Caso Leire Díez

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Caso Leire Díez
Otros nombres	Caso Fontanera, caso Cloacas del PSOE
Tribunal	Audiencia Nacional
Juez instructor	Santiago Pedraz
Fiscalía	Fiscalía Anticorrupción
Acusaciones	Fiscalía Anticorrupción; acusaciones populares
Investigados principales	Leire Díez Castro, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Pere Rusiñol y otros
Delitos investigados	Tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia, fraude, falsedad documental, malversación, prevaricación
Inicio de la investigación	Julio de 2025
Estado	En instrucción, sin apertura de juicio oral, a agosto de 2026

1. Resumen[editar]

El caso Leire Díez, también conocido como caso Fontanera o caso Cloacas del PSOE, es una investigación judicial abierta en España a partir de 2025 sobre una presunta trama de obtención de información reservada, tráfico de influencias y actuaciones destinadas a influir en procedimientos judiciales relacionados con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno. La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y se apoya en gran medida en informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El nombre del caso proviene de Leire Díez Castro, militante socialista hasta el 3 de junio de 2025, cuando solicitó la baja voluntaria del PSOE, y antigua directiva de empresas públicas. Diversos medios de comunicación la calificaron como «fontanera» del PSOE debido a sus actividades de intermediación política y a sus contactos con investigados, abogados, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad y responsables institucionales.^[1]

Según la UCO, Díez habría desempeñado un papel ejecutivo dentro de una estructura presuntamente coordinada junto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, destinada a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales, promover actuaciones contra miembros de la UCO e influir en diversas causas judiciales mediante ofrecimientos de apoyo, ventajas procesales, contraprestaciones económicas o acceso a cargos públicos. Parte de estas conclusiones se apoyan en mensajes, grabaciones y documentación incorporados al sumario judicial.

Tanto el PSOE como varios de los implicados han rechazado las acusaciones y niegan la existencia de una organización destinada a interferir en investigaciones judiciales.

2. Revelación del caso[editar]

2.1 Filtración de grabaciones[editar]

En mayo de 2025, Leire Díez se situó en el centro de una polémica mediática tras la publicación de unos audios por parte del diario digital El Confidencial. En ellos se la vincula con una supuesta operación del PSOE para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. Esta unidad dirige investigaciones sensibles, como el caso Koldo y otras causas que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez Pérez-Castejón, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según las grabaciones, Díez habría mantenido una videollamada en febrero de 2025 con el empresario Alejandro Hamlyn, investigado en el pasado por fraude en la venta de combustible, en la que le solicitaba información comprometedora sobre Balas. En la conversación también participaron el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones, y el abogado Jacobo Teijelo, conocido por haber defendido al yihadista Abu Dahdah. Durante la reunión, Díez habría ofrecido, en nombre del entorno socialista, un posible acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de esa información.

En los audios se escucha a Díez solicitar «un papelito» que sirviera para cuestionar la imparcialidad de Balas. Sin embargo, Hamlyn rechazó la propuesta al no recibir garantías suficientes. Según diversas opiniones recogidas en la prensa, el objetivo de la operación habría sido minar la credibilidad de la UCO y frenar el avance de investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.

2.2 Reacciones políticas y mediáticas[editar]

En declaraciones del 27 de mayo de 2025, Leire Díez reconoció la autenticidad de la conversación, aunque aseguró que se trataba de una reunión enmarcada en una supuesta investigación periodística sobre la trama de los hidrocarburos con vistas a publicar un libro. Sin embargo, no consta que Díez haya trabajado en ningún medio de comunicación ni como periodista autónoma. En entrevistas concedidas a La Sexta y El Diario Montañés, afirmó que el audio fue publicado de forma parcial y fuera de contexto, y negó actuar por encargo del PSOE ni de Santos Cerdán. El Confidencial, en respuesta, publicó la grabación íntegra, de unos 53 minutos de duración.

El PSOE se desvinculó públicamente de Díez. La portavoz del partido, Esther Peña, negó que tuviera relación laboral con la formación: «No ha estado nunca en nómina» y «no habla en nombre del partido». Por su parte, Santos Cerdán admitió conocerla desde hace años, pero dijo desconocer a qué se dedica en la actualidad.

El 28 de mayo de 2025, El Confidencial reveló otro audio, grabado en septiembre de 2024, en el que Javier Pérez Dolset afirmaba que la operación para desacreditar a la UCO había sido impulsada directamente por Pedro Sánchez y Santos Cerdán, con la participación de Leire Díez: «Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán [...] y con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir».

Pese a las negaciones oficiales, diversos medios subrayaron la cercanía de Díez con figuras relevantes del PSOE. En sus redes sociales compartió imágenes junto a Patxi López, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. Según fuentes del PSOE cántabro citadas por El Diario Montañés, la propia Díez habría comentado en privado que colaboraba con Cerdán en tareas de «asesoramiento contra la desinformación».

2.3 Ampliación de las acusaciones[editar]

El 28 de mayo de 2025, El Mundo y La Razón informaron de una nueva reunión entre Leire Díez y Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en el caso Koldo. Según estas fuentes, el objetivo habría sido recabar información sensible sobre la UCO y sobre Víctor de Aldama, además de evitar que este último revelara datos comprometedores en el marco de diversas investigaciones judiciales relacionadas con el Ejecutivo. La Razón añadió que Díez también habría contactado con varios empresarios imputados por corrupción, instándoles a obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales de Badajoz presuntamente vinculados al caso David Sánchez.

En paralelo, también intentó desacreditar al fiscal anticorrupción José Grinda, implicado en investigaciones sensibles como el caso del 3% y la causa contra Carles Puigdemont, mediante la difusión de un vídeo de contenido sexual que, según ella, lo comprometía directamente. El material fue ofrecido a varios medios de comunicación, entre ellos El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, quien en 1997 fue víctima de una maniobra similar. El Español rechazó publicar el contenido, alegando que carecía de interés informativo, afectaba a la vida privada del fiscal y que su obtención podría constituir un delito.

Además, se ha revelado que Díez coordinó acciones para obtener información comprometedora sobre la jueza Beatriz Biedma, quien instruye el caso contra David Sánchez. Según informes de prensa, dos militantes del PSOE, identificados como colaboradores de Díez, viajaron a Badajoz para recopilar datos personales sobre la magistrada, con el objetivo de desacreditarla, aunque no encontraron elementos irregulares en su historial. También mostró interés en contactar con el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, quien había presentado recursos para recusar a la jueza Biedma por «enemistad manifiesta».

El Español publicó que Díez estuvo contratada entre junio y octubre de 2024 en una supuesta empresa fantasma dirigida por Gaspar Zarrías, exdirigente del PSOE condenado en el caso ERE en Andalucía hasta que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente la sentencia en julio de 2024. Por su parte, elDiario.es informó que Díez presentó a Javier Pérez Dolset en la sede del PSOE en Ferraz afirmando haber obtenido supuestas pruebas que demostrarían un «complot político, judicial y policial» en torno a la investigación del caso, aunque el PSOE acabó desestimando la información al no aportar novedad alguna.

3. Perfil de Leire Díez[editar]

María Leire Díez Castro nació en Portugalete (Vizcaya) en 1975 y se licenció en Ciencias Sociales y de la Información, con especialidad en Periodismo, por la Universidad del País Vasco en 1997.

Inició su trayectoria política en las listas electorales del PSOE y fue elegida concejala en las elecciones municipales de España de 2011, ocupando el cargo de teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas entre 2011 y 2014, así como vicepresidenta de la Mancomunidad Valles Pasiegos. Pese a ello, siempre ha residido en Portugalete.

Posteriormente, entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear, y entre 2022 y 2023 ocupó varios cargos en Correos, entre ellos la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros.

4. Investigación judicial[editar]

4.1 Diligencias iniciales en juzgados de Madrid[editar]

La investigación judicial comenzó en julio de 2025 en distintos juzgados de Madrid y adquirió dimensión nacional en 2026 tras la intervención de la Audiencia Nacional. Las diligencias se centraron inicialmente en los audios protagonizados por Leire Díez, pero posteriormente se ampliaron a una presunta estructura organizada destinada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE.

El 16 de julio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid acordó la apertura de diligencias para investigar a Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Posteriormente, el mismo juzgado reenvió la denuncia al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid al haber incoado este la causa en primer lugar.

El 31 de julio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid citó a declarar como imputada a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, tras una denuncia interpuesta por la organización Hazte Oír y con el aval de la Fiscalía.

El 10 de octubre de 2025, el juez instructor amplió su investigación y citó a declarar como imputado al empresario Javier Pérez Dolset el mismo día que Díez por presuntamente intentar sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda.

El 7 de noviembre de 2025, el juez aplazó las declaraciones de Leire Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol (también imputado) al 17 de noviembre, después de que el fiscal Ignacio Stampa comunicara que aportaría documentación adicional sobre el caso.

El 11 de noviembre de 2025 se dio a conocer el audio de una conversación mantenida por Ignacio Stampa con Leire Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo de ese mismo año. En la conversación grabada, Díez se presenta como «la persona que ha puesto el PSOE» y «mano derecha» del entonces secretario de organización, Santos Cerdán, con la supuesta tarea de indagar qué había detrás de los informes policiales y de la Fiscalía. Pérez Dolset le dice a Stampa que, tras la imputación de Begoña Gómez, el presidente dio la orden de que se debía «limpiar todo». Ambos ofrecen a Stampa facilitar su regreso a la Fiscalía Anticorrupción y al caso Villarejo a cambio de que recabase información negativa sobre algunos jueces y fiscales, como Manuel García-Castellón o Alejandro Luzón.

4.2 Investigación por presuntas irregularidades en la SEPI[editar]

El 10 de diciembre de 2025, la UCO detuvo a Leire Díez Castro y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades y cobro de mordidas en contrataciones públicas. Al día siguiente, también detuvo al empresario Antxon Alonso, investigado en el caso Koldo y presuntamente vinculado al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Además, los agentes practicaron 19 registros en varios establecimientos, incluidas las sedes de empresas y entes públicos como la SEPI, Mercasa o ENUSA, y llevaron a cabo requerimientos de información a Correos y organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

La investigación de la UCO atribuye a los tres investigados la obtención de comisiones ilegales por valor de 750.614 euros a cambio de influir en al menos cinco operaciones de la SEPI presuntamente amañadas para favorecer a empresas privadas o para la adjudicación de ayudas públicas, valoradas en alrededor de 132,9 millones de euros, entre los años 2021 y 2023. Los investigadores sostienen que estas operaciones se canalizaron a través de un grupo de WhatsApp denominado «Hirurok» —palabra en euskera que significa «nosotros tres»—, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.^[2] Las pesquisas se centran en presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

El 4 de junio de 2026, la UCO registró la sede central de la empresa vasca Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y sus oficinas en Bilbao, además de realizar un requerimiento de documentación sobre esta compañía a la SEPI, en el marco de una pieza del caso.

El 22 de junio de 2026 se dio a conocer un informe de la UCO del 6 de mayo que señala que los integrantes del grupo Hirurok utilizaron su influencia política para conseguir el rescate de la empresa Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros en 2021 y la postergación de un pago de devolución de 10 millones de euros a la SEPI por aquel rescate en 2024. Según la UCO, el grupo habría cobrado un total de 247.459 euros por su intermediación en ambas operaciones presuntamente amañadas.

4.3 Ampliación en la Audiencia Nacional[editar]

Durante 2026, el caso adquirió una dimensión mucho mayor tras la apertura de nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz comenzó a investigar una presunta estructura coordinada destinada a interferir en causas judiciales sensibles para el PSOE y el entorno del Gobierno, integrando en una misma investigación a Leire Díez, Javier Pérez Dolset, varios abogados, empresarios y antiguos cargos socialistas.

Según los informes policiales y diversas resoluciones judiciales difundidas por la prensa, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en los audios filtrados y pasó a analizar una posible red organizada de captación de información sensible, campañas de descrédito contra jueces, fiscales y miembros de la UCO, así como presuntos pagos encubiertos mediante facturación falsa.

Entre los nuevos investigados figuraban Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE; Ana María Fuentes, gerente del partido; el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías; y el abogado Ismael Oliver. Las diligencias apuntaban a que parte de las actividades atribuidas al grupo habrían sido financiadas indirectamente mediante estructuras vinculadas al partido.

Tras levantarse parcialmente el secreto del sumario, Pedraz solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, inhibirse en su favor para unificar las dos causas judiciales que afectaban a Leire Díez. El 11 de agosto de 2026, Zamarriego aceptó la solicitud de inhibirse de la causa penal, dejándola en manos de la Audiencia Nacional.

4.4 Registros y actuaciones de la UCO[editar]

La Guardia Civil documentó decenas de reuniones entre Leire Díez y dirigentes o intermediarios relacionados con el PSOE entre 2024 y 2025. Según distintas informaciones periodísticas, los investigadores analizaron registros de visitas a la sede del PSOE, documentación contable, correos electrónicos y sistemas internos de gastos del partido.

El 27 de mayo de 2026, agentes de la UCO registraron durante más de doce horas la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz por orden judicial. Los investigadores solicitaron documentación económica, registros de visitas y acceso al sistema informático interno del partido.

El 9 de julio de 2026, la UCO presentó un informe en el que atribuía a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, una «participación preeminente» en la presunta trama. La UCO sostiene que Serrano orquestó y amañó la contratación de Leire Díez en Correos en noviembre de 2021 mediante un proceso selectivo simulado en el que se diseñó un perfil a medida para ella, permitiéndole incluso modificar las bases de la convocatoria antes de ser seleccionada.

El informe detalla que, bajo la presidencia de Serrano, Correos adjudicó de manera presuntamente irregular contratos de asesoría al bufete SDEP & Carrillo Abogados. Dicho despacho redactaba los propios pliegos de las licitaciones que luego ganaba y, como contraprestación, habría transferido presuntamente un total de 213.995 euros a Vicente Fernández entre 2022 y 2024. Además, documenta el cruce de miles de mensajes intervenidos entre Serrano y Díez en los que hablan sobre «proteger al presidente» y coordinar acciones de fontanería política durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su esposa.

El 14 de julio de 2026, la UCO presentó otro informe en el que detallaba que el PSOE utilizó la consultora de Gaspar Zarrías, Zaño Sociedad Consultora, como pantalla para realizar pagos encubiertos de 43.225 euros a Leire Díez. Según el informe, el dinero que pagaba la consultora a Díez tenía su origen real en el partido y su destino final era sufragar las actividades con las que la presunta trama habría intentado desestabilizar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

4.5 Presuntas presiones a fiscales[editar]

Las pesquisas también incorporaron presuntos intentos de soborno o presión a fiscales anticorrupción como José Grinda e Ignacio Stampa. Según la Fiscalía, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol habrían actuado de forma «coordinada» para obtener información sensible y neutralizar investigaciones que afectaban tanto a políticos como a empresarios.

En distintos escritos judiciales y recursos de la Fiscalía se describió el supuesto objetivo de «anular o malbaratar» actuaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción mediante la obtención de información comprometedora, filtraciones, campañas mediáticas y ofertas de favores procesales.

4.6 Maniobras contra el Partido Popular[editar]

La investigación ha revelado contactos y reuniones entre Leire Díez y Francisco Martínez Vázquez, quien fue Secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy y está acusado en el caso Kitchen por un presunto espionaje a Luis Bárcenas. Según los informes del sumario de la UCO, ambos se reunieron los días 15 y 24 de julio de 2024. Díez le ofreció a Martínez un acuerdo: un pacto con la Fiscalía a su favor a cambio de información sobre operaciones policiales y contactos en el ámbito de José Manuel Villarejo y la llamada «policía patriótica» durante su etapa en el Ministerio del Interior. Martínez, aunque manifestó no tener relación con el excomisario Villarejo, se comprometió a intentar conseguir información para Díez.

Los cuadernos de Leire Díez vinculan en dos ocasiones a la «cúpula del PP» con «pagos a narcotraficantes». También vinculan pagos a Pablo Vioque, fundador de Alianza Popular y destacado del narcotráfico español en la década de los noventa, quien planeó en 2003 el asesinato del entonces fiscal antidrogas de la Audiencia Nacional.

4.7 Pieza separada económica[editar]

El 31 de julio de 2026, el juez Santiago Pedraz acordó la apertura de una pieza separada económica para investigar los pagos procedentes del PSOE vinculados con los miembros de la presunta trama investigada por supuestamente intentar desestabilizar causas judiciales.^[3]

5. Imputados[editar]

El 27 de mayo de 2026, el juez Santiago Pedraz imputó en esta causa a las siguientes ocho personas:

Leire Díez Castro
Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE)
Gaspar Zarrías (exdirigente del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía)
Javier Pérez Dolset
Jacobo Teijelo (abogado de Cerdán)
Ismael Oliver (abogado)
Juan Sánchez Yepes (exagente de la UCO)
Ana María Fuentes (gerente del PSOE)

El 29 de junio de 2026, el juez imputó a 25 personas más en la causa. Entre ellas se encuentran la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, y diversos directivos de empresas y entidades como ENUSA, Mercasa, Tubos Reunidos, Acciona, Forestalia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

[ Desplegar / Plegar lista de imputados del 29 de junio de 2026 ]

José Vicente Berlanga Arona (expresidente de ENUSA)
Rosario Arévalo Sandez (directora de Desarrollo Corporativo de ENUSA)
Francisco Javier López Buciega (director de Acciona)
Juan Antonio Carrilo Donaire (socio del despacho SdP Estudio Legal)
María Teresa Castillo Pasalodos (directora de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España)
José Ramón Sempere Vera (expresidente de Mercasa)
Mikel Arrarás Abejón (arquitecto técnico de Servinabar)
Julián Mateos Aparicio Prieto (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI)
Miguel Ángel Figueroa Teva (exdirector del área de Participadas de la SEPI)
Francisco Irazusta Rodríguez (expresidente de Tubos Reunidos)
Jesús Pérez Rodríguez Urrutia (exconsejero de Tubos Reunidos)
Miguel Ángel Santiago Mesa (director corporativo de la SEPI)
Carlos López de las Heras (director general de Tubos Reunidos)
Rosario Martín Manzanedo (exdirectora del área de Participadas de la SEPI)
Belén Gualda González (presidenta de la SEPI)
Félix Azcona Lacarra (director de Gestión Interna de la SEPI)
Fernando Albert Aragón (secretario general de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial)
María de la Concepción Ortiz Fuerte (presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales)
Antonio José Sánchez Campos (hijo del propietario de Forestalia)
Marcos López Domingo (administrador de sociedades)
Fernando Samper Rivas (fundador y expresidente de Forestalia)
Roberto Pérez Águeda (abogado del PSOE)
Eduardo Pérez Águeda (presunto testaferro)
Carmelo Aznarez Pellicer (directivo de Forestalia)
Juan Ignacio Fernández-Micheltorena (director financiero de Construcciones y Excavaciones Erriberri)

El 2 de julio de 2026, el juez imputó también a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo del mismo cuerpo, el teniente general Manuel Llamas Fernández.

El 10 de julio de 2026, imputó al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

El 29 de julio de 2026, imputó al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

6. Repercusiones políticas[editar]

El 3 de junio de 2025, Díez solicitó su baja voluntaria del PSOE tras declarar durante dos horas ante los servicios jurídicos del partido en la sede de Ferraz. En ese encuentro, entregó un pendrive con más de 2.000 documentos que, según afirmó, forman parte de una investigación periodística sobre supuestas tramas de corrupción ligadas a la llamada «policía patriótica», al sector de los hidrocarburos y a figuras próximas al Gobierno.

Un día después, ofreció una rueda de prensa en Madrid para defender su versión. Negó actuar en nombre del PSOE y reiteró que todo formaba parte del trabajo de documentación para un libro. El acto fue interrumpido por Víctor de Aldama, quien la acusó públicamente de mentir. Díez abandonó la sala escoltada por Javier Pérez Dolset y anunció su intención de denunciar a Aldama por «actitud violenta».

El 5 de junio de 2025, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, bloqueó la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja, pese a haber sido solicitada por el PP, Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos. Armengol decidió no incluirla en el orden del día de la Mesa, que se reunió telemáticamente esa tarde. Como consecuencia, su calificación quedó pospuesta al 10 de junio, y el debate en la Junta de Portavoces se aplazó hasta el día 17. La comparecencia del presidente quedaría relegada a la última semana del mes, cuando estaría fuera del país por la cumbre de la OTAN (24 y 25 de junio). En consecuencia, según El Mundo, no regresaría al Congreso hasta después del verano.

7. Estado procesal y situación actual[editar]

A agosto de 2026, la causa se encuentra en fase de instrucción y acumula numerosos imputados procedentes de distintos ámbitos: cargos públicos y de partido, directivos de empresas públicas, abogados, empresarios y mandos policiales. La investigación se ha fragmentado en varias piezas, entre ellas la relativa a la SEPI y la pieza separada económica abierta el 31 de julio de 2026.

La Audiencia Nacional ha asumido la competencia de las diligencias abiertas inicialmente en juzgados de Madrid, lo que permite una instrucción unificada. Entre los pendientes procesales figura la declaración de los imputados citados para noviembre de 2025 y aplazados en su día, así como el análisis de los informes de la UCO incorporados al sumario.

El caso ha provocado una fuerte controversia política en España, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición. El PSOE y varios de los implicados han negado la existencia de una trama organizada y han cuestionado la fiabilidad de algunos audios e informes policiales. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, sostiene la existencia de indicios de actuaciones coordinadas para interferir en procesos judiciales.

La relevancia del caso reside tanto en los presuntos delitos económicos como en la posible utilización de recursos del partido gobernante y de empresas públicas para financiar operaciones de desprestigio contra jueces, fiscales y miembros de la UCO. El desenlace de la instrucción y la eventual apertura de juicio oral dependerán de las conclusiones de los informes policiales y de la validación judicial de los indicios recabados.

En la jerga política española, la «fontanería» designa el trabajo político no oficial de intermediación, gestión de contactos y resolución de problemas delicados. El término equivale aproximadamente a lo que en América Latina se conoce como «operador político». ↩︎
El nombre del grupo, «Hirurok», refleja la participación de sus tres integrantes. La elección de un término en euskera responde, según los medios, al origen vasco de parte del entramado y de la empresa afectada, Tubos Reunidos. ↩︎
La pieza separada permite concentrar la investigación patrimonial sin bloquear la instrucción principal. En este caso, se orienta a determinar el origen y el destino de los fondos que habrían financiado la presunta operación de desestabilización. ↩︎