Operación Chavín de Huántar
| Operación Chavín de Huántar | |
|---|---|
| Fecha | 22 de abril de 1997 |
| Lugar | Residencia del embajador de Japón, distrito de San Isidro, Lima, Perú |
| Resultado | Rescate de 71 de los 72 rehenes; muerte de los 14 miembros del MRTA; desarticulación del MRTA como grupo armado |
| Beligerantes | Gobierno del Perú — Fuerzas Armadas del Perú — Policía Nacional del Perú — Servicio de Inteligencia Nacional Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) |
| Comandantes | Alberto Fujimori Vladimiro Montesinos Nicolás Hermoza Ríos José Williams Zapata Juan Valer Sandoval (†) Néstor Cerpa Cartolini (†) Roli Rojas Fernández (†) |
| Fuerzas en combate | 148 comandos 72 rehenes 14 integrantes del MRTA |
| Bajas | 2 comandos muertos 1 rehén muerto 14 integrantes del MRTA muertos |
| Denominación original | Operación Nipón 96 |
1. Resumen[editar]
La operación Chavín de Huántar fue una acción militar ejecutada por el Gobierno del Perú el 22 de abril de 1997 para rescatar a las personas que permanecían secuestradas desde diciembre de 1996 en la residencia del embajador de Japón en Lima. El operativo, planeado y ejecutado por el llamado Comando Chavín de Huántar, puso fin a la toma de la residencia iniciada por catorce integrantes del grupo armado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La acción se considera una de las operaciones de rescate más estudiadas de la historia militar latinoamericana y fue bautizada con el nombre del sitio arqueológico de Chavín de Huántar, en alusión a los túneles subterráneos construidos para acceder de forma sorpresiva al edificio.
El operativo tuvo como resultado la liberación de la mayoría de los rehenes: 71 personas sobrevivieron y una falleció. Murieron los catorce secuestradores y dos comandos peruanos. El contexto político, el uso de inteligencia militar, la construcción de túneles y las posteriores denuncias por la muerte de algunos miembros del MRTA ya rendidos convirtieron al episodio en un caso de alcance internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Antecedentes[editar]
2.1. El MRTA y el contexto de la toma[editar]
El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) era una organización armada peruana de orientación marxista-leninista, activa principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, en el marco del conflicto armado interno peruano. La operación Chavín de Huántar se desarrolló cuando el MRTA ya se encontraba debilitado por la captura de varios de sus líderes, entre ellos Víctor Polay Campos, detenido en 1992. El grupo buscaba con la toma de la residencia del embajador japonés lograr la liberación de cientos de militantes encarcelados y obtener visibilidad política internacional.
El asalto a la residencia del embajador japonés no fue un hecho aislado. Según documentos citados en la prensa peruana, Néstor Cerpa Cartolini, líder del comando que ejecutó la toma, y Miguel Rincón Rincón habían planeado previamente el asalto al Congreso de la República del Perú, pero la captura de Rincón frustró esa posibilidad. Los integrantes del comando que tomó la residencia habrían sido entrenados y seleccionados por exguerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador, y adoptaron el nombre de "Oscar Torres Condezo" para el comando de la operación de secuestro, en homenaje a un miembro del MRTA muerto en Colombia cuando luchaba en el Batallón América.[1]
2.2. La toma de la residencia del embajador de Japón[editar]
A las 20:19 del 17 de diciembre de 1996, catorce miembros del MRTA ingresaron a la residencia del embajador del Japón en el Perú, Morihisa Aoki, mientras se celebraba el cumpleaños del emperador Akihito. El evento reunía a aproximadamente quinientos invitados, entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos peruanos y extranjeros. Los atacantes ingresaron por una propiedad colindante desocupada, dinamitaron la pared limítrofe y avanzaron por los jardines de la residencia. Los asistentes que se encontraban en los jardines entraron en pánico y se refugiaron en el interior del edificio, donde los miembros del MRTA les comunicaron que eran rehenes.
Los secuestradores liberaron de manera gradual a mujeres, ancianos y personal de servicio, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, por considerarlos de escaso "peso político". Entre los liberados involuntariamente se encontraba la madre del entonces presidente Alberto Fujimori, hecho que fue interpretado como un error del grupo. Tras esas liberaciones, el número de rehenes se redujo a 72 hombres, considerados por los captores de mayor valor para negociar.[2] Entre los retenidos se encontraban el canciller Francisco Tudela, el embajador japonés Morihisa Aoki, diplomáticos de Alemania, Canadá, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Cuba y otros países, así como legisladores, funcionarios judiciales, policías y el empresario y futuro presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
Los secuestradores exigían la liberación de unos cuatrocientos miembros del MRTA encarcelados por delitos de terrorismo a cambio de los rehenes. La toma de la residencia convirtió a Lima en centro de atención mundial durante más de cuatro meses: periodistas de numerosos países se instalaron en los alrededores y corresponsales alquilaron departamentos cercanos para transmitir sus despachos.
3. Planificación de la operación[editar]
Durante la crisis, que se prolongó por 126 días, el Gobierno peruano mantuvo abierta una vía de negociación mientras preparaba en secreto una solución militar. El ministro de Educación de entonces, Domingo Palermo Cabrejos, fue designado negociador oficial y visitó a los rehenes en la residencia. El arzobispo de Ayacucho, Juan Luis Cipriani Thorne, integró la comisión negociadora y administró los sacramentos a secuestradores y rehenes.
Paralelamente, el Ejército del Perú y la Unidad Especial de Combate de la Fuerza de Infantería de Marina de la Marina de Guerra del Perú entrenaron a una fuerza de operaciones especiales en una réplica de la residencia, construida en las instalaciones de la Escuela Militar de Chorrillos. La réplica reproducía los espacios del edificio y se accedía a ella mediante túneles subterráneos. Para construir los túneles reales, el Gobierno reclutó en secreto a un grupo de mineros, quienes excavaron laberintos con múltiples salidas hacia el interior de la residencia. Durante la planificación, se comparó la red de túneles con los templos subterráneos de la cultura preinca Chavín de Huántar, de donde proviene el nombre de la operación.
Cada mañana, el Ejército difundía marchas militares con megáfonos en los alrededores de la residencia. Los medios especularon que se trataba de una maniobra de presión psicológica contra los secuestradores. En realidad, el ruido cubría la evacuación de tierra extraída durante la noche a través de camiones que salían de una casa ubicada en la calle posterior de la residencia. Además, se introdujeron cámaras de video y micrófonos de forma secreta, algunos de ellos por personal militar de sanidad, para vigilar los movimientos de los miembros del MRTA y las condiciones de los rehenes.
4. El asalto[editar]
El 22 de abril de 1997, tras el fracaso de varios intentos de negociación y ante el riesgo de que los secuestradores comenzaran a negar atención médica a los rehenes, el Gobierno ordenó la intervención del Comando Chavín de Huántar. Con la confirmación de que los miembros del MRTA estaban distraídos, se inició el operativo a las 15:23 de la tarde.
Una explosión en el piso del salón principal, donde un grupo de secuestradores jugaba futsal, abrió el ingreso a los comandos peruanos. Un total de 148 efectivos irrumpieron por ese acceso y por otros puntos, disparando sus armas.[3] Durante el enfrentamiento fueron abatidos todos los miembros del MRTA. Uno de los rehenes, el magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña, resultó herido en el muslo con afectación de la vena femoral y falleció tras ser evacuado, a consecuencia de un ataque cardíaco. Fue el único rehén muerto en la acción.
Dos comandos peruanos murieron durante el operativo: el teniente coronel Juan Valer Sandoval, quien según algunos testimonios protegió con su cuerpo al canciller Francisco Tudela mientras este escapaba por la azotea, y el capitán Raúl Jiménez Chávez, muerto por la explosión de una granada cuando auxiliaba a un compañero herido.
La operación fue presentada como un éxito militar y político por el Gobierno peruano. Los titulares locales e internacionales resaltaron la coordinación, la sorpresa y la precisión de los comandos, en contraste con la larga duración de la crisis.
5. Bajas y miembros del MRTA abatidos[editar]
Los catorce integrantes del MRTA que participaron en la toma de la residencia murieron durante la operación. Las autoridades peruanas identificaron a los siguientes:
[ Desplegar / Plegar ]
- Néstor Cerpa Cartolini, conocido como "Camarada Evaristo"
- Roli Rojas Fernández, "Camarada Árabe"
- Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, "Camarada Tito"
- Luz Dina Villoslada Rodríguez, "Camarada Gringa"
- Alejandro Huamaní Contreras
- Adolfo Trigoso Torres
- Víctor Luber Luis Cáceres Taboada
- Iván Meza Espíritu
- Artemio Shigari Rosque, "Camarada Álex" o "Camarada Coné"
- Herma Luz Meléndez Cueva, "Camarada Cynthia"
- Bosco Honorato Salas Huamán
- Salomón Víctor Peceros Pedraza
- Edgar Huamaní Cabrera
- Un integrante no identificado hasta la actualidad
Además de los catorce miembros del MRTA, fallecieron el magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña y los dos comandos ya mencionados. Las cifras de bajas han sido motivo de debate público y judicial, en particular por la posibilidad de que algunos integrantes del MRTA hubieran muerto después de rendirse. Esta controversia se analiza más adelante.
6. Armamento[editar]
6.1. Comandos del Gobierno peruano[editar]
El armamento de los comandos incluyó fusiles de asalto Galil, subfusiles Mini-Uzi, subfusiles FN P90, subfusiles Heckler & Koch MP5 de 9 mm, pistolas Beretta 92 de 9 mm, cascos de combate de acero y fibra de vidrio, máscaras antigás, anteojos de protección, chalecos antimetralla de kevlar y uniformes camuflados.
6.2. Integrantes del MRTA[editar]
Los miembros del MRTA, sorprendidos durante el operativo, disponían de un arsenal que, según informes, incluía seis fusiles de asalto AKM, cuatro subfusiles Uzi, un revólver Smith & Wesson, una pistola semiautomática Browning GP-35, granadas fumígenas, granadas de mano, lanzacohetes RPG-7, subfusiles MP18, Thompson y Sten, máscaras antigás, chalecos antibalas y radios Motorola. El armamento exacto que portaban al momento del asalto no ha sido precisado de manera uniforme en todas las fuentes oficiales.
7. Reconocimientos[editar]
El 12 de diciembre de 2016, la Universidad San Ignacio de Loyola realizó un homenaje a los participantes en la operación, con un discurso del rector Ramiro Salas, quien destacó el significado de la acción para la recuperación de la confianza en la democracia y los valores patrios.
El 19 de abril de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski condecoró con la Orden Militar de Ayacucho en el grado de gran cruz al estandarte de la operación militar Chavín de Huántar, mediante la Resolución Suprema 031-2017-DE, en una ceremonia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno.
Mediante la Ley 30554, del 21 de abril de 2017, el Congreso de la República del Perú declaró héroes de la democracia a los comandos que participaron en la operación. Un año después, mediante la Ley 30758 del 19 de abril de 2018, el Congreso declaró defensores calificados de la democracia a los mineros y al personal auxiliar que construyeron los cuatro túneles utilizados en el operativo.
En 2024, el Gobierno de Dina Boluarte impulsó un proyecto para otorgar una pensión mensual de aproximadamente 2.500 soles peruanos a los militares que participaron en la operación. La iniciativa marcó un nuevo capítulo en la política de reconocimiento estatal a los integrantes del operativo.
8. Controversias y procesos judiciales[editar]
Desde los días posteriores al asalto, surgieron versiones y denuncias sobre la posibilidad de que algunos integrantes del MRTA hubieran sido ejecutados después de haberse rendido. El exrehén japonés Hidetaka Ogura observó, según su testimonio, que tres emerretistas rendidos fueron abatidos. La denuncia generó una investigación forense y motivó que el Poder Judicial peruano asumiera el caso, mientras el exagente de inteligencia Vladimiro Montesinos rechazaba las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
En 2002 se ordenó la detención de doce militares implicados en las denuncias; sin embargo, la justicia peruana derivó parte del proceso al fuero civil y otra parte al fuero militar. El caso se detuvo y fue reactivado en distintos momentos, con debates sobre la competencia judicial y la validez de las pruebas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, "Camarada Tito", durante la operación. En 2015, la Corte IDH emitió una sentencia en la que determinó la responsabilidad del Estado peruano por la privación arbitraria de la vida de Cruz Sánchez, al concluir que fue ejecutado extrajudicialmente. No obstante, la sentencia no ordenó indemnizaciones económicas para los demandantes, aunque sí dispuso que el Estado financiara tratamiento psicológico y psiquiátrico para el hermano de Cruz Sánchez.
La sentencia generó un intenso debate en Perú. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que la Corte había considerado la muerte de "Tito" como un hecho aislado y ajeno al operativo de rescate, y negó que los comandos Chavín de Huántar fueran responsables directos. Sin embargo, organizaciones como Aprodeh y Cejil sostuvieron que la sentencia confirmaba la existencia de una ejecución extrajudicial en el marco de la operación, y que el Estado seguía obligado a investigar e identificar a los responsables. El debate se avivó en 2019, cuando el Congreso peruano investigó un texto escolar que citaba la sentencia de la Corte IDH sobre el caso.
9. Legado y memoria[editar]
La operación Chavín de Huántar ocupa un lugar destacado en la memoria oficial del Perú contemporáneo. Se la presenta como un hito en la lucha contra el terrorismo y como ejemplo exitoso de coordinación entre inteligencia, fuerzas especiales y decisión política. Al mismo tiempo, las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y la sentencia de la Corte Interamericana mantienen vigente una disputa sobre el alcance y los límites de la acción militar.
El nombre de la operación, tomado del sitio arqueológico de Chavín de Huántar y de sus galerías subterráneas, se ha convertido en referencia en la historia militar peruana. La réplica de la residencia construida para el entrenamiento se transformó luego en un monumento a los héroes de la operación. En años posteriores se realizaron ceremonias oficiales, recreaciones históricas y conmemoraciones cada 22 de abril, con la participación de mandos militares, sobrevivientes y familiares de los caídos.
En la historiografía y en los medios de habla hispana, el caso se cita con frecuencia junto a otras operaciones de rescate de rehenes del siglo XX, como la de Entebbe (1976) en Uganda, por el nivel de planificación y el desenlace. La controversia jurídica posterior mantiene, sin embargo, la discusión abierta sobre la legalidad de la conducción del asalto y sobre la responsabilidad del Estado peruano en los hechos ocurridos dentro de la residencia.
10. Referencias y fuentes[editar]
[sin verificar]La mayor parte de la información de este artículo proviene del expediente público de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, así como de resoluciones oficiales del Congreso peruano, comunicados del Ministerio de Justicia peruano y notas periodísticas de El Comercio, La República, RPP Noticias y la cadena Reuters. Las cifras de la toma, el número de rehenes y el desenlace militar pueden consultarse en los documentos citados al comienzo.
La financiación para la toma de la residencia se habría obtenido, según reportes de prensa, con parte del dinero pagado por el rescate del empresario boliviano Samuel Doria, quien había sido secuestrado por el MRTA tiempo atrás. ↩︎
El número exacto de rehenes varía según las fuentes: 72 personas permanecían secuestradas al momento del asalto, pero una de ellas era el magistrado Giusti, quien falleció; a veces se menciona la cifra de 71 liberados con vida. ↩︎
Algunas fuentes mencionan que los 148 comandos irrumpieron por dos túneles y por la puerta principal; otras indican que fueron tres accesos simultáneos. ↩︎