contra el Estado colombiano y sus instituciones, especialmente en los centros urbanos. De manera simultánea sostuvo guerras contra el Cartel de Cali y contra grupos paramilitares del Magdalena Medio. Ha sido catalogada como la organización criminal más peligrosa que haya existido en Colombia.[1]

El nombre «Cartel de Medellín» fue dado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en referencia a su centro de operaciones principal, ubicado en Medellín. La denominación de «cartel» aludía a la estructura jerárquica de la asociación, en la que distintos narcotraficantes compartían recursos como rutas de envío de cocaína y coordinaban acciones contra enemigos comunes, pero manejaban por separado sus centros de producción y sus negocios.[2]

La organización fomentó la corrupción en Colombia para favorecer sus intereses. Presionó al Estado y a la clase política para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual terminó aboliendo la extradición de colombianos hacia el exterior. También influyó de manera documentada en el fútbol profesional colombiano, en especial durante los años ochenta.[3]

La mayor parte del terrorismo adelantado por el Cartel de Medellín estuvo concentrado en las figuras de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Se atribuyen a la organización miles de bombas y petardos en todo el país, así como el asesinato de jueces, fiscales, testigos, periodistas y dirigentes políticos. Entre las víctimas de mayor repercusión se encuentran el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el procurador Carlos Mauro Hoyos, el candidato presidencial Luis Carlos Galán, el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, el periodista Jorge Enrique Pulido, y los pasajeros del vuelo 203 de Avianca, en el que murieron 107 personas. También fue responsable del atentado contra el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Maza Márquez, que dejó 63 muertos.

2. Denominación y estructura[editar]

Aunque se le conoce popularmente como «cartel», el Cartel de Medellín no fue una empresa criminal única y verticalmente integrada. Se trató más bien de una federación de narcotraficantes que, a partir de mediados de los años setenta, comenzaron a coordinar rutas, contactos, laboratorios y redes de sicarios. Compartían infraestructura de transporte y protección, pero cada jefe mantenía el control sobre su propia producción y sus propias redes de distribución.[2:1]

El término «cartel» fue adoptado por la DEA y luego por los medios de comunicación para describir esa asociación. La estructura jerárquica a la que se refiere el nombre no siempre se correspondió con una cadena de mando formal. En la práctica, Pablo Escobar concentró el mayor poder militar y financiero del grupo, mientras que Gonzalo Rodríguez Gacha controlaba importantes rutas y ejércitos privados en el centro del país, y los hermanos Ochoa aportaban contactos con la alta sociedad antioqueña y con rutas internacionales. Carlos Lehder, por su parte, manejaba una red de transporte aéreo con base en las Bahamas, clave para los envíos hacia Estados Unidos.[4]

Las alianzas del cartel variaron con el tiempo. Mantuvo acuerdos con el Cartel de Cali hasta 1987, con carteles mexicanos como el de Guadalajara, Juárez y Sinaloa, y con estructuras paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Entre sus enemigos estuvieron el Gobierno de Colombia, el Gobierno de Estados Unidos, el M-19 en una etapa temprana, el Cartel de Cali desde 1987 y Los Pepes entre 1992 y 1993.

3. Origen y Bonanza Marimbera[editar]

El origen del Cartel de Medellín se remonta a mediados de 1976, cuando pequeños grupos de traficantes traían base de cocaína desde Ecuador y Perú y luego la procesaban en la ciudad de Medellín. Esos grupos comenzaron a asociarse para crear una empresa ilegal que, gracias a los ingresos derivados del narcotráfico, creció económica y militarmente en lo que se conoció como la «Bonanza Marimbera» (1976-1985).[5]

A comienzos de los años ochenta, la producción de cocaína se realizaba en las selvas de departamentos como Caquetá o Meta, en campamentos como Tranquilandia. Desde pistas clandestinas la droga era llevada a puntos de embarque en otras zonas de Colombia, y desde allí era transportada en pequeñas avionetas hasta lugares como una isla en las Bahamas, que el cartel utilizaba como trampolín para los envíos hacia Estados Unidos. Nueva York fue una de las principales ciudades de destino.[6]

La bonanza de la marihuana primero y de la cocaína después transformó la economía regional de Antioquia. Grandes capitales entraron a la ciudad de Medellín y a municipios cercanos como Envigado, Itagüí y Bello. Esa riqueza permitió al cartel comprar tierras, construir mansiones, financiar campañas políticas y armar ejércitos privados.

4. Guerra contra la izquierda y nacimiento del MAS[editar]

El 12 de noviembre de 1981, el Movimiento 19 de abril (M-19) secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa, en el campus de la Universidad de Antioquia. En represalia, en diciembre de 1981 los hermanos Ochoa convocaron a una reunión a la que asistieron más de 200 sicarios del cartel, la mayoría de sus socios, entre ellos Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, así como Carlos Lehder, quien había escapado de un intento de secuestro también perpetrado por el M-19. El objetivo era perseguir a los responsables del secuestro y exigir su liberación, mediante asesinatos selectivos de los secuestradores.[7]

De esa reunión nació el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), un ejército privado de más de 2,230 hombres[8] que buscó inicialmente la liberación de Martha Nieves Ochoa. El objetivo se logró 92 días después del rapto y, según una versión, sin pagar recompensa, aunque otras versiones hablan del pago de 12 millones de pesos por el rescate.[9] Después de la liberación, el MAS realizó operaciones de «limpieza social» y asesinó a varios miembros del M-19. Se considera que el MAS fue uno de los orígenes del paramilitarismo en Colombia.

Gonzalo Rodríguez Gacha, alias «El Mexicano», estuvo también relacionado con la violencia entre esmeralderos de Boyacá y adelantó una campaña personal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y contra la Unión Patriótica (UP), a las que consideraba una extensión del grupo guerrillero.

5. Incursión frustrada en la política[editar]

Según Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, el Cartel de Medellín financió las campañas presidenciales de Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur.[10] En esa época se exploró la posibilidad de la legalización de las drogas y de un marco legal que permitiera a los grandes narcotraficantes su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional, de Carlos Lehder, y de Civismo en Marcha, de Pablo Escobar, fue una expresión de ese proceso. Escobar llegó a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia.

Sin embargo, ese intento fracasó por la oposición de sectores tradicionales. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y por Rodrigo Lara Bonilla —nombrado ministro de Justicia por Betancur—, lideró la cruzada contra la narcopolítica y convirtió a Escobar en el principal blanco de sus críticas.

En ese contexto de rechazo a la narco-política se dieron los primeros intentos de diálogo entre los narcotraficantes y el Gobierno sobre el tratado de extradición a Estados Unidos. En una conversación con el procurador Carlos Jiménez Gómez, en octubre de 1983, el jefe del ministerio público mostró su rechazo a la extradición y acordó con los narcotraficantes su retiro de la política, a cambio de evitar una guerra abierta. Finalmente, Pablo Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política.

6. Guerra contra el Estado colombiano[editar]

6.1 Tranquilandia y asesinato de Rodrigo Lara Bonilla[editar]

La coyuntura se complicó cuando la policía antinarcóticos, al mando del coronel Jaime Ramírez y con el ministro Rodrigo Lara Bonilla detrás del operativo, desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia en marzo de 1984. Aquel golpe fue respondido el 30 de abril de 1984, cuando dos sicarios de «Los Quesitos» asesinaron al ministro de Justicia en el norte de Bogotá.[11]

El presidente Belisario Betancur inició entonces la primera gran guerra contra el narcotráfico: dispuso el embargo y el secuestro de bienes, aumentó penas y multas para los delitos asociados al tráfico de drogas, y trasladó su conocimiento a la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del cartel debieron refugiarse en Panamá e intentaron en mayo de 1984, en los llamados Diálogos de Panamá, un último acercamiento al Estado. El fracaso de ese intento llevó a que el dinero fuera reemplazado por el terror como principal recurso de presión. Meses después regresaron clandestinamente al país y la guerra total se volvió cuestión de tiempo.

Estados Unidos presionaba y el presidente Betancur autorizó la extradición de narcotraficantes. La extradición existía desde el gobierno de Julio César Turbay, pero aún no se había llevado a la práctica. Los narcotraficantes, encabezados por Pablo Escobar y otros miembros del Cartel de Medellín, se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición, que estaba siendo evaluado por la Corte Suprema de Justicia. El grupo se hizo llamar «Los Extraditables». Su lema era «Plata o Plomo»: quien no estuviera dispuesto a recibir sobornos y servir al cartel pasaba a ser objetivo militar.[12]

6.2 Toma del Palacio de Justicia y la controversia sobre la financiación[editar]

El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla M-19 realizó la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Durante la retoma por la Fuerza Pública se destruyeron archivos del narcotráfico y murieron 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se ha afirmado, a partir de testimonios como el de una ex amante de Pablo Escobar, que el cartel financió al M-19 para esa operación, con el fin de destruir expedientes de extradición. Sin embargo, en 2020 exmilitantes del M-19 reconocieron ante la Comisión de la Verdad que la toma fue una decisión errada, pero negaron que hubiera sido financiada por Escobar, argumentando que fue un operativo con objetivos políticos.[13]

La existencia de copias de las solicitudes de extradición y de los procesos judiciales en la cancillería y en la embajada de Estados Unidos debilita la tesis de que la quema de expedientes fuera la razón de la operación guerrillera.[14]

En esos años el cartel contrató mercenarios extranjeros para entrenar a sus sicarios. El más recordado fue el israelí Yair Klein, quien entrenó a los grupos de autodefensas de Fidel y Carlos Castaño y a paramilitares del Magdalena Medio.

Mientras tanto, en febrero de 1987 fue capturado y extraditado Carlos Lehder, convirtiéndose en el primer miembro importante del Cartel de Medellín en ser sentenciado en Estados Unidos.

7. Guerra contra el Cartel de Cali[editar]

En 1984, Gilberto Rodríguez Orejuela, del Cartel de Cali, y Jorge Luis Ochoa, del de Medellín, fueron detenidos en España acusados de preparar redes de tráfico en Europa. Estados Unidos pidió la extradición de ambos, pero los tribunales españoles los enviaron a Colombia, donde recobraron la libertad poco después.

El primer síntoma de conflicto entre los dos carteles se presentó en noviembre de 1987, con la detención de Jorge Luis Ochoa en un lugar cercano al Valle del Cauca. Se cree que el arresto fue fruto de una posible delación del Cartel de Cali. Ochoa salió de la cárcel antes de terminar el año mediante maniobras legales. Días antes, un cargamento de droga del Cartel de Medellín había caído en Estados Unidos, aparentemente delatado por la organización caleña.[15]

Según Jhon Jairo Velásquez, alias «Popeye», miembro del Cartel de Medellín, la disputa entre los dos bandos comenzó por rencillas personales entre hombres de confianza de Pablo Escobar y de Helmer «Pacho» Herrera. De acuerdo con su testimonio, la guerra se desató por un conflicto sentimental entre «El Negro» Pabón, leal a Escobar, y «Alejo Piña», hombre de Pacho Herrera. Cuando el Cartel de Medellín mató a Hugo Hernán Valencia, un hombre que había tenido un problema con Gilberto Rodríguez, los Rodríguez no devolvieron el favor y advirtieron a Pacho Herrera. Eso habría desencadenado la guerra abierta.[16]

Las manifestaciones más visibles de esta guerra fueron los asesinatos selectivos en Medellín, Cali y Nueva York, los atentados con dinamita contra instalaciones de Drogas La Rebaja —cadena de farmacias de propiedad de miembros del Cartel de Cali—, el incendio de la sede de una emisora del Grupo Radial Colombiano y el carro bomba que detonó el 13 de enero de 1988 en el edificio Mónaco, propiedad de Pablo Escobar, donde habitaba con su familia y algunos de sus sicarios.

Las diferencias entre Cali y Medellín reflejaron dos estrategias distintas de legitimación mafiosa. En Medellín, la mafia se sintió con derecho a disputar la hegemonía a las élites tradicionales, lo que provocó una mayor inclinación al enfrentamiento con el poder estatal. En Cali, la mayor solidez de la estructura social propició una estrategia de incorporación discreta por parte de los traficantes locales.

8. Intensificación del conflicto[editar]

8.1 Diálogos frustrados con el gobierno Barco[editar]

A partir de julio de 1988, el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya, entró en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. El 15 de septiembre siguiente, los narcotraficantes respondieron con una carta a la administración de Virgilio Barco, entregando un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Montoya era considerado por los opositores como quien realmente tomaba las grandes decisiones del gobierno. Sin embargo, ante la intransigencia de Estados Unidos, renuente a dialogar con los narcos, las conversaciones se dilataron y al final fueron presentadas como una iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.

Como reacción a ese diálogo sin resultados, el Cartel de Medellín inició una cadena de crímenes de jueces, funcionarios del gobierno y personajes de la vida pública. A esa coyuntura se sumó la guerra de Gonzalo Rodríguez Gacha contra los esmeralderos de Boyacá, tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina, y de 17 personas más en la masacre de Sasaima, el 27 de febrero de 1989.

El 29 de marzo de 1989, Los Extraditables asesinaron a Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del caso de Guillermo Cano. Dos meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. El 4 de mayo fue asesinado el exgobernador de Boyacá Álvaro González Santana, padre de la jueza Martha Lucía González. El 30 de mayo, una potente explosión al paso de la caravana del jefe del DAS, general Miguel Maza Márquez, mató a 7 personas en Bogotá. El 4 de julio murió en un atentado el gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, y el 28 del mismo mes fue víctima de sicarios la jueza María Helena Díaz.

8.2 Asesinato de Luis Carlos Galán y respuesta del Estado[editar]

El 16 de agosto de 1989 cayó el magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 fue acribillado en Medellín el coronel Valdemar Franklin Quintero. Esa misma noche, durante un mitin político en Soacha, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha asesinaron al precandidato presidencial liberal Luis Carlos Galán. Galán, enemigo declarado de los narcotraficantes, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura. Herido de muerte por Jaime Rueda, falleció horas después a causa de una fuerte hemorragia. Ese crimen marcó el comienzo de la «guerra total» entre el Estado colombiano y el Cartel de Medellín.

Inmediatamente después del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo. El presidente Virgilio Barco declaró la guerra al narcotráfico y puso precio a la cabeza de los terroristas en una alocución televisada; inicialmente se ofrecieron 100 millones de pesos por Escobar y Rodríguez Gacha.[17]

Con el decreto 1830 del 19 de agosto de 1989, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema. Con el decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros; con el 1856 ordenó la confiscación de bienes de los narcos; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de incomunicación por hasta siete días. Además, dispuso la creación del Bloque de Búsqueda, con 500 hombres, dirigidos esencialmente a cazar a los cabecillas terroristas, bajo el mando del coronel Hugo Martínez. En los días posteriores, el Ejército y la Policía practicaron abundantes detenciones e incautaron suntuosas propiedades de los capos.

8.3 Ofensiva narcoterrorista de 1989[editar]

El 23 de agosto de 1989, Los Extraditables respondieron al gobierno con una carta pública asumiendo el reto de la guerra total. Con 3,000 sicarios en armas, la asociación con el paramilitarismo y el respaldo de una porción de la población bajo su influencia —además del músculo financiero que le daba el control de al menos un 80% del tráfico de cocaína hacia el exterior—, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos.[18]

Entre septiembre y diciembre de 1989, más de 100 artefactos explosivos estallaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total, sumando los ataques de los sicarios, los narcoterroristas fueron responsables de 289 acciones bélicas en ese periodo, con un saldo de más de 250 víctimas mortales.[19]

El 2 de septiembre fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador. El 16 de octubre, un carro bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. En los meses siguientes fueron asesinados el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido, el representante a la Cámara Luis Francisco Madero y la jueza Mariela Espinosa Arango. También atacaron a la Fuerza Pública: a finales de octubre, 7 policías fueron dados de baja en Medellín, 5 de ellos por una bomba activada frente al Club de Oficiales de la ciudad.

El 27 de noviembre de 1989, un avión de Avianca —el vuelo 203— fue volado en el aire con 107 personas a bordo. Los autores creían que César Gaviria, sucesor de Galán en la consulta del Partido Liberal, tomaría ese vuelo. Gaviria se salvó gracias a las advertencias de su cuerpo de seguridad y no abordó la aeronave.[20] Finalmente, el 6 de diciembre, los narcos atentaron nuevamente contra el general Maza y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor, pero el objetivo resultó ileso; 63 personas murieron y cerca de 600 quedaron heridas.

9. Muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha[editar]

El gobierno ofreció 500 millones de pesos por la cabeza de Gonzalo Rodríguez Gacha, la misma cantidad ofrecida por Pablo Escobar.[21] En agosto de 1989, el presidente Barco tuvo un golpe de suerte cuando Freddy Gonzalo Rodríguez, hijo de «El Mexicano», fue detenido por posesión ilegal de armas al norte de Bogotá. Se le retuvo más tiempo del estipulado por la ley para presionar a su padre, pero la estrategia no dio resultado y fue liberado el 22 de noviembre.

Un informante al servicio del Cartel de Cali, Jorge Velásquez, alias «El Navegante», infiltrado en las estructuras de Gacha, reveló la ubicación del narco en Cartagena. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los fugitivos tomaron una lancha rumbo a Tolú. A mediodía del 15 de diciembre de 1989, veintidós policías a bordo de dos helicópteros sobrevolaron un complejo de cabañas entre Coveñas y Tolú y pidieron a Rodríguez Gacha que se entregara, sin obtener respuesta. Los narcoterroristas intentaron huir en un camión y se enfrentaron a tiros con las autoridades. En el enfrentamiento murieron Rodríguez Gacha, su hijo Freddy Gonzalo, y varios de sus guardaespaldas y lugartenientes.[22]

El cuerpo de Rodríguez Gacha y el de su hijo fueron enterrados en su natal Pacho, en medio de un entierro multitudinario al que asistieron cerca de 15,000 personas.[23]

10. Negociación y sometimiento a la justicia[editar]

10.1 Política de sometimiento[editar]

Tras la muerte de Rodríguez Gacha, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo, presionando con el secuestro del hijo del secretario de Presidencia, Álvaro Diego Montoya, y de dos parientes del presidente. Surgió entonces una propuesta del expresidente Alfonso López Michelsen para formar una comisión de notables que negociara con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial. Inmediatamente después liberaron a los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Chocó. Esperaban que el gobierno creara una comisión de alto nivel para los procedimientos legales de rendición, lo cual no ocurrió. El intento de diálogo terminó en una nueva oleada de terrorismo.

Aprovechando la tregua unilateral indefinida de julio de 1990, el ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se llamó «Política de sometimiento a la justicia». Esta política, materializada en cinco decretos, buscaba favorecer con reducción de penas a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en Colombia y recluidos en pabellones de alta seguridad.

Pablo Escobar, desconfiado, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y personajes influyentes —Diana Turbay, Marina Montoya, Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y varios periodistas más— para presionar al presidente a fin de ser tratado como delincuente político y beneficiarse de los indultos reservados a los guerrilleros.

Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa: Jorge Luis, Juan David y Fabio. Escobar, en cambio, pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida y siguió presionando por la vía armada. El 12 de diciembre de 1990, una bomba mató a 7 policías en Medellín. El 24 de enero de 1991, en una confusa operación de rescate, murieron Diana Turbay y tres de sus captores. Poco después fue ejecutada Marina Montoya, hermana de Germán Montoya. El 16 de febrero, un bombazo contra una patrulla del F2 en Medellín, frente a la plaza de toros, dejó 27 fallecidos. Dos meses después, el exministro de Justicia Enrique Low Murtra fue asesinado en Bogotá.

10.2 La Catedral: reclusión y fuga[editar]

La estrategia de presión le dio resultados a Escobar. Liberó al resto de los secuestrados como gesto de «buena fe» y, cuando estuvo seguro de que la Asamblea Constituyente había aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos, se entregó en Medellín, acompañado del sacerdote Rafael García Herreros y de Alberto Villamizar.[24] Fue recluido en la cárcel de La Catedral, en Envigado, junto a algunos de sus lugartenientes. Desde allí continuó controlando el negocio ilegal a través de Fernando «el Negro» Galeano y Gerardo «Kiko» Moncada.

A casi un año de su encierro, a principios de julio de 1992, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar dinero a los demás narcotraficantes. Galeano y Moncada se presentaron en La Catedral para reclamar 23 millones de dólares que un sicario de confianza de Escobar, alias «El Chopo», les había robado de una caleta. En la reunión, Escobar los acusó de negligentes en pagar al cartel y de no aportar lo suficiente para la guerra. Ambos fueron torturados, asesinados y descuartizados.[25]

La purga posterior entre los allegados a ambos capos dejó unos 50 muertos y marcó una profunda división dentro del cartel.[26] Al conocer los hechos, el gobierno ordenó el traslado de Escobar a otro penal. Pero él, su hermano Roberto y ocho de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992.

11. Disolución del cartel y muerte de Pablo Escobar[editar]

11.1 Ruptura interna y Los Pepes[editar]

El gobierno fortaleció entonces el Bloque de Búsqueda, integrado por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, para cazar a los prófugos. Los hombres del Cartel de Cali desencadenaron nuevamente la guerra al activar un coche bomba en Medellín atribuido a sus enemigos antioqueños. El Cartel de Medellín, ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivó su campaña con ataques en los que ejecutó a 30 uniformados y a una juez entre septiembre y octubre de 1992.

Sin embargo, la situación había cambiado bruscamente para el cartel: la muerte de Galeano y Moncada generó una fractura interna. Diego Fernando Murillo, jefe de seguridad de los capos asesinados, y los hermanos Castaño se alinearon con los narcos del Valle contra Escobar, en una alianza que incluía a oficiales del Bloque de Búsqueda y a varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que suministraron, se dieron duros golpes a las redes del «Patrón». El 28 de octubre, Brances Muñoz Mosquera, uno de sus jefes militares más importantes, fue abatido en una operación especial.

Escobar, que intentaba negociar una nueva entrega, desencadenó en respuesta otra guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero de 1993, y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en Bogotá 41 y en Barrancabermeja 16.[27]

En el curso de la cacería, Los Pepes y las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel, entre ellos Mario Castaño Molina, alias «El Chopo», Hernán Darío Henao, alias «HH», y Jhonny Edison Rivera, alias «El Palomo», todos hombres de confianza de Escobar. También fueron arrestados 1,900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar.[28] La guerra interna contra bandas rivales dejó 300 muertos y debilitó decisivamente al grupo de Medellín, que perdió en ocho meses el 80% de su capacidad bélica.[29]

El 30 de enero de 1993 hizo su aparición pública la estructura que se autodenominó «Los Pepes» (Perseguidos por Pablo Escobar), detrás de la que estaban los Castaño. El grupo se dedicó a matar a testaferros, escoltas, contadores, abogados y familiares del capo, así como a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.

11.2 Muerte de Pablo Escobar[editar]

Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia, interrumpió su campaña terrorista y trató de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su esposa y sus hijos. Su propuesta no halló eco en el Ejecutivo. Aunque logró evadir al Bloque de Búsqueda durante seis meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta, alias «El Angelito», en octubre de 1993, lo dejó desprotegido.

Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa, refugiada en el Hotel Tequendama bajo vigilancia policial, lo llevó a utilizar una radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar resultó muerto en un operativo sobre el que distintas publicaciones contradicen la versión oficial.[30]

Su muerte y la de su único guardaespaldas significaron el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico. Se estima que la lucha entre 1989 y 1993 dejó 5,500 muertos.[31]

12. Legado[editar]

Tras la caída del Cartel de Medellín, el narcotráfico colombiano se diversificó. El Cartel de Cali asumió por poco tiempo el liderazgo; también se fortaleció el Cartel del Norte del Valle y surgieron numerosas bandas que buscaron discreción, participaron menos en política y disimularon sus riquezas o emigraron. Las guerrillas también se beneficiaron de la caída del cartel: las FARC-EP, que ya se financiaban con el gramaje y la protección de cultivos, se expandieron en la cadena de producción y distribución como un nuevo cartel para financiar el conflicto armado interno. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) también incrementó su participación en economías ilegales.

Otra organización de tendencia paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), descendió de forma directa del Cartel de Medellín, con Carlos Castaño a la cabeza, y muchos de sus comandantes, como Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna», provenían de las estructuras del cartel. La Oficina de Envigado, una estructura criminal posterior, es considerada una facción heredera del Cartel de Medellín.

La influencia del cartel sobre el fútbol profesional colombiano ha sido documentada: financió clubes, impuso jugadores y determinó fichajes durante los años ochenta. También dejó una huella profunda en la arquitectura, la economía y la cultura popular de Medellín y de toda Colombia.

13. Representaciones culturales[editar]

La vida de Pablo Escobar y la historia del Cartel de Medellín han sido recreadas en numerosas producciones audiovisuales, libros y documentales. En el ámbito hispanoamericano y global, la serie de televisión Narcos (2015-2017), de Netflix, popularizó una versión dramatizada de los hechos. Otras producciones colombianas e internacionales han abordado el tema, incluyendo documentales como Pablo Escobar: el patrón del mal, que se emitió en Colombia en 2012 y más tarde en varios países de América Latina. La figura del cartel también aparece en videojuegos, novelas y series documentales, y sigue generando debate sobre la mitificación de sus líderes y la estética del narcotráfico en la cultura popular hispanoamericana.[32]

14. Notas[editar]

  1. La afirmación de que el Cartel de Medellín fue «la organización criminal más peligrosa que haya existido en Colombia» proviene de fuentes periodísticas de la época. Existen matices según la métrica utilizada: número de víctimas, capacidad militar, nivel de corrupción o impacto institucional. ↩︎

  2. La palabra «cartel» se utiliza aquí en sentido laxo, no en el sentido estrictamente empresarial de fijación de precios. La estructura del Cartel de Medellín era más bien una red de asociados que compartían rutas y protección, pero conservaban autonomía en producción y distribución. ↩︎ ↩︎

  3. El vínculo entre el narcotráfico y el fútbol profesional colombiano ha sido documentado por investigaciones periodísticas y académicas. Se ha señalado el financiamiento de clubes, el patrocinio de jugadores y la presión sobre directivos. El tema sigue siendo objeto de debate por la falta de archivos judiciales completos. ↩︎

  4. Carlos Lehder controló la isla de Cayo Norman, en las Bahamas, como punto de tránsito para los envíos hacia Estados Unidos. La isla fue un eslabón clave de la ruta del cartel. ↩︎

  5. El término «Bonanza Marimbera» se refiere originalmente al auge de la marihuana en Colombia durante los años setenta. La fuente lo aplica aquí al periodo de crecimiento económico ilegal ligado también a la cocaína, por lo que la denominación puede resultar imprecisa. ↩︎

  6. La isla de las Bahamas que servía como trampolín fue conocida en algunos relatos como Cayo Norman, vinculada a Carlos Lehder. Los envíos desde pistas clandestinas y la conexión con Nueva York son datos recurrentes en las crónicas del cartel. ↩︎

  7. El MAS es considerado por varios autores como un antecedente directo de los grupos paramilitares en Colombia. Su creación no se limitó al rescate de Martha Nieves Ochoa, sino que luego derivó en operaciones de exterminio selectivo. ↩︎

  8. La cifra de «más de 2,230 hombres» es una estimación citada por fuentes periodísticas. La estructura real del MAS era menos formal y su número exacto de integrantes es difícil de verificar. ↩︎

  9. La liberación de Martha Nieves Ochoa sin pago de recompensa es una versión; otras fuentes mencionan el pago de 12 millones de pesos. La discrepancia refleja la dificultad de reconstruir el episodio con precisión. ↩︎

  10. La afirmación de Juan Pablo Escobar sobre la financiación de campañas presidenciales no ha sido confirmada de manera uniforme por todas las fuentes. Debe tratarse como un testimonio directo, no como un hecho judicialmente establecido. ↩︎

  11. El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla fue perpetrado por dos sicarios conocidos como «Los Quesitos». El hecho marcó el inicio de una escalada terrorista y la decisión del Estado de combatir frontalmente al cartel. ↩︎

  12. La consigna «Plata o Plomo» se convirtió en un emblema del cartel. Representaba la disyuntiva entre aceptar sobornos o enfrentar la violencia. Fue usada en comunicados y en mensajes a jueces, políticos y periodistas. ↩︎

  13. La toma del Palacio de Justicia sigue siendo un hecho controvertido en Colombia. La versión según la cual el M-19 fue financiado por el cartel para quemar expedientes de extradición no ha sido probada judicialmente y es rechazada por exintegrantes del M-19. ↩︎

  14. La existencia de copias de los expedientes de extradición en la Cancillería y en la Embajada de Estados Unidos es un argumento esgrimido por quienes niegan que la quema de archivos fuera el objetivo central de la toma. ↩︎

  15. La posible delación del Cartel de Cali en la caída de un cargamento del Cartel de Medellín es una de las explicaciones del inicio de la guerra entre ambas organizaciones. No todas las fuentes coinciden en que haya sido el detonante principal. ↩︎

  16. El testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias «Popeye», es una fuente directa, pero debe leerse con cautela por su condición de exsicario y por sus cambios de versión a lo largo del tiempo. ↩︎

  17. La recompensa inicial de 100 millones de pesos por Escobar y Rodríguez Gacha fue luego elevada. Las cifras de recompensas variaron en distintos momentos de la persecución. ↩︎

  18. La cifra de «al menos un 80% del tráfico de cocaína hacia el exterior» es un estimado citado en medios de la época. No existe una estadística oficial que la confirme plenamente. ↩︎

  19. El conteo de 289 acciones bélicas y más de 250 víctimas mortales entre septiembre y diciembre de 1989 proviene de fuentes periodísticas y puede variar según los criterios de registro. ↩︎

  20. La hipótesis de que el vuelo 203 de Avianca fue bombardeado porque se creía que César Gaviria iba a bordo es ampliamente aceptada, aunque las investigaciones no lograron identificar a todos los autores materiales. ↩︎

  21. La cifra de 500 millones de pesos como recompensa por Rodríguez Gacha y por Escobar es una de las mencionadas en fuentes de la época. Las cantidades exactas variaron durante el conflicto. ↩︎

  22. La operación en la que murió Rodríguez Gacha fue llamada «Operación Apocalipsis». En ella se emplearon dos helicópteros de la Policía y un grupo de comandos. Los detalles exactos del enfrentamiento difieren según las fuentes. ↩︎

  23. El dato de 15,000 personas en el entierro de Rodríguez Gacha es una estimación de la prensa de la época. La cifra real puede variar. ↩︎

  24. La entrega de Pablo Escobar a las autoridades se produjo después de la aprobación del artículo que prohibía la extradición en la Asamblea Constituyente. La cárcel de La Catedral se convirtió en el escenario de su reclusión y posterior fuga. ↩︎

  25. El asesinato de Galeano y Moncada dentro de La Catedral fue un punto de quiebre para el cartel. La cifra de 23 millones de dólares reclamados es una de las versiones que circulan; otras mencionan montos diferentes. ↩︎

  26. La purga que siguió al asesinato de Galeano y Moncada dejó un número indeterminado de muertos. La cifra de «unos 50» es una estimación citada por fuentes periodísticas de la época. ↩︎

  27. Las cifras de víctimas por ciudad durante la oleada de coches bomba de 1992-1993 provienen de reportes de prensa. El número exacto de muertos puede variar según el registro. ↩︎

  28. Las cifras de bajas, detenciones y rendiciones durante la cacería final deben tomarse como estimaciones provenientes de fuentes oficiales y periodísticas. No existe un conteo único y definitivo. ↩︎

  29. La pérdida del 80% de la capacidad bélica del cartel en ocho meses es una cifra citada por la prensa de la época. Debe interpretarse como una estimación cualitativa más que como un dato exacto. ↩︎

  30. La muerte de Pablo Escobar es objeto de múltiples versiones. La versión oficial sostiene que murió en un enfrentamiento con el Bloque de Búsqueda; otras fuentes plantean que se habría suicidado o que fue ejecutado en circunstancias distintas. ↩︎

  31. La estimación de 5,500 muertos entre 1989 y 1993 por el conflicto entre el cartel y el Estado es una cifra recurrente en crónicas y reportajes. Es difícil de verificar de manera independiente. ↩︎

  32. La serie Narcos y otras representaciones han sido criticadas por su tratamiento estetizado del narcotráfico. En Colombia se ha debatido sobre el riesgo de glorificar a los victimarios y de reducir el conflicto a la figura de Escobar. ↩︎