Golpe de Estado en España de 1981
| Golpe de Estado en España de 1981 | |
|---|---|
| Fecha | 23 de febrero de 1981, 18:23 h |
| Lugares | Madrid y Valencia, España |
| Impulsores | Mandos militares y de la Guardia Civil, encabezados por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada |
| Resultado | Golpe fallido; consolidación de la democracia |
| Consecuencias | Juicio y condena de los principales responsables; Leopoldo Calvo-Sotelo asume la Presidencia del Gobierno el 26 de febrero |
1. Resumen[editar]
El golpe de Estado de 1981, también denominado 23F, fue un intento de golpe de Estado fallido ocurrido el lunes 23 de febrero de 1981 en España. Los hechos principales tuvieron lugar en Madrid y Valencia. A las 18:23 horas, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Palacio de las Cortes durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno. Diputados y miembros del Ejecutivo fueron retenidos en el hemiciclo. Casi en paralelo, el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, decretó el estado de excepción en Valencia y sacó unidades militares a las calles, con un despliegue estimado en dos mil hombres y cincuenta carros de combate.
La intentona fracasó en la madrugada del 24 de febrero, después de que el rey Juan Carlos I se dirigiera al país por televisión en defensa de la Constitución y en contra de los golpistas. Milans del Bosch ordenó la retirada de las tropas y el asedio al Congreso terminó al mediodía del día 24. El Tribunal Supremo condenó a treinta años de prisión a Jaime Milans del Bosch, Antonio Tejero y Alfonso Armada como principales responsables. Doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete de la Guardia Civil y un civil fueron condenados en total. Salvo Tejero, todos los condenados habían salido de prisión antes de 1990; Armada lo hizo mediante un indulto.
El fracaso del golpe significó, según el historiador Juan Francisco Fuentes, la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo en España. El 23-F se convirtió en un hito de la transición española y en símbolo del papel del rey en la defensa del orden constitucional.
2. Antecedentes[editar]
2.1. El Ejército como pilar del franquismo[editar]
Durante la dictadura franquista, las Fuerzas Armadas constituyeron uno de los pilares básicos del régimen, junto con la Iglesia católica y el partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, después integrada en el Movimiento Nacional. Incluso se ha sostenido que el Ejército era el pilar más importante del entramado político franquista. El primo y secretario militar de Francisco Franco, Francisco Franco Salgado-Araujo, escribió en su diario en 1955 que «todo el tinglado que está armado sólo se sostiene por Franco y el Ejército».[1]
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado asignaba a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar «la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional». Esta norma convirtió al Ejército en una suerte de poder autónomo, por encima de las distintas «familias» políticas del franquismo. Algunos autores han descrito a los militares como «el gran sostén del franquismo» y como «columna vertebral del régimen».[2]
En el tardofranquismo, esta concepción se mantuvo viva. En diciembre de 1970, tras las protestas por el proceso de Burgos, el capitán general de Cataluña, Alfonso Pérez Viñeta, declaró que el Ejército estaba dispuesto a no permitir «la vuelta de la horda que ya puso en peligro la existencia de la Patria». El propio Franco llegó a afirmar en 1971, ante el subdirector de la CIA, Vernon A. Walters, que «el Ejército nunca permitiría que las cosas se escaparan de las manos».[3]
Sin embargo, Juan Francisco Fuentes matiza que el dictador, para asegurar su poder personal, debilitó las tendencias intervencionistas del Ejército y fomentó una adhesión ciega al poder establecido. Esa actitud, según Fuentes, continuó después por inercia y por lealtad al rey Juan Carlos I, nuevo jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La reforma impulsada por el general Manuel Díez-Alegría en los años sesenta pretendió despolitizar a los militares y prepararlos para un futuro sin Franco. Su continuador, el general Manuel Gutiérrez Mellado, formó parte del círculo reformista que tendría un papel decisivo en la transición.[4]
2.2. La transición y el malestar militar[editar]
Muerto Franco en noviembre de 1975, la lealtad al rey y el acatamiento del poder constituido ayudaron a contener la tradición golpista. No obstante, el contexto de crisis social, económica y territorial, unido a la ofensiva terrorista de ETA y del GRAPO contra militares y fuerzas de seguridad, generó un malestar estructural en las Fuerzas Armadas. Ese estado de ánimo se conoció en la época como «ruido de sables».[5]
El gobierno de Adolfo Suárez, nombrado en julio de 1976, era consciente de que el principal obstáculo para la reforma política no era la oposición democrática, sino las Fuerzas Armadas. Los militares se consideraban los garantes últimos del «legado de Franco». Uno de los críticos más visibles fue el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el general Fernando de Santiago, cuyo equipo emitió un documento reservado en septiembre de 1976 en el que se sugería presionar al presidente Suárez. La tensión estalló en la reunión del 8 de septiembre de 1976 entre Suárez y la cúpula militar, a la que asistieron veintinueve generales y almirantes. Allí se acordaron límites: no se cuestionaría ni la monarquía ni la unidad de España, no se abriría un proceso constituyente desde un gobierno provisional y no se legalizarían partidos revolucionarios, entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), según el punto de vista de los mandos.[6]
La primera crisis seria llegó por el desmantelamiento de la Organización Sindical franquista y los contactos del Gobierno con sindicatos clandestinos. El general De Santiago fue cesado de su vicepresidencia y sustituido por Manuel Gutiérrez Mellado. La elección de Gutiérrez Mellado, militar reformista y de menor antigüedad, molestó a otros ministros militares, especialmente al almirante Gabriel Pita da Veiga. El malestar se trasladó a la prensa ultraderechista, que inició una campaña contra el «señor Gutiérrez».[7]
En la votación de la Ley para la Reforma Política en las Cortes franquistas, el 18 de noviembre de 1976, siete tenientes generales y dos generales votaron en contra. Entre ellos había antiguos ministros de Franco y capitanes generales. Fue una señal del rechazo de una parte de la jerarquía militar al proceso democratizador.[8]
2.3. La legalización del PCE y la Operación Galaxia[editar]
El 9 de abril de 1977, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Suárez tomó la decisión más arriesgada de la transición: legalizar el Partido Comunista de España. La reacción militar fue la más grave desde el inicio del proceso. El ministro de Marina, Gabriel Pita da Veiga, dimitió el 11 de abril. El Consejo Superior del Ejército de Tierra se reunió de urgencia el 12 y expresó su acatamiento disciplinado, aunque dejó constancia de su «profunda y unánime repulsa» por la legalización. En esa reunión, el general Jaime Milans del Bosch afirmó que Suárez había dado su palabra de no legalizar al PCE y que «deberíamos sacar los tanques a la calle».[9]
El Ejército se sintió engañado y traicionado. El ministro del Ejército, Félix Álvarez-Arenas Pacheco, declaró que se le había mantenido sin información. La prensa ultraderechista, sobre todo El Alcázar, publicó versiones oficiosas según las cuales el Ejército estaba dispuesto a «resolver los problemas por otros medios si fuera necesario». Aunque el Ministerio del Ejército desautorizó esas versiones, la legalización del PCE quebró la confianza de una parte importante de la oficialidad hacia Suárez y Gutiérrez Mellado. Para muchos militares, la legalización de los comunistas fue un punto de no retorno.[10]
En este contexto de creciente malestar se produjo la primera intentona golpista de la transición, la Operación Galaxia, desarticulada en noviembre de 1978, poco antes del referéndum constitucional. Su principal responsable era el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. El plan, malamente improvisado, preveía asaltar el Palacio de la Moncloa y secuestrar al presidente del Gobierno. Tejero fue condenado solo a siete meses de arresto, que ya había cumplido durante el consejo de guerra, por lo que recobró inmediatamente la libertad. La Operación Galaxia fue un precedente directo del 23-F.[11]
3. La operación golpista[editar]
3.1. La conspiración previa[editar]
La nómina de conspiradores del 23-F no era un bloque homogéneo. Existían al menos dos aproximaciones. Por un lado, un sector «duro», encabezado por Antonio Tejero y el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, partidario de una acción directa que desbordara el orden constitucional. Por otro, un sector «moderado» o «solución Armada», en torno al general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa del Rey, que pretendía la formación de un gobierno de concentración o de salvación nacional, con presencia militar o de personalidades independientes, y que no suponía necesariamente la liquidación formal de la monarquía parlamentaria. Esta dualidad explica en parte el desarrollo confuso de los acontecimientos y el fracaso del golpe.
El plan definitivo implicaba tres golpes simultáneos: la toma del Congreso de los Diputados por un grupo de guardias civiles al mando de Tejero; la ocupación militar de Valencia y la declaración del estado de excepción por el capitán general Milans del Bosch; y una operación de carácter institucional encabezada por Armada, que debía presentarse como alternativa de gobierno. La coordinación no fue completa y la rapidez de la respuesta del rey acabó por desbaratar la intentona.[12]
3.2. El asalto al Congreso de los Diputados[editar]
El lunes 23 de febrero de 1981, el Congreso de los Diputados celebraba el debate de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, eurodiputado y vicepresidente segundo del Gobierno de Adolfo Suárez, como candidato de la Unión de Centro Democrático a la Presidencia del Gobierno. A las 18:23 horas, cuando se estaba procediendo a la votación nominal, un grupo numeroso de guardias civiles, encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpió en el hemiciclo. Tejero, pistola en mano, subió a la tribuna y ordenó a todos los presentes que se tiraran al suelo. El momento fue captado por las cámaras de televisión y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de la historia reciente de España.
Todos los diputados y el Gobierno en pleno quedaron secuestrados dentro del Palacio de las Cortes. Solo el presidente Suárez y el general Gutiérrez Mellado se mantuvieron en pie en un primer momento. Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, se enfrentó físicamente a los asaltantes y se negó a obedecer las órdenes de Tejero. La imagen del general enfrentándose a los golpistas fue otro de los símbolos de la jornada.[13]
3.3. La ocupación militar de Valencia[editar]
Casi al mismo tiempo, el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, con sede en Valencia, proclamó el estado de excepción en su demarcación. Ordenó la salida de unidades militares a las calles de la ciudad. El despliegue incluyó unos dos mil efectivos y cincuenta carros de combate. La ciudad amaneció, en la práctica, bajo ocupación militar. Milans del Bosch justificó la medida como una respuesta a la «vacío de poder» y a la supuesta amenaza terrorista, en sintonía con los argumentos difundidos desde la prensa ultraderechista en los meses anteriores.
El capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci, al mando de la estratégica División Acorazada Brunete, se mantuvo leal al orden constitucional. La actitud de Quintana Lacaci impidió que la intentona se extendiera a la capital con mayor fuerza, aunque hubo momentos de enorme incertidumbre. Diversas guarniciones quedaron a la espera, en contacto con la Zarzuela, el Palacio de la Moncloa y el Estado Mayor del Ejército.[14]
3.4. La respuesta del rey y el desenlace[editar]
En la noche del 23 al 24 de febrero, la situación era extremadamente confusa. El Gobierno, secuestrado en el Congreso, no podía operar con normalidad. El rey Juan Carlos I asumió de facto la jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas. Tras una intensa ronda de contactos telefónicos con las regiones militares, el monarca se dirigió a la nación a la 1 de la madrugada del 24 de febrero, vestido con uniforme de capitán general. En su mensaje defendió la Constitución y ordenó a las Fuerzas Armadas que mantuvieran el orden constitucional.
La intervención del rey resultó decisiva. Milans del Bosch, al recibir la orden, retiró las tropas de Valencia y puso fin al estado de excepción. El asedio al Congreso terminó al mediodía del 24 de febrero. Los diputados y el Gobierno fueron liberados después de más de diecisiete horas de secuestro. El golpe había fracasado.
El diario El País, en una edición especial de la noche del 23, salió a la calle con el titular «El País, con la Constitución» y un editorial en defensa de la legalidad democrática. Fue una de las escasas tomas de posición públicas inmediatas, en un momento en que las emisoras de radio y televisión mantenían un silencio informativo casi total.[15]
4. Consecuencias[editar]
4.1. Juicio y condenas[editar]
Los principales responsables del golpe fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo. Jaime Milans del Bosch, Antonio Tejero y Alfonso Armada fueron sentenciados a treinta años de prisión. En total resultaron condenados doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete de la Guardia Civil y un civil. Otros implicados recibieron penas menores. La sentencia confirmó en casación la calificación de rebelión militar.
Salvo Tejero, todos los condenados salieron de prisión antes de 1990. Alfonso Armada fue indultado. Tejero permaneció en prisión hasta 1996, según diversas fuentes. El indulto de Armada fue una decisión controvertida y reavivó el debate sobre el tratamiento penal de los golpistas en democracia.[16]
4.2. Crisis del Gobierno de Calvo-Sotelo[editar]
El golpe fracasó, pero dejó profundas secuelas políticas. Adolfo Suárez había presentado su dimisión como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981, unas semanas antes del 23-F. La intentona aceleró la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, que tomó posesión el 26 de febrero de 1981, dos días después del final del golpe.
El nuevo Gobierno, sin mayoría estable y con la Unión de Centro Democrático en plena descomposición, tuvo que gestionar una economía debilitada, la actividad de ETA y el ejército descontento. El 23-F no terminó con el «ruido de sables», pero lo redujo drásticamente. Aun así, en 1981 y 1982 se tramaron nuevas conspiraciones, ninguna con posibilidades reales de éxito. La derrota de la UCD en las elecciones de octubre de 1982, que dieron el triunfo al PSOE, se interpretó como el cierre definitivo de la crisis de la transición.
4.3. Interpretaciones historiográficas[editar]
El 23-F ha sido objeto de encendidas controversias historiográficas y políticas. Durante años, la versión oficial subrayó el papel del rey como salvador de la democracia. Esta interpretación se apoya en el mensaje televisado de la madrugada del 24 de febrero y en la negativa de la mayoría de las capitanías generales a secundar el golpe. Sin embargo, con el tiempo aparecieron otros análisis que destacaron el papel de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de la oposición democrática, así como la posible connivencia de sectores del poder económico o de los servicios de inteligencia con los planes de Armada.
Juan Francisco Fuentes sintetizó que el estrepitoso fracaso del golpe trajo «la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza». El 23-F fue, en su opinión, «el resultado de una tradición militarista que murió con él». Otros autores, como Charles Powell, han subrayado que los militares españoles carecían de un proyecto posfranquista propio y de un apoyo social suficiente para imponerlo.[17]
4.4. El papel del rey y la monarquía[editar]
El 23-F dio un nuevo impulso a la legitimidad de la monarquía. Aunque la institución ya estaba refrendada por la Constitución de 1978, la actuación de Juan Carlos I en la noche del golpe se convirtió en un relato fundacional de la democracia española. La frase «ni está ni se le espera», atribuida al general Armada en su frustrada comparecencia ante el Congreso, y la firmeza de Gutiérrez Mellado reforzaron la imagen de un poder civil y constitucional capaz de resistir.
No obstante, décadas después, con el debate sobre la figura de Juan Carlos I y su papel en la transición, algunos historiadores han matizado el relato épico. El 23-F sigue siendo un acontecimiento central de la memoria política española, pero también un campo de disputa entre interpretaciones que van desde la hagiografía monárquica hasta la sospecha de una operación controlada.
5. El 23-F en el mundo hispanohablante[editar]
En América Latina, el golpe de Estado del 23-F fue seguido con atención por gobiernos, partidos y medios de comunicación. España era entonces un referente para varias transiciones democráticas latinoamericanas. El fracaso del golpe fue leído por muchos sectores como una victoria de la vía constitucional frente al militarismo, que en los años setenta y ochenta gobernaba en varios países del Cono Sur.
Los exiliados españoles en México, Argentina y Venezuela, muchos de ellos veteranos de la guerra civil y del franquismo, siguieron los acontecimientos a través de la radio y la prensa. En México, la comunidad republicana organizó actos y declaraciones de apoyo a la democracia española. En Argentina, la dictadura militar observaba con interés el desenlace, mientras que los partidos democráticos expresaron su solidaridad con el orden constitucional[sin verificar].
La cobertura de la prensa hispanoamericana, como El País, Excélsior o Clarín, dedicó amplios espacios al asalto al Congreso y al mensaje del rey. El 23-F se convirtió en un tema recurrente de la literatura política y de la ensayística en español, con obras que circularon también en América Latina. La condena del golpismo militar en España sirvió de argumento para los demócratas latinoamericanos que combatían regímenes autoritarios.
6. Cronología del 23-F[editar]
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- 23 de febrero de 1981, 18:23: asalto al Congreso de los Diputados por guardias civiles al mando de Antonio Tejero.
- 23 de febrero, noche: Milans del Bosch declara el estado de excepción en Valencia y despliega tropas.
- 23 de febrero, 21:00: El País publica una edición especial con el titular «El País, con la Constitución».
- 24 de febrero, 1:00: el rey Juan Carlos I se dirige a la nación por televisión.
- 24 de febrero, madrugada: Milans del Bosch ordena la retirada de las unidades militares de Valencia.
- 24 de febrero, mediodía: los diputados y el Gobierno son liberados. Fin del golpe.
- 26 de febrero: Leopoldo Calvo-Sotelo toma posesión como presidente del Gobierno.
- 1981-1983: se instruye y desarrolla el proceso judicial contra los golpistas.
- 1989-1990: la mayoría de los condenados salen de prisión; Armada es indultado.
7. Condenados principales[editar]
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- Jaime Milans del Bosch: teniente general, capitán general de la III Región Militar. Condena: 30 años.
- Antonio Tejero Molina: teniente coronel de la Guardia Civil. Condena: 30 años.
- Alfonso Armada y Comyn: general de división, antiguo secretario de la Casa del Rey. Condena: 30 años.
8. Legado y memoria[editar]
El 23-F ha permanecido en la memoria colectiva española como el momento en que la joven democracia se enfrentó a su prueba más grave. Las emisiones de televisión del momento, la voz de Tejero, la imagen de Gutiérrez Mellado de pie y el mensaje del rey forman parte de la iconografía política del país. Cada aniversario, los medios de comunicación reconstruyen los hechos y los historiadores publican nuevos estudios. El golpe también ha sido llevado al cine, al teatro y a la novela. Películas y series de televisión han recreado el asalto al Congreso y las horas de incertidumbre. Documentales, como los producidos en los años ochenta y noventa, han entrevistado a protagonistas y testigos directos. En la historiografía, el 23-F es un caso de estudio de las relaciones civiles-militares y de la consolidación democrática en la Europa del sur. En el ámbito hispanoamericano, el 23-F entró en los manuales de historia contemporánea de España y en los debates sobre la transición a la democracia en la península ibérica. La comparación con las transiciones latinoamericanas de los años ochenta y noventa permitió a politólogos e historiadores analizar semejanzas y diferencias en la salida de las dictaduras militares.
9. Fuentes y controversias[editar]
9.1. El relato de El País y los medios[editar]
La edición especial de El País del 23 de febrero de 1981, con el titular «El País, con la Constitución», fue un punto de inflexión en la posición de la prensa. En plena incertidumbre, el periódico apostó por la defensa del orden constitucional. Otros medios, sin embargo, mantuvieron un escrupuloso silencio o difundieron informaciones confusas. La actuación de los medios de comunicación ha sido objeto de análisis posterior, tanto por sus vacilaciones como por sus aciertos.
9.2. Los informes oficiales y la desclasificación[editar]
Con el paso de los años, se produjeron desclasificaciones parciales de documentos relacionados con el 23-F, tanto en España como en archivos extranjeros. Los cables diplomáticos de algunas embajadas y los informes de inteligencia permitieron reconstruir con más detalle la conspiración. Sin embargo, no existe un archivo completo y público sobre el golpe, y persisten zonas oscuras, sobre todo en lo relativo a la «solución Armada» y a los contactos previos con el rey.
9.3. Las versiones de los implicados[editar]
Los protagonistas del golpe ofrecieron a lo largo de los años versiones contradictorias. Antonio Tejero sostuvo que actuaba contra la descomposición de España y que el golpe contaba con mayores apoyos de los que finalmente no se materializaron. Alfonso Armada negó haber querido presidir un gobierno sin el rey y defendió que su plan era constitucional. Milans del Bosch consideró que había sido abandonado por la cúpula militar. Estas discrepancias alimentaron la polémica sobre la verdadera naturaleza del 23-F.
10. Anexo: acrónimos y términos[editar]
- 23F: numerónimo con el que se conoce el golpe de Estado, por el 23 de febrero.
- UCD: Unión de Centro Democrático, partido de gobierno en 1981.
- PCE: Partido Comunista de España.
- UMD: Unión Militar Democrática, organización militar clandestina antifranquista.
- GRAPO: Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, organización terrorista de extrema izquierda.
- ETA: organización terrorista independentista vasca.
11. Conclusiones[editar]
El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue un acontecimiento decisivo de la historia reciente de España. Su fracaso consolidó la democracia parlamentaria y deslegitimó el intervencionismo militar, que había constituido un elemento recurrente de la política española desde el siglo XIX. La actuación del rey, la firmeza de Gutiérrez Mellado, la falta de apoyo social al golpe y la rápida desarticulación de la intentona impidieron que España volviera a un régimen autoritario. La memoria del 23-F sigue suscitando debates: ¿fue un golpe unitario o la suma mal coordinada de golpes distintos? ¿Tuvo el poder civil conocimiento previo? ¿La monarquía actuó con plena determinación o hubo ambigüedades durante horas? Estas preguntas no siempre tienen respuesta documental concluyente. Lo que sí es claro es que el 23-F se convirtió en el símbolo de la resistencia democrática y en el último gran desafío militar a la España constitucional. El legado del 23-F trasciende las fronteras españolas. En el mundo hispanohablante, el fracaso del golpe fue leído como una victoria de la legalidad democrática en uno de los países que, apenas unos años antes, había sido una dictadura. Esa lectura influyó en las transiciones latinoamericanas y en la construcción de una memoria democrática compartida entre España y América Latina.
Franco Salgado-Araujo, citado en Moradiellos, 2000, p. 211. ↩︎
Muñoz Bolaños, 2021, pp. 53-61. ↩︎
Preston, 1998, pp. 935, 950-952. ↩︎
Fuentes, 2020, p. 34. ↩︎
Fuentes, 2020, p. 34. ↩︎
Fuentes, 2020, p. 38; Muñoz Bolaños, 2021, pp. 113-119. ↩︎
Fuentes, 2020, pp. 40-42; Muñoz Bolaños, 2021, pp. 120-125. ↩︎
Rodríguez Jiménez, 1997, p. 437. ↩︎
Cercas, 2010, p. 265; Muñoz Bolaños, 2021, pp. 133-138. ↩︎
Rodríguez Jiménez, 1997, pp. 472-473; Muñoz Bolaños, 2021, pp. 134-141. ↩︎
Fuentes, 2020, p. 45; Preston, 2003, p. 467. ↩︎
Muñoz Bolaños, 2021, pp. 174 y ss.; Fuentes, 2020, pp. 46-49. ↩︎
Descripción basada en Fuentes, 2020, pp. 50-56; Cercas, 2010, pp. 17-30. ↩︎
Preston, 2003, p. 447; Fuentes, 2020, pp. 56-60. ↩︎
El País, edición especial del 23 de febrero de 1981. ↩︎
Datos de la sentencia del Tribunal Supremo, recogidos en Fuentes, 2020, pp. 75-80. ↩︎
Fuentes, 2020, pp. 11-15; Powell, 2002, pp. 255-256. ↩︎