Proceso de Reorganización Nacional
| Proceso de Reorganización Nacional | |
|---|---|
| Otros nombres | El Proceso; última dictadura militar; última dictadura cívico-militar |
| Tipo | Dictadura cívico-militar; Estado burocrático-autoritario |
| Período | 24 de marzo de 1976 – 10 de diciembre de 1983 |
| Primera Junta Militar | Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada), Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea) |
| Presidentes de facto | Jorge Rafael Videla (1976–1981), Roberto Eduardo Viola (1981), Leopoldo Galtieri (1981–1982), Reynaldo Bignone (1982–1983) |
| Predecesora | María Estela Martínez de Perón |
| Sucesor | Raúl Alfonsín |
| Capital | Buenos Aires |
| Idioma | Español |
| Moneda | Peso argentino |
| Población (1980) | 27.949.480[sin verificar] |
El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) fue la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta la entrega del poder a un gobierno elegido por la ciudadanía el 10 de diciembre de 1983. La dictadura adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones forzadas y el robo de bebés, con ocultamiento de su identidad.[1]
El nombre fue proclamado por la propia dictadura en actos, documentos y discursos durante todo el tiempo que permaneció en el poder. Se inició con el golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas y apoyado por sectores civiles socialmente conservadores, principalmente del empresariado y de la Iglesia católica. El golpe derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluida la presidenta justicialista María Estela Martínez de Perón, e impuso en su lugar una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. La Junta dictó normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, de la Nación y de las provincias, que recibió el título de «presidente». También designó a cinco funcionarios civiles para ocupar la Corte Suprema.
Los objetivos declarados del Proceso fueron combatir la «corrupción», la «demagogia» y la «subversión», y ubicar a la Argentina en el «mundo occidental y cristiano». En la práctica, el régimen impuso una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos y articulada continentalmente mediante el Plan Cóndor. La represión se dirigió contra un sector amplio de la población acusado de ser «peronista», «populista», «izquierdista», «zurdo» o «subversivo». La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores y exilios forzosos, hechos que han sido judicialmente calificados como genocidio en varios fallos.[2]
El régimen contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados, de grupos económicos, de la jerarquía de la Iglesia católica y de la mayor parte de los países democráticos del mundo. El 10 de diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, la dictadura se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un gobierno elegido libremente. Ese día asumió la presidencia Raúl Alfonsín.
1. Antecedentes[editar]
La participación de empresarios civiles y de algunos medios de comunicación en los sectores golpistas fue muy anterior a 1976. Celedonio Pereda, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, denunciaba al gobierno constitucional como «sovietizante». Juan Alemann proponía desde las páginas del Argentinisches Tageblatt imponer una política de desaparición de personas. José Alfredo Martínez de Hoz, futuro ministro de Economía, colaboró con fuerzas paramilitares cuando estas instalaron un centro clandestino de detención en la empresa siderúrgica Acindar, donde fueron torturados y asesinados militantes sindicales. Por su parte, la Santa Sede había designado como nuncio en Argentina a Pío Laghi, señalado como miembro de la logia anticomunista Propaganda Due, a la que también pertenecía el almirante Emilio Eduardo Massera, comandante general de la Armada y una de las cabezas del golpe. La organización parapolicial Triple A, creada en 1973, siguió operando y tejiendo lazos con los sectores que preparaban el golpe; muchos de sus miembros fueron designados luego por la dictadura en posiciones estratégicas de la represión.
En mayo de 1975, el general de brigada Jorge Rafael Videla impulsó una maniobra que provocó el reemplazo del comandante general del Ejército, Leandro Anaya, por el teniente general Alberto Numa Laplane. Laplane duró en el cargo apenas cien días. Según la investigadora María Seoane, durante ese lapso el dúo Videla-Viola «conformaría el Estado Mayor golpista». Tres meses después, Videla desplazó a Numa Laplane mediante un putsch, con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos. Videla pertenecía al sector militar «colorado», antiperonista, y al «profesionalismo prescindente», a diferencia de Laplane, que pertenecía al sector «profesionalista integrado». Los profesionalistas integrados sostenían que las Fuerzas Armadas debían integrarse al orden institucional bajo las órdenes del poder político; los prescindentes defendían que debían mantenerse ajenas a la política y preservarse como «último baluarte de la Nación». Mientras tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista ortodoxo Victorian Calabró, de excelentes relaciones con Videla y Viola, abrió un «bloque antiverticalista» para enfrentar a Isabel Perón y operar para promover su caída.
En septiembre de 1975, la presidenta pidió licencia por razones de salud y el senador Ítalo Luder asumió la presidencia provisional. Luder reforzó el poder de los militares y sancionó, a pedido de estos, los tres decretos de aniquilamiento que extendían a todo el país la orden de «aniquilar» el accionar guerrillero: se creaba un Consejo Nacional de Defensa controlado por las Fuerzas Armadas y se ponía a las policías nacionales y provinciales a órdenes de aquellas. Una de las primeras decisiones del Ejército fue militarizar el país en cinco zonas, dentro de las cuales cada comandante de cuerpo tenía autonomía para ordenar las acciones represivas que considerara necesarias, entre ellas el establecimiento de centros clandestinos de detención y tortura. Luder anunció también que se adelantarían las elecciones previstas para marzo de 1977, las cuales se celebrarían en la segunda mitad de 1976. En una reunión de los altos mandos del Ejército dirigida por Videla, con asesores militares franceses y estadounidenses, se aprobó en secreto la Estrategia Nacional Contrainsurgente, que ordenaba prescindir de los procedimientos y garantías del Estado de derecho y realizar las acciones represivas de manera clandestina. Poco después, el 23 de octubre de 1975, en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo, Videla declaró públicamente: «Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país».
En octubre, Isabel Perón volvió a hacerse cargo de la presidencia, entorpeciendo la «bordaberrización» —una dictadura con presidente civil— a la que llevaba la gestión de Luder. Isabel estaba decidida a no renunciar ni a permitir que la desalojaran mediante un juicio político, aferrándose a la legalidad constitucional. Hacia fines de 1975, el Gobierno anunció el adelanto de las elecciones presidenciales para octubre de 1976. Conscientes de que el golpe estaba en plena preparación, los legisladores peronistas se dividieron: los «verticalistas» sostenían que la única posibilidad de llegar a las elecciones era respetar la institucionalidad que representaba Isabel Perón, mientras que otro sector, considerado moderado, era partidario de que la presidenta renunciara y fuera reemplazada por Ítalo Luder. Un sector del radicalismo, liderado por Fernando de la Rúa, era partidario de remover a Isabel mediante un juicio político, pero la bancada justicialista mayoritaria lo rechazó en bloque. En diciembre de 1975, figuras del «lopezreguismo» se separaron de su bloque y el Partido Justicialista perdió la mayoría: pasó de 142 diputados a 102, contra 129 que sumaban la oposición y los antiverticalistas.
El 16 de marzo de 1976, Ricardo Balbín pronunció un discurso por cadena nacional en el que afirmó que el aislamiento del gobierno había provocado que el Estado dejara de funcionar tras la muerte de Juan Domingo Perón, y culminó con la frase: «Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Desearía que los argentinos, hoy, no empezáramos a hacer la cuenta de los últimos cinco minutos». En 2010, Videla declaró que en febrero de 1976 Balbín lo había invitado a una reunión privada y le pidió que las Fuerzas Armadas perpetraran el golpe «cuanto antes». El presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, rechazó esas declaraciones al afirmar que «no puede manchar la honorabilidad de Balbín, no tiene límites». Con posterioridad al golpe, Balbín haría público su apoyo a la dictadura en estos términos:
Recibimos con satisfacción que las Fuerzas Armadas en el poder hayan ratificado su voluntad de arribar a un proceso democrático y republicano, que no hayan definido otros enemigos que los responsables de deshonestidades administrativas y de la quiebra moral y los que se han marginado voluntariamente del proceso, recurriendo a la subversión y al terrorismo, y que hayan reconocido la necesidad de los partidos políticos.
El líder liberal Álvaro Alsogaray, por el contrario, se manifestó escéptico ante la idea de derrocar a Martínez de Perón durante una entrevista el 21 de marzo, con el argumento de que sería cuestionable hacerlo en un momento en que la oposición tenía posibilidades inéditas de derrotar al peronismo por medios electorales: «¿Por qué transformarlos en mártires incomprendidos de la democracia, precisamente en el momento en que se verán obligados a declarar su gran fracaso?». El 23 de marzo de 1976, el diario La Razón tituló: «Todo está dicho, el inminente fin»; la primera plana de Clarín establecía «Inminencia de cambios en el país». Ese mismo día, mientras los militares desplegaban fuerzas en las principales ciudades, varios diputados comenzaron a retirar sus pertenencias del Palacio del Congreso y a solicitar adelanto de sus dietas.
En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al secretario de Estado, Henry Kissinger, el 24 de marzo de 1976. Este expresó su deseo de «alentarlos y no hostigarlos», a pesar de las advertencias de Rogers acerca de un probable «baño de sangre» y de matanzas «no solo a terroristas, sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos». El embajador estadounidense Robert Hill calificó al golpe como el «más civilizado de la historia del país». También se documentó el contacto previo de dirigentes de la DAIA con Videla y Massera: en los días previos al golpe, líderes comunitarios se reunieron con ambos en la sede de la DAIA y fueron informados de los planes de golpe; tras ello, comprometieron su apoyo a cambio de un crédito especial para reformar la sede de Pasteur 633, que fue otorgado dos días después del golpe. Durante el régimen, la DAIA mantuvo silencio institucional y vínculos fluidos con la dictadura. En 1977, la DAIA encargó al escritor Marcos Aguinis un libro especial con el objetivo de donar su primera edición al almirante Emilio Massera. Parte de la dirigencia de la DAIA, bajo la coordinación de Aguinis, participó activamente en el diario Convicción, matutino porteño que respaldó los planes políticos de Massera y que llegó a tirar veinte mil ejemplares diarios, y hasta cuarenta mil durante la guerra de las Malvinas.
Desde mediados de 1975, una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino, se entrevistaba en secreto con Videla para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos y solicitarle que las Fuerzas Armadas aseguraran «el imperio del orden sobre todas las cosas». Tras el 24 de marzo, las organizaciones empresariales comprometidas con el golpe pasaron a ocupar áreas económicas clave: Martínez de Hoz recibió el Ministerio de Economía; la Secretaría de Ganadería correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta; el Banco Central fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), representada por Adolfo Diz; y Guillermo Walter Klein, de la Cámara Argentina de Comercio, fue designado secretario de Programación y Coordinación Económica. En octubre de 1975, militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia católica, que se comprometió a no oponerse al golpe.
En materia económica, en agosto de 1975, con el respaldo del sindicalismo peronista, asumió la cartera económica Antonio Cafiero, quien puso en práctica una política heterodoxa y keynesiana que logró disminuir la tasa de inflación hacia fines de ese año. Sin embargo, las cámaras empresariales se opusieron e implementaron medidas de cierre patronal (lockout) que, hacia fines de enero de 1976, comenzaron a desabastecer al país. En los diez meses que transcurrieron entre mayo de 1975 y marzo de 1976, la inflación fue del 481%, casi un 50% mensual.[3] Las reservas internacionales del Banco Central habían descendido a 617,7 millones de dólares, frente a 1.340,8 millones un año antes.
El 18 de diciembre de 1975, el brigadier Jesús Cappellini, militar leal a Videla, lideró un ensayo de golpe con el fin de hacer caer al comandante general de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Fautario, último de los mandos militares que no aceptaba formar parte del grupo golpista y «último sostén» militar del gobierno constitucional. La caída de Fautario y su reemplazo por Orlando Ramón Agosti terminó de conformar la cúpula golpista. El 29 de diciembre, el triunvirato golpista envió al vicario castrense, monseñor Adolfo Tortolo, para comunicarle a la presidenta la intimación a renunciar, con el mensaje de que se trataba de una exigencia innegociable. Isabel se reunió el 5 de enero de 1976 con los tres comandantes, quienes le exigieron la renuncia a título personal. Ella se negó, ratificó la necesidad de preservar la institucionalidad constitucional hasta las elecciones de octubre y buscó la protección de la Santa Sede a través del nuncio Pío Laghi. El nuncio, sin embargo, se entrevistó a su vez con el embajador estadounidense Robert Hill, uno de los principales apoyos del dúo Videla-Viola, y la eventual mediación quedó en nada.
En febrero de 1976, el general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de «encubrir» como «acciones antisubversivas» la detención clandestina de activistas y opositores desde la noche misma del golpe. El 9 de febrero, el periodista Bernardo Neustadt, uno de los más conocidos del país, cerró su programa Tiempo Nuevo mirando fijamente a la cámara y exigiéndole la renuncia a la presidenta:
Señora, ¿por qué no se hace un favor a usted misma y nos lo hace a todos? ¡Libérese! ¡Deje la presidencia para que asuma alguien más capacitado!
El 17 de febrero, el jefe de los servicios de inteligencia, el general Otto Carlos Paladino, volvió a presionar a Isabel para que renunciase, con el argumento de que, en caso contrario, «correría mucha sangre». Isabel respondió a su ministro de Defensa: «Vea, doctor, yo no renuncio ni aunque me fusilen. Porque renunciar acá sería convalidar lo que va a venir después».
Los golpistas tomaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A, y por la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros, de tendencia peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación marxista-guevarista. El líder de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, dijo sobre el golpe: «No hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista».
2. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976[editar]
Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1976, Martínez de Perón subió al helicóptero presidencial junto a su secretario privado Julio Carlos González, el jefe de su custodia personal, Rafael Luisi, un joven oficial del Regimiento de Infantería 1 Patricios, el teniente de fragata Antonio Diamante y dos pilotos de la Fuerza Aérea, con dirección a la residencia presidencial de Olivos. Durante el vuelo, el piloto anunció que el vehículo tenía un desperfecto y que debían realizar un aterrizaje no programado en Aeroparque. Aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, el general José Rogelio Villarreal le anunció: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada». La presidenta preguntó si sería fusilada; Villarreal respondió que los militares garantizarían su integridad física. Isabel intentó negociar el cierre del Congreso y el nombramiento de cuatro militares en su gabinete, amenazando con huelgas y manifestaciones masivas. Villarreal le respondió que «le han dibujado un país ideal, un país que no existe». Martínez de Perón fue trasladada a la provincia del Neuquén en calidad de detenida, y por la mañana una Junta Militar asumió el gobierno del país.
En previsión de una eventual resistencia, las Fuerzas Armadas habían diseñado la «Operación Bolsa», una lista con domicilios y datos de unas cuatrocientas personas con prestigio o ascendencia que podrían generar reacciones contra el golpe. Fueron enviadas al barco 33 Orientales hasta junio, cuando la lista se depuró: la mayoría fue liberada y quedaron treinta personas a las que se responsabilizó del «desastre» que había provocado el golpe, enviadas a la prisión de Magdalena. Entre los detenidos se encontraba el entonces ex gobernador de La Rioja, Carlos Menem, quien décadas después sería presidente de la Nación.[4] Según Videla, «fue un golpe incruento, no se disparó un tiro». El secretario general de la CGT, Casildo Herreras, viajó a Uruguay el día anterior en un catamarán y desde allí pronunció una frase célebre: «Yo me borré». La proclama golpista decía, entre otros argumentos:
Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. […] Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. […] Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder.
El escritor Rodolfo Walsh —que militaba en Montoneros y sería asesinado por el régimen— escribió en su «Carta Abierta a la Junta Militar» de marzo de 1977 una crítica al programa económico:
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete.
Simultáneamente con el golpe, esa misma noche se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y otras zonas urbanas.
3. Estructura del poder[editar]
La Junta Militar estaba integrada por los comandantes generales de las tres fuerzas: el teniente general Jorge Rafael Videla, del Ejército; el almirante Emilio Eduardo Massera, de la Armada; y el brigadier general Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. La Junta se colocó por encima de la Constitución y dictó un «Estatuto» y actas que tenían jerarquía supraconstitucional.
El Congreso de la Nación fue disuelto, los partidos políticos suspendidos y los derechos civiles severamente limitados. La Junta designaba al «presidente» de facto, que a su vez podía nombrar a los ministros, gobernadores provinciales y demás autoridades. El presidente de facto reunía la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto nacional como provincial. La Corte Suprema fue reemplazada por una integración de funcionarios civiles designados por el régimen. Las provincias fueron intervenidas y los gobiernos locales quedaron bajo control militar o de funcionarios civiles afines.
A lo largo del período ocuparon la presidencia de facto:
- Jorge Rafael Videla (1976–1981)
- Roberto Eduardo Viola (1981)
- Leopoldo Galtieri (1981–1982)
- Reynaldo Bignone (1982–1983)
Además, hubo presidentes interinos de corta duración: Horacio Tomás Liendo en 1981, Carlos Lacoste en 1981 y Alfredo Oscar Saint-Jean en 1982. Las fechas exactas de estos interinatos son menos conocidas y deben verificarse.[5]
La Junta Militar se reservó la conducción política del proceso y mantuvo una lógica de reparto de poder: el Ejército controlaba la presidencia y el aparato represivo principal, la Armada administraba campos de concentración como la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y la Fuerza Aérea operaba también centros clandestinos y participaba en los llamados «vuelos de la muerte».
4. Terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos[editar]
El Proceso implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado. La sentencia del Juicio a las Juntas, dictada en 1985, describió la existencia de un «plan», un «sistema» o «sistema operativo» generador de los delitos de lesa humanidad que juzgó y condenó. La represión no se limitó a combatir organizaciones armadas: apuntó a un amplio espectro de opositores, militantes sociales, sindicalistas, estudiantes, docentes, artistas, periodistas, religiosos y familiares de víctimas.
4.1. Desapariciones forzadas, tortura y centros clandestinos[editar]
Las investigaciones oficiales llevadas a cabo después de la dictadura por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentaron 8.961 casos de desaparición forzada, aunque la propia comisión advirtió que la cifra real debía ser mayor, porque muchos casos nunca fueron denunciados —familias enteras desaparecieron— y porque los militares destruyeron gran parte de los registros meses antes del retorno a la democracia.[6] La cifra más difundida por organismos de derechos humanos y por buena parte de la historiografía es la de 30.000[sin verificar] desaparecidos, sobre la base de testimonios y de la imposibilidad de reconstruir la totalidad de los casos.
Las víctimas eran secuestradas en operaciones clandestinas, mantenidas en centros ilegales de detención y tortura, y muchas veces asesinadas sin registros. Entre los centros más conocidos figuraron la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, además de numerosos sitios en Córdoba, Rosario, La Plata y otros puntos del país. En mayo de 1978, vísperas del Mundial de Fútbol, aparecieron denuncias sobre desaparecidos. El empresario de medios Jorge Fontevecchia descalificó en su revista La Semana la primera denuncia sobre la ESMA producida por un sobreviviente, Horacio Domingo Maggio, al que llamó «terrorista». En un editorial en forma de «Carta abierta a un periodista europeo», se leía: «Y, por favor, no nos venga a hablar de campos de concentración, de matanzas clandestinas o de terror nocturno. Todavía nos damos el gusto de salir de noche y volver a casa a la madrugada».
4.2. Apropiación de menores y vuelos de la muerte[editar]
Entre las personas desaparecidas había mujeres embarazadas que eran mantenidas con vida hasta dar a luz en condiciones precarias dentro de los centros clandestinos. Los bebés eran generalmente entregados en adopción ilegal a familias militares o políticas afines al régimen, y las madres solían ser asesinadas. La apropiación sistemática de menores y la supresión de su identidad es considerada una práctica genocida específica del período y dio lugar al trabajo sostenido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron y restituyeron la identidad de cientos de nietos apropiados.
Miles de detenidos fueron drogados, subidos a aeronaves, despojados de sus ropas y arrojados al Río de la Plata o al océano Atlántico para que murieran ahogados, en lo que se conoció como «vuelos de la muerte». El oficial naval Adolfo Scilingo, participante de estos procedimientos, lo relató públicamente y fue juzgado en España.
4.3. El Plan Cóndor y la coordinación represiva[editar]
El servicio de inteligencia argentino, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cooperó con la DINA chilena de Augusto Pinochet y con otros servicios de inteligencia sudamericanos. Ocho países del Cono Sur articularon el Plan Cóndor, operación de represión política y terror estatal respaldada por Estados Unidos, destinada a eliminar o perseguir a opositores de izquierda en todo el continente. Las estimaciones de víctimas del Plan Cóndor en la región suelen citarse en torno a 60.000 personas.[7] La SIDE también entrenó, por ejemplo en la base hondureña de Lepaterique, a los contras nicaragüenses que combatían al gobierno sandinista.
5. Política económica[editar]
La conducción económica recayó en el ministro José Alfredo Martínez de Hoz. Existe un debate historiográfico e ideológico sobre la orientación de su programa: algunos autores lo califican de gradualista o desarrollista —incluso se estatizaron empresas como CIAE, el Grupo Greco, que incluía decenas de bodegas como Giol, fincas y empresas financieras en Mendoza, y Austral Líneas Aéreas—, mientras que otros lo describen como liberal o neoliberal, sin que exista un consenso claro.[8] El propio Martínez de Hoz se declaró gradualista, por no haber podido aplicar políticas más radicales o de shock debido a la intensa guerrilla y al riesgo de conmoción social.
En la práctica, la gestión de Martínez de Hoz eliminó los controles de precios, liberalizó el tipo de cambio, desmanteló regulaciones al mercado y promovió la apertura de las exportaciones e importaciones, con reducción de aranceles y eliminación de prohibiciones. La deuda externa se multiplicó por cuatro y las desigualdades entre los sectores de mayores y menores ingresos se acentuaron de forma pronunciada. El período terminó en una devaluación de magnitud y en una de las crisis financieras más severas de la historia argentina. Desde 1979, la política cambiaria de la «tablita» fijó de manera previsible el valor del dólar, lo que alentó la especulación financiera.
Tras el gobierno de Videla, el presidente de facto Roberto Eduardo Viola designó a Lorenzo Sigaut como ministro de Economía. Sigaut abandonó el esquema cambiario deslizante y devaluó el peso, luego de asegurar que «el que apuesta al dólar, pierde». La recesión posterior desestabilizó al propio Viola. Después de la caída de Viola, se designó al economista y editor Roberto Alemann al frente del Ministerio de Economía. Alemann recortó el gasto público, inició privatizaciones de empresas estatales —con escaso éxito—, aplicó una política monetaria restrictiva y ordenó congelar los salarios en un contexto de inflación cercana al 130%. Se mantuvo la circular 1050 del Banco Central, que ataba las cuotas hipotecarias al valor del dólar, lo que profundizó la crisis: el PIB cayó un 5% y la inversión empresarial un 20% respecto de los ya debilitados niveles de 1981.
En la etapa de Bignone, Domingo Cavallo fue designado al frente del Banco Central. Cavallo heredó un programa de garantía de deuda externa privada que protegía miles de millones de dólares de deudas contra el colapso del peso, a costa del Tesoro. Instituyó controles como la indexación de pagos, pero la anulación de la circular 1050 y otras medidas pusieron en su contra al sector financiero; Cavallo y Dagnino Pastore fueron reemplazados en agosto de ese año. Su sucesor, Julio González del Solar, revirtió varios de esos controles y transfirió más deuda privada al Banco Central, aunque no restableció la impopular circular 1050.
Seis años de congelamientos salariales intermitentes dejaron los salarios reales cerca de un 40% por debajo del nivel alcanzado durante los gobiernos peronistas, lo que generó creciente conflictividad laboral. Bignone restableció limitadamente los derechos de expresión, reunión y huelga, y el sindicalista Saúl Ubaldini, dirigente de la Confederación General del Trabajo, cobró protagonismo. El nuevo ministro de Economía, Jorge Wehbe, otorgó a fines de 1982 dos aumentos salariales obligatorios de magnitud.
6. Política exterior[editar]
6.1. Relación con Estados Unidos[editar]
Estados Unidos brindó asistencia militar y, al inicio de la llamada «guerra sucia», el secretario de Estado Henry Kissinger dio luz verde a la represión política de opositores reales o percibidos. El Congreso estadounidense aprobó, durante la administración de Gerald Ford, una solicitud de asistencia en seguridad de 50 millones de dólares para la Junta. En 1977 y 1978, Estados Unidos vendió a la Argentina repuestos militares por más de 120 millones de dólares, y en 1977 el Departamento de Defensa otorgó 700.000 dólares para entrenar a 217 oficiales militares argentinos. En 1978, el presidente Jimmy Carter consiguió que el Congreso cortara toda transferencia de armas a la Argentina por las violaciones a los derechos humanos. Las relaciones bilaterales mejoraron de manera marcada con Ronald Reagan, quien consideró que la administración de Carter había debilitado los vínculos con aliados de la Guerra Fría y revirtió la condena oficial de las prácticas represivas de la Junta. La relación volvió a tensarse cuando Estados Unidos apoyó al Reino Unido durante la guerra de las Malvinas. Con el restablecimiento de la cooperación, la CIA colaboró con los servicios de inteligencia argentinos en el armado y entrenamiento de los contras nicaragüenses, en el marco de la llamada Operación Charly.
6.2. Intervención en Centroamérica[editar]
Tras llegar al poder, el Proceso formó estrechos vínculos con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua. En 1977, en la Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Managua, el general Roberto Eduardo Viola y el almirante Emilio Eduardo Massera prometieron secretamente apoyo incondicional al régimen somocista. Guardias somocistas fueron enviados a academias militares argentinas para ser entrenados, y la Argentina comenzó a enviar armamento y asesores a Nicaragua. En 1978, agentes del Batallón de Inteligencia 601 y de la SIDE fueron enviados a Nicaragua para capturar o eliminar a guerrilleros argentinos integrados a las filas sandinistas.
Tras el triunfo sandinista de julio de 1979, la Argentina desempeñó un papel central en la formación de los contras. Poco después de la victoria del FSLN, agentes de inteligencia argentinos comenzaron a organizar a miembros exiliados de la Guardia Nacional somocista. Con la llegada de Ronald Reagan, el gobierno argentino negoció que la inteligencia militar argentina organizara y entrenara a los contras en Honduras, en colaboración con el gobierno hondureño y la CIA. A fines de 1981, unos 150 asesores militares argentinos estaban activos en Honduras, y el general hondureño Gustavo Álvarez Martínez promovió abiertamente el llamado «método argentino» contra la subversión. El Batallón 316 hondureño, que aplicó ese método, asesinó al menos a 184 opositores durante la década de 1980, entre maestros, políticos y dirigentes sindicales.
La Argentina también apoyó al gobierno de El Salvador durante su guerra civil. Ya en 1979 el Proceso brindaba entrenamiento en inteligencia, armas y asesores contrainsurgentes. En febrero de 1982, la Dirección General de Fabricaciones Militares suministró a El Salvador armas, municiones y repuestos por valor de 20 millones de dólares. En Guatemala, la dictadura argentina fue fuente de ayuda material e inspiración para el Ejército guatemalteco: en 1980 el régimen de Videla envió oficiales a Guatemala y en octubre de 1981 se formalizaron acuerdos secretos por los cuales la participación argentina se amplió. Como parte del acuerdo, doscientos oficiales guatemaltecos fueron enviados a Buenos Aires para recibir entrenamiento avanzado de inteligencia, que incluyó instrucción en interrogatorios.
6.3. Otras relaciones[editar]
En 2003, la periodista francesa Marie-Monique Robin documentó que el gobierno de Valéry Giscard d'Estaing colaboró secretamente con la Junta argentina y con el régimen de Pinochet en Chile. Diputados franceses promovieron una comisión parlamentaria sobre el papel de Francia en el apoyo a los regímenes militares latinoamericanos entre 1973 y 1984, aunque la investigación tropezó con obstáculos políticos. Pese a la orientación oficialmente anticomunista de la Junta en la Guerra Fría, el régimen mantuvo amplios vínculos comerciales y diplomáticos con la Unión Soviética, aspecto que combina de manera peculiar con su discurso ideológico.
7. Medios, cultura y el Mundial de 1978[editar]
El régimen suspendió el funcionamiento del Congreso y restringió severamente la libertad de prensa y de expresión, aplicando una estricta censura. La campaña periodística a favor de la dictadura comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Las revistas Somos, Gente y Para Ti, del grupo editorial Atlántida, estuvieron entre las que más difundieron la campaña pro dictadura. El Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Cox, adoptó una línea de denuncia que lo distinguió del resto de los medios; Cox reconoció después que en su momento estuvo a favor del golpe porque «el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido». El periodista A. Graham-Yooll resumió el clima de la época: «El establishment, el país, gran parte de la clase media, yo diría la clase trabajadora también, apoyó el golpe».
La Copa Mundial de Fútbol de 1978, que Argentina organizó y ganó, fue utilizada por el régimen como propaganda nacionalista para cohesionar a la población bajo una supuesta unidad de destino mientras se desarrollaba la represión. El torneo se disputó en junio de 1978 y su selección se consagró campeón en el estadio Monumental de Buenos Aires. La película La historia oficial (1984), que aborda la apropiación de menores durante la dictadura, ganó el Óscar a la mejor película extranjera en 1985 y contribuyó a la difusión internacional del problema de los desaparecidos.
8. La guerra de las Malvinas y la caída[editar]
La oposición pública, producto de las violaciones a los derechos humanos y de la incapacidad para resolver la creciente crisis económica, llevó a la Junta a invadir las islas Malvinas en abril de 1982. La invasión comenzó el 2 de abril de 1982 y la guerra con el Reino Unido se extendió hasta la rendición argentina del 14 de junio de 1982. La derrota aceleró el derrumbe del régimen. Leopoldo Galtieri dejó la presidencia y, tras un breve interinato, asumió el general Reynaldo Bignone. La crisis militar, la presión social y el descrédito internacional erosionaron definitivamente la capacidad de la dictadura para sostenerse.
9. La entrega del poder y el retorno a la democracia[editar]
Reynaldo Bignone, último presidente de facto, se vio obligado a convocar a elecciones por la falta de apoyo dentro del propio Ejército y la creciente presión de la opinión pública. El 30 de octubre de 1983 se celebraron las elecciones generales, y la democracia fue restaurada formalmente el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín juró como presidente ante la Asamblea Legislativa. Ese día asumieron también las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y las legislaturas provinciales. La fecha fue luego establecida oficialmente como Día de la Restauración de la Democracia. La Corte Suprema designada durante la dictadura había cesado dos días antes; la nueva Corte Suprema designada por Alfonsín con acuerdo del Senado asumió el 23 de diciembre.
10. Consecuencias, justicia y memoria[editar]
10.1. Juicio a las Juntas y leyes de impunidad[editar]
A partir de un decreto del presidente Alfonsín que ordenó enjuiciar a los líderes del Proceso, los integrantes de las tres primeras Juntas fueron juzgados en el histórico Juicio a las Juntas, que se desarrolló en 1985 y concluyó con condenas que fueron desde la prisión perpetua hasta penas menores para los responsables máximos. En 1989, el presidente Carlos Menem los indultó durante su primer año de gobierno, medida que fue muy controvertida. En 2005, la Corte Suprema argentina declaró inconstitucionales las leyes de amnistía, lo que permitió reanudar los juicios contra responsables de delitos durante la «guerra sucia».
10.2. Reapertura de causas y condenas[editar]
En la década de 2000 se reabrieron las causas contra numerosos represores. Casi todos los miembros supervivientes de la Junta que estaban en condiciones de ser juzgados terminaron cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad. Algunos casos emblemáticos:
- Adolfo Scilingo, oficial naval durante la dictadura, fue juzgado en España por su participación en los «vuelos de la muerte» y condenado en 2005 por crímenes de lesa humanidad. Su pena pasó de 640 a 1.084 años de prisión.
- Christian von Wernich, sacerdote católico y ex capellán de la Policía bonaerense, fue detenido en 2003, juzgado y condenado en 2007 a prisión perpetua por su complicidad en torturas.
- En septiembre de 2006, el comisario Miguel Etchecolatz fue condenado a perpetua por asesinatos, secuestros y torturas cometidos «en el marco del genocidio», en un fallo que fue precedente en la calificación jurídica del período.
- El 25 de marzo de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 1 de La Plata dictó sentencia en una causa por los crímenes cometidos en la red de centros clandestinos conocida como «Circuito Camps», incorporando explícitamente la categoría de genocidio al análisis judicial.
La CONADEP, creada en 1983, produjo el informe Nunca Más, que documentó el funcionamiento del aparato represivo y se convirtió en una fuente central para los procesos judiciales. Organismos como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo nacieron durante la dictadura y se consolidaron después de 1983 como actores centrales de la demanda de memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo fue instituido en la Argentina como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.[9] Sin embargo, la magnitud exacta de los crímenes sigue siendo objeto de debate, al igual que la responsabilidad de los actores civiles, eclesiásticos y mediáticos que colaboraron o prestaron tolerancia al régimen.
Aunque el nombre oficial fue «Proceso de Reorganización Nacional» y en los documentos de la época aparece como «dictadura militar», la investigación histórica y judicial posterior ha caracterizado al régimen como «dictadura cívico-militar» por la participación de civiles en la conspiración, en el gabinete económico, en la Corte Suprema y en la legitimación mediática y eclesiástica. Algunos autores hablan de dictadura «cívico-militar-eclesiástica» o «cívico-militar-eclesiástico-judicial» para subrayar el papel de la jerarquía católica y de magistrados. El disfemismo «Proceso» pasó a designar al régimen en el habla cotidiana. ↩︎
La calificación de los hechos como «genocidio» se basó, entre otros criterios, en la intención de destruir parcialmente a grupos definidos políticamente, sindicalmente o generacionalmente. En el fallo del Circuito Camps se adoptó la teoría de que esa parte debe ser «sustancial», ya sea por su número o por su impacto en la supervivencia del grupo. No existe una única postura doctrinaria sobre la aplicación del término, pero la jurisprudencia argentina lo ha empleado en varios fallos. ↩︎
La cifra de 481% corresponde al trabajo de Manuel A. Solanet, «Historia y causas de la inflación en la Argentina», presentado en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Otras mediciones pueden arrojar variaciones según la canasta y la metodología utilizadas. ↩︎
La detención de Menem en el contexto de la «Operación Bolsa» fue relatada por Ceferino Reato en Disposición final (2012). Menem era entonces dirigente peronista y ex gobernador de La Rioja; su carrera posterior lo convirtió en presidente de la Nación (1989–1999). ↩︎
El listado de presidentes interinos proviene de las reconstrucciones habituales del período, pero las fechas precisas de inicio y fin de los interinatos —en particular los de Horacio Tomás Liendo y Carlos Lacoste en 1981— deben contrastarse con fuentes editoriales o documentales específicas. ↩︎
La CONADEP documentó 8.961 casos, pero advirtió que el número real debía ser mayor. La referencia de «30.000 desaparecidos» es la cifra más utilizada por organismos de derechos humanos y por la prensa, y no debe leerse como un conteo judicial cerrado. ↩︎
La estimación de 60.000 muertes se refiere al conjunto de víctimas del Plan Cóndor en los países involucrados, no exclusivamente a la Argentina. Distintas fuentes ofrecen rangos amplios, y no existe un censo consolidado. ↩︎
La discusión sobre si el programa de Martínez de Hoz fue neoliberal, desarrollista o gradualista está planteada por autores como Jorge Schvarzer, Adolfo Canitrot, Alfredo Pucciarelli y Guido Galafassi, entre otros. Algunos señalan que el régimen estatizó empresas y mantuvo intervenciones que matizan la caracterización de «neoliberal». El propio ministro se presentó como gradualista. ↩︎
La conmemoración del 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue establecida formalmente en la Argentina. La fecha exacta de sanción de la norma correspondiente conviene verificarla con la legislación nacional vigente. ↩︎