Caso Koldo
| Característica | Dato |
|---|---|
| Nombre completo | Caso Koldo / caso Ábalos / caso mascarillas |
| Número de causa | Causa Especial 20775/2020 |
| Tribunales | Tribunal Supremo y Audiencia Nacional |
| Fase | 2024 – actualidad |
| Jueces principales | Ismael Moreno Chamarro (Audiencia Nacional) Leopoldo Puente Segura (Tribunal Supremo) |
| Delitos investigados | Corrupción política, cohecho, tráfico de influencias, malversación |
1. Resumen[editar]
El caso Koldo, también llamado caso Ábalos o caso mascarillas, es una investigación judicial española por presunta corrupción política originada en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de COVID-19. El asunto afecta a cargos del Gobierno de España y del Partido Socialista Obrero Español, entre ellos José Luis Ábalos, ministro de Fomento en los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021; Santos Cerdán León, secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025; y Koldo García Izaguirre, asesor político del primero.
La investigación judicial, denominada Operación Delorme, fue dirigida inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil contra Koldo García y otras personas por una presunta trama de sobornos en la venta de mascarillas. La causa pasó después a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, y se extendió a contratos de obra pública, pagos en efectivo al PSOE, el rescate de Air Europa y supuestas conexiones con Venezuela.[1]
2. Origen de la investigación[editar]
2.1 Denuncia y apertura de diligencias[editar]
La investigación se remonta a una denuncia presentada por el Partido Popular de Madrid en marzo de 2022 contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., empresa beneficiaria de varios contratos públicos de material sanitario. En abril de 2022, la Fiscalía abrió diligencias contra la compañía al detectar contratos que no se adjudicaron por licitación, sino por el procedimiento de urgencia.
2.2 Los contratos de mascarillas[editar]
La Fiscalía comprobó que Soluciones de Gestión firmó seis contratos sospechosos con administraciones públicas entre marzo y mayo de 2020:
- El 21 de marzo de 2020, adjudicado por Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, por 24,2 millones de euros para la adquisición de ocho millones de mascarillas.
- El 27 de marzo de 2020, adjudicado por Adif, también dependiente del Ministerio de Transportes, por 12,5 millones de euros por cinco millones de mascarillas.
- El 20 de abril de 2020, adjudicado por la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, por 3,5 millones de euros para suministro de material sanitario.
- El 22 de abril de 2020, adjudicado por el Gobierno de Canarias a través del Servicio Canario de Salud, por 7,3 millones de euros para suministro de mascarillas.
- El 4 de mayo de 2020, adjudicado de nuevo por el Servicio Canario de Salud, por 5 millones de euros para suministro de mascarillas.
- El 8 de mayo de 2020, adjudicado por el Gobierno de las Islas Baleares a través del Servicio de Salud de las Islas Baleares, por 3,7 millones de euros para suministro de mascarillas.
Según la investigación, la empresa facturó 54 millones de euros durante la pandemia y obtuvo un beneficio de 17 millones de euros. La trama se apoyaba en una red de sociedades en Luxemburgo y en una empresa brasileña, Suro Capital Brasil Participacoes LTDA, con una cuenta en la entidad financiera Banco Itaú BBA, supuestamente para dificultar la trazabilidad del dinero.[2]
3. Primeras detenciones[editar]
El 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil detuvo a 20 personas, entre ellas Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, en su domicilio de Alicante. Koldo estaba acusado de aprovechar sus relaciones personales con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE para conseguir contratos para Soluciones de Gestión, a cambio de presuntas comisiones en metálico.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que Koldo casi cuadruplicó sus ingresos en efectivo y aumentó notablemente su patrimonio entre 2020 y 2022, con la adquisición de varios inmuebles —entre ellos tres pisos en Benidorm— por un valor que podría alcanzar el millón y medio de euros. También se detectó que utilizó a terceras personas de su círculo familiar para ocultar el rastro de los bienes.
De las otras dieciocho personas detenidas ese mismo día, catorce quedaron en libertad el mismo 21 de febrero tras declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) y otras cuatro fueron puestas en libertad al día siguiente. Se realizaron veintiséis registros domiciliarios en ocho provincias. Entre los detenidos estaba Joseba García, hermano de Koldo, cuyos ingresos en metálico se multiplicaron por veintisiete según la Fiscalía.
El 22 de febrero, el juez Ismael Moreno dejó en libertad a Koldo García, quien se negó a declarar.
4. Investigación en la Audiencia Nacional[editar]
4.1 Querella de Anticorrupción[editar]
El 6 de septiembre de 2023, la Fiscalía Anticorrupción presentó querella ante la Audiencia Nacional contra siete personas, entre ellas Koldo García, exasesor personal del ministro de Transportes José Luis Ábalos entre 2018 y 2021. La causa recayó en el juez Ismael Moreno Chamarro, titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2.
4.2 Fiscalía Europea[editar]
El asunto llegó también a la Fiscalía Europea después de que la Fiscalía Anticorrupción informara de posibles irregularidades en contratos de mascarillas suscritos por los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Ciudadanos presentó un escrito ante la fiscal jefe europea para denunciar el presunto uso ilícito de fondos FEDER en las compras de material sanitario.
El 26 de febrero de 2024, el juez Moreno ordenó entregar a la Fiscalía Europea copia de la querella y un informe sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión. El 4 de marzo de 2024, la Fiscalía Europea comunicó la apertura de una investigación centrada en las compras de mascarillas de Baleares y Canarias. El juez Manuel García-Castellón fue designado juez de garantías de esas diligencias.
En julio de 2024, el Tribunal Supremo devolvió la mayor parte del caso a la Audiencia Nacional, al considerar que los intereses financieros de la Unión Europea no se veían afectados, salvo una línea de investigación relativa al Servicio Canario de Salud y al Servicio de Salud de las Islas Baleares.
4.3 Imputación de José Luis Ábalos[editar]
El 8 de octubre de 2024, la UCO entregó al juez Moreno un informe en el que atribuía un papel relevante en la trama al exministro José Luis Ábalos, quien presuntamente recibió varios inmuebles, entre ellos un chalet, del comisionista Víctor de Aldama. El informe sostenía que la trama iba más allá de los contratos de mascarillas: De Aldama se habría valido de su relación con Koldo y Ábalos para influir en el rescate de Air Europa, tras una reunión con la exministra Nadia Calviño y el presidente Pedro Sánchez.
La UCO también vinculó a De Aldama con el escándalo del Delcygate, la visita a España de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada al espacio Schengen. En ese viaje se habrían tratado, entre otros asuntos, la compraventa de oro venezolano.[3]
El 23 de octubre de 2024, la Audiencia Nacional elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Ábalos, por su condición de aforado como diputado del Congreso.
4.4 Declaraciones de Víctor de Aldama[editar]
El 21 de noviembre de 2024, el empresario Víctor de Aldama —en prisión provisional por otra causa por presunto fraude del IVA de hidrocarburos— declaró voluntariamente ante el juez Moreno. Afirmó haber entregado comisiones al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero (25.000 euros), a Koldo (200.000 euros), a Ábalos (400.000 euros) y a Santos Cerdán (15.000 euros). También sostuvo que Pedro Sánchez quiso conocerlo personalmente y que le invitó a un acto del PSOE para agradecerle sus actuaciones.
De Aldama declaró asimismo que participó en la organización del viaje de Delcy Rodríguez a España. Ese mismo día, el juez Santiago Pedraz —instructor del caso de los hidrocarburos— lo dejó en libertad tras su confesión y a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Al salir de prisión, declaró ante la prensa: «Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo».
4.5 Mensajes y audios filtrados[editar]
En mayo de 2025, el diario El Mundo publicó mensajes de WhatsApp de noviembre de 2021 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. En ellos, Sánchez trasladaba al exministro su «solidaridad ante los infundios» que aparecían en los medios. Después de las elecciones generales de 2023, el presidente le escribió: «Gracias, José Luis. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad».
El 26 de mayo de 2025, El Confidencial publicó audios en los que Leire Díez Castro, militante socialista y persona de confianza de Santos Cerdán, se reunió en febrero de 2025 con el abogado Jacobo Teijelo y los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Según la grabación, la reunión formaba parte de una operación clandestina para buscar información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas Dávila, jefe del departamento de la UCO que investigaba el caso Koldo, el caso Begoña Gómez y la causa relativa a David Sánchez.
El objetivo, según las filtraciones, habría sido invalidar las causas judiciales. En la reunión también se buscó información sobre Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO, y sobre el fiscal José Grinda. A cambio, se habrían ofrecido tratos de favor con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En un audio posterior, Javier Pérez Dolset afirmaba: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire». Víctor de Aldama ya había denunciado en marzo de 2025 la existencia de una estructura de «fontaneros» o «cloacas» del PSOE integrada, según él, por Javier Pérez Dolset, Jacobo Teijelo y Leire Díez.
5. Piezas separadas y ampliación del caso[editar]
5.1 Pagos en metálico al PSOE[editar]
El 6 de noviembre de 2025, el juez Moreno abrió una pieza separada para investigar los pagos en efectivo realizados por el PSOE a José Luis Ábalos y a Koldo García. La decisión se adoptó tras una petición del magistrado del Tribunal Supremo, después de escuchar al exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y a la trabajadora Celia Rodríguez. A ello se sumó la declaración de la empresaria Carmen Pano, quien confesó haber entregado 90.000 euros en bolsas de plástico en la sede del PSOE a requerimiento de Víctor de Aldama.
El 29 de enero de 2026, De Aldama declaró ante la Audiencia Nacional que poseía un sobre entregado por Delcy Rodríguez con información sobre pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA para la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. El 12 de marzo de 2026, entregó ese sobre al juez Moreno y prestó declaración sobre su origen y contenido.
5.2 Obra pública y contratos de Transportes[editar]
El 11 de marzo de 2026, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentó un informe que detectaba irregularidades en los expedientes de adjudicación de once contratos de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos: cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras. El informe apuntaba a un patrón de sobrevaloración de criterios subjetivos para adjudicar los contratos, sobrecostes millonarios y, en muchos casos, modificados que no superaban el 20% del importe inicial para eludir la fiscalización del Consejo de Estado.
La UCO ya había documentado en informes anteriores cinco años de adjudicaciones presuntamente amañadas y señalaba a Santos Cerdán como una pieza clave de la trama.
5.3 Canarias y Baleares[editar]
El 4 de noviembre de 2025, la UCO presentó un informe con audios y mensajes entre el expresidente canario Ángel Víctor Torres y Koldo García. En esas comunicaciones, Koldo presionaba a Torres para agilizar pagos de más de 12 millones de euros a Soluciones de Gestión, pese a las reticencias de funcionarios del gobierno autonómico por la falta de comprobaciones sobre la calidad del material. La UCO señaló además que Torres se reunió con De Aldama el 15 de julio de 2020, lo que contradecía su negativa anterior en la comisión de investigación del Senado.
El 27 de noviembre de 2025, De Aldama declaró en la Audiencia Nacional y, a su salida, afirmó que el ministro Ángel Víctor Torres «debería de estar preocupado, bastante». La Fiscalía Anticorrupción consideró que De Aldama y Koldo pudieron incurrir en tráfico de influencias: De Aldama habría pagado mensualmente 10.000 euros en efectivo a Koldo para conseguir los contratos de mascarillas en Canarias.
El 16 de abril de 2026, la UCO presentó otro informe con numerosos mensajes entre la expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y Koldo García. Armengol puso en contacto a Koldo con el director del Instituto Balear de Salud para que Soluciones de Gestión vendiera al gobierno autonómico 1,4 millones de mascarillas por más de 3,7 millones de euros, pese a que no cumplían la calidad pactada. La venta se cerró dieciséis días antes de publicarse la licitación oficial y sin haberse firmado previamente el contrato correspondiente.
5.4 La UCO y el entorno de Cerdán[editar]
El 17 de julio de 2026, la UCO presentó un informe en el que señalaba que Santos Cerdán y su entorno familiar disfrutaron de al menos 323.178,41 euros procedentes de ingresos no declarados entre 2015 y 2024. La mayor parte de esos ingresos se produjeron en efectivo entre 2019 y 2023, coincidiendo con la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes y con las adjudicaciones de obra pública investigadas a la constructora Acciona.
La UCO vinculó esos movimientos a la empresa Servinabar, de la que Cerdán poseía el 45% de las participaciones según una escritura privada. Además, señaló que la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz, habría percibido entre 2023 y 2024 un total de 18.730 euros de Servinabar sin haber realizado ningún trabajo para la empresa, y fue despedida un día después de la detención de Koldo.
6. Principales implicados[editar]
| Persona | Posición | Situación procesal señalada |
|---|---|---|
| Koldo García Izaguirre | Exasesor del ministro José Luis Ábalos | Detenido e investigado |
| José Luis Ábalos Meco | Exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE | Imputado ante el Tribunal Supremo |
| Santos Cerdán León | Exsecretario de Organización del PSOE (2021-2025) | Señalado por la UCO como pieza clave |
| Víctor de Aldama | Empresario y presunto comisionista | Investigado y en libertad tras colaborar |
| Isabel Pardo de Vera | Expresidenta de Adif | Imputada por malversación y tráfico de influencias |
| Juan Carlos Cueto | Empresario considerado presunto cerebro de la trama | Investigado |
| Ángel Víctor Torres | Expresidente de Canarias y ministro | Mencionado por la UCO; niega trato personal con Aldama |
| Francina Armengol | Expresidenta de Baleares | Mencionada por la UCO por mensajes con Koldo |
7. Dimensión hispanoamericana: Venezuela y República Dominicana[editar]
Uno de los elementos que más interés ha generado fuera de España es la conexión con Venezuela. La UCO situó a Víctor de Aldama en el Delcygate y en conversaciones relativas a la compraventa de oro venezolano. En mayo de 2025 se difundió una grabación en la que un empresario describía un presunto contrabando de petróleo venezolano desde depósitos de República Dominicana a través de una empresa vinculada a Delcy Rodríguez y a De Aldama, registrada en Ginebra y manejada por un sobrino de Rodríguez. Según esa grabación, el petróleo se compraba a unos 30 dólares por barril en Venezuela y se vendía después a precios de mercado cercanos a los 100 dólares.
El 16 de abril de 2026, la UCO señaló que De Aldama habría presionado para que José Luis Ábalos intercediera a favor de las empresas de la trama en República Dominicana, con frases como «llamad al puto presidente de RD». La investigación sobre PDVSA y la supuesta financiación de partidos españoles quedó incorporada a la pieza separada sobre pagos en metálico al PSOE.
8. Reacciones políticas y repercusión[editar]
El caso Koldo se convirtió en un elemento central de la disputa política española. La oposición lo presentó como un escándalo que salpicaba directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, mientras que el partido socialista defendió la presunción de inocencia y subrayó que la vía judicial debía seguir su curso.
La preocupación llegó también a Bruselas. En marzo de 2024, el comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, manifestó inquietud por la posible implicación de fondos europeos en el caso. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Monika Hohlmeier, pidió al gobierno español total cooperación con la Fiscalía Europea.
9. Situación procesal[editar]
El 2 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional la investigación sobre la pieza de obra pública, después de que José Luis Ábalos renunciara a su acta de diputado. Con ello, la Audiencia Nacional pasó a asumir la investigación completa aún abierta del caso.
A julio de 2026, el asunto continuaba en fase de instrucción y generando nuevas actuaciones judiciales. El 3 de julio de 2026, el juez Moreno citó como investigados a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos; a Joseba García, hermano de Koldo; y al exdirector de gestión administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación irregular de Jéssica en las empresas públicas INECO y Tragsatec.
El 17 de julio de 2026, la UCO presentó el informe sobre el entorno de Santos Cerdán, ampliando el foco hacia la presunta financiación irregular del partido y los beneficios patrimoniales de su cúpula. La causa, con sus múltiples piezas separadas, seguía sin sentencia firme en el momento de redactar este artículo.
El nombre de la operación hace referencia a Charles de Lorme, médico francés pionero en el uso de mascarillas entre el personal médico para evitar la transmisión de enfermedades. ↩︎
En 2020, el abogado aragonés Ramiro Grau Morancho había alertado por carta en seis ocasiones a la Presidencia del Gobierno sobre la conversión de Soluciones de Gestión en proveedor exclusivo de material sanitario del Ministerio de Transportes pese a no tener experiencia previa. También denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, que desestimó la querella. ↩︎
Delcygate es el nombre periodístico de la visita de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones de la Unión Europea contra cargos del gobierno venezolano. En el caso Koldo, la UCO situó a Víctor de Aldama en aquel episodio junto al entonces ministro José Luis Ábalos. ↩︎