Economía de Panamá

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Economía de Panamá
Moneda	Balboa (PAB, B/.) y dólar estadounidense (USD, $) de curso legal
Año fiscal	1 de enero – 31 de diciembre
Banco central	No existe banco central con funciones de emisión monetaria autónoma; el país opera bajo un sistema de dolarización plena desde 1904, con el Banco Nacional de Panamá como agente financiero del Estado y la Superintendencia de Bancos de Panamá como ente regulador del sistema bancario
PIB nominal	USD 83.382 millones (2023)
PIB per cápita nominal	USD 19.050 (2023)
PIB PPA	USD 190.531 millones (2023)
Crecimiento del PIB	6,2 % (2023)
Inflación anual	1,5 % (2023)
Población bajo la línea de pobreza	12,9 % (2023)
Desempleo	7,3 % (2023)
Exportaciones	USD 19.500 millones (2023)
Importaciones	USD 31.200 millones (2023)
Salario mínimo	B/. 636,80 mensuales en el distrito de Panamá (2024), con escalas diferenciadas por región y sector
IDH	0,820 (muy alto, puesto 57) (2022)
Coeficiente de Gini	49,2 (2023)

1. Visión general[editar]

La economía de Panamá presenta una de las estructuras más particulares de América Latina y el Caribe. Se trata de una economía terciarizada y dolarizada, cuyo motor principal es el sector de servicios —en particular los vinculados al tránsito interoceánico, la logística, las finanzas y el comercio internacional—, que concentra alrededor del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) desde hace décadas. Esta configuración es heredera directa de la posición geográfica del istmo panameño y de las decisiones institucionales que hicieron de Panamá un nodo del intercambio global.

La economía panameña ha exhibido, durante buena parte del siglo XXI, tasas de crecimiento económico superiores al promedio de la región. Entre 2004 y 2019, el PIB real creció a un ritmo medio anual cercano al 6 %, con picos que superaron el 10 % en algunos ejercicios como el de 2007–2008.^[1] Esta expansión estuvo apoyada por un fuerte influjo de inversión extranjera directa, un ambicioso plan de infraestructuras públicas —que incluyó la ampliación del Canal de Panamá, la construcción de la primera línea del metro de la capital, la Cinta Costera y la modernización de puertos y aeropuertos— y la consolidación del país como plataforma regional de servicios financieros y logísticos.

La pandemia de COVID-19 supuso la contracción más severa de la historia económica panameña, con una caída del PIB estimada en 17,9 % en 2020 —la más profunda de toda América Latina aquel año—. La recuperación fue, sin embargo, vigorosa: en 2021 el rebote superó el 15 %, y en 2023 el país había recuperado ya los niveles de actividad económica previos a la crisis sanitaria. Esa capacidad de absorción y repunte es, en buena medida, resultado del perfil abierto y dolarizado de la economía, que le confiere flexibilidad en los ajustes externos, aunque al costo de renunciar a la política monetaria autónoma.

Los desafíos estructurales persisten pese a los indicadores macroeconómicos positivos. Panamá mantiene una desigualdad de ingresos pronunciada, con un coeficiente de Gini que ha oscilado históricamente por encima de 0,45 —un valor alto para estándares regionales, aunque con tendencia a la baja—, y el mercado laboral se caracteriza por una dualidad entre un sector formal vinculado a las grandes plataformas de servicios y una amplia economía informal que afecta especialmente a las provincias no metropolitanas y a las comarcas indígenas. El debate público panameño sobre la economía combina casi siempre el orgullo por el dinamismo del corredor transístmico con la preocupación por la sostenibilidad financiera del Estado, la calidad del empleo y la presión sobre los recursos naturales, en particular el agua, de la que depende de modo crítico la operación del Canal.

2. Modelo económico y régimen monetario[editar]

Panamá constituye un caso singular en América Latina por la combinación de un modelo económico eminentemente abierto y un régimen monetario que prescinde de banco central emisor. La economía panameña funciona, desde 1904, bajo un esquema de dolarización plena, formalizado mediante el Convenio Monetario suscrito ese mismo año entre la recién nacida República de Panamá y los Estados Unidos.^[2] Bajo este arreglo, el dólar estadounidense circula con pleno curso legal y la moneda nacional —el balboa— existe únicamente en forma de moneda fraccionaria, emitida por el gobierno panameño y a la par fija con el dólar (1 balboa = 1 dólar estadounidense).

La ausencia de banco central priva a Panamá de instrumentos de política monetaria convencionales —no puede fijar tasas de interés de referencia ni emitir moneda para financiar déficits fiscales—, pero al mismo tiempo blinda a la economía frente a crisis de balanza de pagos y devaluaciones bruscas. La inflación panameña ha sido, de modo consistente, una de las más bajas de América Latina, con promedios anuales inferiores al 3 % durante la mayor parte de las últimas tres décadas, y en varios ejercicios por debajo de la inflación estadounidense, lo que refleja la importación de la estabilidad de precios del país emisor y la presión deflacionaria de una economía de servicios muy abierta y expuesta a la competencia internacional.

El sistema financiero panameño goza de un carácter marcadamente internacionalizado. La Ley Bancaria de 1970 —reformada en 1998 y en 2008— estableció un marco de supervisión moderna y un régimen de licencias que distingue entre bancos de licencia general, bancos de licencia internacional y oficinas de representación, favoreciendo la instalación de entidades extranjeras que operan desde Panamá hacia toda la región. El Centro Bancario Internacional de Panamá llegó a albergar más de 90 bancos a finales de la década de 2010, aunque los procesos de consolidación y las exigencias de transparencia global —en particular las listas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)— han reducido ese número desde entonces.

El mercado laboral del sector financiero y de servicios conexos ha sido tradicionalmente uno de los de mayor productividad y remuneración media del país, aunque con una capacidad de absorción de empleo limitada. A su vez, la economía dolarizada impone un tipo de cambio real rígido que dificulta ajustes de competitividad externa distintos al control de costos internos y a la mejora de la productividad. Esto explica el énfasis constante de las autoridades económicas panameñas en la inversión en infraestructura logística, la educación técnica y la atracción de inversión extranjera directa como motores de ganancias de eficiencia.

3. El Canal de Panamá y su rol económico[editar]

El Canal de Panamá es el activo estratégico por antonomasia de la economía panameña. Su contribución fiscal directa —por medio de los excedentes que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) transfiere al Tesoro Nacional cada año— ha representado en ejercicios recientes entre un 2 % y un 4 % del PIB. A ello se suman los aportes indirectos: la operación del Canal genera actividades en servicios portuarios, agenciamiento marítimo, transporte terrestre, almacenaje, zonas francas, seguros y servicios financieros que constituyen el núcleo del conglomerado logístico panameño conocido como el «hub logístico de las Américas».

La ampliación del Canal, inaugurada el 26 de junio de 2016, representó una de las obras de ingeniería civil más grandes de la primera mitad del siglo XXI. Las nuevas esclusas de Cocolí (Pacífico) y Agua Clara (Atlántico) permitieron el paso de buques de clase Neopanamax, con capacidad superior a los 12.000 TEU —frente al límite de 5.000 TEU de las esclusas originales—, y duplicaron la capacidad teórica de tonelaje de la vía interoceánica en el largo plazo. El costo oficial de la ampliación fue de 5.250 millones de dólares, financiados en buena medida con los propios flujos de caja de la ACP y con créditos de organismos multilaterales y bancos comerciales internacionales.

El tráfico por el Canal ha mostrado una sensibilidad creciente a los ciclos del comercio mundial y a la disponibilidad de agua en la cuenca del Canal. La crisis hídrica de 2023–2024, asociada a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, obligó a la ACP a reducir el calado máximo autorizado y el número de tránsitos diarios, afectando tanto los ingresos por peajes como la reputación de fiabilidad de la ruta.^[3] La dependencia del Canal de las lluvias que alimentan el lago Gatún —que abastece de agua a las esclusas y, al mismo tiempo, a la población del área metropolitana de la capital— ha situado la seguridad hídrica en el centro del debate económico y de inversión pública en Panamá, con proyectos de embalses adicionales, reforestación de la cuenca y eventuales soluciones de ingeniería para el uso de agua reciclada.

4. Centro financiero y servicios internacionales[editar]

Panamá es un centro financiero de dimensión latinoamericana. El Centro Bancario Internacional de Panamá comenzó a consolidarse a partir de la reforma de la Ley Bancaria de 1970 y encontró un impulso adicional con la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980, cuando la banca panameña operó como plataforma para la canalización de capitales regionales y como refugio en un entorno de inestabilidad cambiaria en muchos países del continente.

La estructura financiera panameña ha atravesado varias transformaciones normativas sustanciales en respuesta a las presiones internacionales en materia de transparencia fiscal y prevención del blanqueo de capitales. En 2014, la OCDE incluyó a Panamá en su lista de jurisdicciones no cooperantes, lo que desencadenó una aceleración de las reformas legislativas que incluyeron la Ley 23 de 2015 —conocida como de «intercambio automático de información»—, la Ley 254 de 2021 y un endurecimiento significativo de los requisitos de debida diligencia para las entidades financieras y los agentes residentes que administran sociedades anónimas. Panamá fue retirada de la lista de la OCDE en 2017, aunque ha permanecido bajo monitoreo periódico.

Pese a esos ajustes institucionales, la legislación panameña conserva ventajas competitivas para ciertos segmentos de servicios financieros internacionales: la banca privada, la administración de patrimonios, el reaseguro cautivo y, sobre todo, la actividad de las zonas francas y los regímenes especiales —Zona Libre de Colón, sedes de multinacionales (régimen SEM), Ciudad del Saber y Panamá Pacífico—, que se analizan en las secciones siguientes.

La presencia de entidades multilaterales en la capital panameña —entre ellas la oficina regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la sede iberoamericana del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la representación del Fondo Monetario Internacional (FMI)— refuerza el posicionamiento de Panamá como plataforma de servicios profesionales, consultoría y banca de inversión con proyección sobre toda la región.

5. Zona Libre de Colón[editar]

La Zona Libre de Colón, creada en 1948, constituye la mayor zona franca del hemisferio occidental en volumen de comercio. Localizada en la ciudad de Colón, en la entrada atlántica del Canal, la Zona Libre opera como un centro de reexportación de mercancías —electrónica, textiles, calzado, perfumería, licores, medicamentos— que llegan desde los principales centros manufactureros del mundo, particularmente de Asia, y se redistribuyen hacia América Latina y el Caribe sin pagar aranceles panameños.

El volumen de transacciones de la Zona Libre de Colón ha fluctuado en las últimas dos décadas entre los 10.000 y los 30.000 millones de dólares anuales. Alcanzó un pico en 2012, superando los 30.000 millones de dólares, y experimentó un declive marcado a partir de 2013–2014, en parte por la desaceleración de economías sudamericanas clave —Venezuela en particular, que era uno de sus principales clientes—, y en parte por la creciente competencia de zonas francas en otros países y por cambios en las políticas arancelarias de los países de destino. En años recientes, la Zona Libre ha mostrado una recuperación modesta, apoyada en parte por el auge del comercio electrónico transfronterizo y por la diversificación hacia nuevos mercados centroamericanos y caribeños.

La Zona Libre es, junto con el Canal, uno de los dos puntales del modelo logístico panameño. Aporta empleo indirecto a miles de trabajadores en Colón y áreas aledañas, aunque persisten tensiones sociales relacionadas con la distribución de esos beneficios —históricamente concentrados en un sector empresarial reducido— y con la elevada tasa de desempleo y pobreza de la ciudad de Colón, que contrasta llamativamente con la riqueza que transita por sus puertos y depósitos francos.

6. Hub logístico: puertos, ferrocarril y aeropuertos[editar]

Panamá ha desarrollado, en paralelo al Canal y a la Zona Libre de Colón, un ecosistema portuario que lo ha convertido en el primer centro de trasbordo de contenedores de América Latina. Los cinco grandes puertos de contenedores del país —Balboa (operado por Hutchison Ports, en el Pacífico), Cristóbal y el puerto de Manzanillo (operado por SSA Marine, en el Atlántico), y los más recientes PSA Panamá International Terminal (en la antigua base militar de Rodman, Pacífico) y la terminal de contenedores de Corozal— movían, antes de la pandemia, más de 7 millones de TEU al año, una cifra que no igualaba ningún otro país de la región en ese momento.

El Ferrocarril de Panamá, reconstruido y modernizado entre 2000 y 2001 por un consorcio de Kansas City Southern y Mi‑Jack Products, corre a lo largo de 76 kilómetros entre los océanos Atlántico y Pacífico, transportando tanto carga contenerizada como pasajeros de cruceros en un trayecto de aproximadamente una hora. La línea férrea opera como un complemento del Canal, ofreciendo una ruta terrestre para contenedores cuando la vía acuática tiene restricciones de tránsito o para cargas que requieren rapidez en la transferencia interoceánica.

Panamá cuenta con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que opera como el principal centro de conexiones aéreas de América Central y uno de los más dinámicos de América Latina —el llamado «Hub de las Américas»—. La aerolínea Copa Airlines, que tiene su base en Tocumen, conecta más de 80 destinos en América, el Caribe y, recientemente, ciudades de los Estados Unidos con una flota moderna que hace de Panamá un nodo de tránsito aéreo comparable en magnitud relativa, para la región, al rol de Dubái en Medio Oriente o Singapur en el Sudeste Asiático. La expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen —con la Terminal 2, inaugurada en 2023— ha incrementado la capacidad de pasajeros y carga aérea, consolidando un sector de servicios aeroportuarios y logística de carga aérea que es complementario de las infraestructuras marítimas.

7. Sectores primarios: agricultura, ganadería y pesca[editar]

El sector agropecuario panameño ha perdido peso relativo en el PIB de forma continua desde la segunda mitad del siglo XX, siguiendo un patrón de terciarización común a economías abiertas con fuerte inserción en el comercio internacional de servicios. La agricultura y la ganadería representan conjuntamente menos del 3 % del PIB, aunque conservan una importancia social y política significativa, ya que emplean alrededor del 15 % de la población ocupada, con una presencia especialmente notable en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé.

Los principales cultivos de exportación son el banano, la piña (en particular la variedad MD-2 o «piña dulce»), el azúcar de caña y el café de altura, en particular el producido en las tierras altas de Chiriquí, cuya calidad ha sido reconocida en certámenes internacionales de cafés especiales. La producción bananera panameña, históricamente concentrada en Bocas del Toro y, en menor medida, en la región de Barú, está dominada por empresas de capital extranjero que operan bajo contratos de exportación hacia mercados europeos y norteamericanos. El arroz, el maíz y los frijoles son los principales cultivos de consumo interno, protegiendo al país parcialmente de las fluctuaciones de precios internacionales de los granos básicos, aunque Panamá sigue siendo deficitario en la producción de alimentos básicos y recurre a importaciones para satisfacer la demanda nacional de arroz y maíz.

La ganadería bovina de Carne tiene su epicentro en las sabanas de la región central —provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera— y en la provincia de Chiriquí. La producción avícola, altamente tecnificada y concentrada cerca de la capital y en el oeste, cubre prácticamente toda la demanda nacional y, junto con el sector porcino, ha experimentado procesos de integración vertical en manos de los grandes grupos empresariales alimentarios del país.

La pesca, tanto artesanal como industrial, constituye una fuente relevante de divisas, con exportaciones de camarón, atún y harina de pescado. La acuicultura de camarón en estanques, concentrada en la costa del Pacífico —particularmente en las provincias de Coclé y Los Santos—, ha sido un rubro dinámico aunque volátil, afectado periódicamente por brotes de enfermedades víricas y por la competencia asiática. La pesca pelágica de atún tiene su base en la terminal pesquera de Vacamonte y en los puertos del Pacífico panameño, y abastece tanto al mercado interno como a las plantas de procesamiento para exportación.

8. Industria y manufactura[editar]

El sector manufacturero panameño, al igual que el agropecuario, ha cedido participación en el PIB a lo largo de las últimas décadas, situándose en un rango del 5 % al 7 % del producto.

El régimen de Panamá Pacífico, establecido en la antigua base aérea estadounidense de Howard —revertida a Panamá en 1999—, ha atraído inversión en manufactura ligera, servicios logísticos de valor agregado y centros de distribución regional. Empresas multinacionales de sectores como el farmacéutico, el de dispositivos médicos y el de productos de consumo han instalado en Panamá Pacífico operaciones de manufactura o de ensamblaje final, beneficiándose de los incentivos fiscales y de la conectividad aérea y marítima del país.

La producción de materiales de construcción y cemento merece una mención particular, porque el auge de las obras de infraestructura entre 2010 y 2019 —ampliación del Canal, construcción del metro de Panamá, renovación urbana de la capital y desarrollo de grandes proyectos residenciales y comerciales— creó una demanda interna extraordinaria que impulsó la instalación y ampliación de plantas cementeras por parte de empresas como Cemex (México), Argos (Colombia) y Cemento Interoceánico (grupo Cemex). Con el fin del auge constructor, el sector ha atravesado un ajuste y una reconversión parcial hacia la exportación de cemento y clínker a mercados centroamericanos y caribeños.

Aunque el cooperativismo no tiene en Panamá la dimensión de países como Costa Rica o el País Vasco, representa un componente estructural de ciertos segmentos del sector primario y del ahorro popular.

En el sector productivo, las cooperativas agropecuarias juegan un papel en la producción y comercialización de café en las tierras altas de Chiriquí, donde los pequeños productores organizados han logrado acceso directo a mercados de café de especialidad en Europa y los Estados Unidos. El modelo cooperativo también tiene presencia en la producción de leche y derivados lácteos en la región de Chiriquí y en la producción de miel en áreas rurales de las provincias centrales. La economía social panameña recibe apoyos del Estado en forma de líneas de crédito preferenciales, aunque su escala absoluta sigue siendo modesta en comparación con la economía formal de servicios.

10. Empleo, informalidad y desigualdad[editar]

El mercado laboral panameño refleja, con nitidez, los contrastes de la economía del istmo. La tasa de desempleo ha oscilado históricamente entre el 5 % y el 9 %, con una fuerte sensibilidad al ciclo económico y una acentuada diferencia entre áreas metropolitanas y rurales.

Las diferencias salariales entre regiones son marcadas. El salario mínimo se fija por ley y se gradúa por sector de actividad y por región, con dos grandes escalas: una para el área metropolitana y sectores de alta productividad, y otra para el resto del país. En 2024, el abanico iba desde alrededor de B/. 300 mensuales en actividades agropecuarias en las regiones más alejadas hasta B/. 636,80 en la capital y en actividades de servicios especializados.

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, ha mejorado en la última década —desde valores superiores a 0,55 en los primeros años del siglo XXI hasta cifras cercanas a 0,49 en 2023—, pero sigue siendo elevada en el contexto del desarrollo humano relativo que Panamá exhibe. públicas de transferencias monetarias condicionadas, iniciadas con la Red de Oportunidades y continuadas con el programa Panamá Solidario, y más recientemente con el vale digital, han buscado atenuar la pobreza extrema, aunque los estudios de evaluación de impacto sugieren que su incidencia sobre la desigualdad de largo plazo es limitada sin reformas estructurales en los sistemas de educación, salud y seguridad social.

11. Comercio exterior y socios comerciales[editar]

El comercio exterior panameño comparte con el de otras economías abiertas pequeñas un déficit comercial crónico en la balanza de bienes — las importaciones de mercancías superan estructuralmente a las exportaciones de bienes— compensado por un superávit en la balanza de servicios, en la que el Canal, los puertos, la Zona Libre, el turismo y los servicios financieros y logísticos registran saldos netos positivos abrumadores. La integración de Panamá en las cadenas mundiales de suministro y en el comercio de servicios explica que el saldo global de la cuenta corriente, aunque deficitario en algunos ejercicios, no haya generado tensiones externas de consideración desde la crisis de la deuda de la década de 1980.

Los principales socios comerciales de Panamá en el intercambio de bienes son los Estados Unidos, la República Popular China, los países de la Unión Europea y los vecinos centroamericanos —particularmente Costa Rica—, así como Colombia y México. La entrada en vigor del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos en 2012 consolidó el acceso preferencial al mercado estadounidense para un número limitado de exportaciones panameñas, aunque los flujos de inversión extranjera directa desde los Estados Unidos hacia Panamá, concentrados en el sector financiero y logístico, son probablemente más relevantes que los flujos de bienes en términos de impacto económico.

La relación económica con China ha adquirido una proyección creciente desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2017 y la firma de un memorando de entendimiento sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta en ese mismo año. Empresas chinas han participado como contratistas de grandes obras públicas —en particular en el sector energético y en el cuarto puente sobre el Canal—, y la inversión china se ha extendido a sectores como la minería y la logística. La presencia comercial china en la Zona Libre de Colón había sido, de hecho, uno de los pilares de su volumen de transacciones desde décadas antes del establecimiento de vínculos diplomáticos formales entre ambos países.

En el ámbito latinoamericano, Panamá ha sido un activo promotor de la integración comercial, como lo atestigua su pertenencia al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a la Asociación de Estados del Caribe y al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Sin embargo, la economía panameña no forma parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA) en lo relativo al arancel externo común, precisamente porque su modelo de desarrollo se basa más en la apertura unilateral y en la competencia de plataformas de servicios que en la integración regional agrícola e industrial.

12. Minería, energía y transición ambiental[editar]

La minería metálica ha adquirido una relevancia económica y política de primer orden en Panamá a partir de la segunda década del siglo XXI, en particular tras la entrada en producción de la mina de cobre a cielo abierto conocida como Cobre Panamá, operada por la empresa Minera Panamá, filial del grupo canadiense First Quantum Minerals. La mina, ubicada en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, se convirtió en la mayor inversión privada en la historia del país, con un costo de construcción superior a los 6.500 millones de dólares. El cobre elevó de golpe las exportaciones de bienes de Panamá, representando por sí sola entre un 4 % y un 5 % del PIB en los años de mayor producción, y situó al país como un exportador relevante de cobre a escala mundial, con destino principal a los mercados asiáticos.

La explotación minera generó, sin embargo, un encendido debate nacional sobre el balance entre los ingresos fiscales y los impactos ambientales y sociales. El contrato de concesión original entre el Estado panameño y Minera Panamá, firmado en 1997 y modificado en varias ocasiones posteriores, fue objeto de impugnaciones constitucionales y de una fuerte presión de organizaciones ambientales y movimientos ciudadanos que cuestionaban tanto los términos fiscales del acuerdo como los riesgos para los recursos hídricos, la biodiversidad y las comunidades campesinas e indígenas de la región. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión y, poco después, el gobierno panameño ordenó el cierre ordenado de la mina. significativos de la década en Panamá y puso en primer plano el dilema entre diversificación económica y sostenibilidad ambiental.

La matriz energética panameña ha experimentado una transformación silenciosa pero notable en los últimos quince años. La generación hidroeléctrica sigue siendo la fuente dominante, con una contribución que oscila históricamente entre el 50 % y el 70 % de la generación total según la pluviosidad del año, pero la irrupción de las energías renovables no convencionales —en particular la energía solar fotovoltaica y la eólica— ha modificado el panorama. Panamá cuenta con varios parques eólicos en operación en las provincias de Coclé y Chiriquí, y con plantas solares de mediana escala conectadas a la red nacional. suministrador de energía limpia en la región, aunque enfrenta los retos de una red de transmisión que requiere ampliaciones para absorber una generación renovable intermitente creciente.

Panamá ostenta uno de los más altos porcentajes de cobertura boscosa de América Central —alrededor del 60 % del territorio—, y su biodiversidad, concentrada en parques nacionales y áreas protegidas que recorren el país de frontera a frontera, es un activo económico vinculado a una industria turística de alto valor. La economía ambiental panameña se encuentra, sin embargo, en una encrucijada: la presión urbana sobre la cuenca del Canal, la extracción de recursos en áreas sensibles y las tensiones por el uso del agua entre los sectores residencial, agropecuario, industrial y de tránsito interoceánico obligan a hacer compatibles un modelo de desarrollo intensivo en infraestructura con una conservación ambiental que no es solo un imperativo ético, sino una condición de viabilidad del propio modelo económico —el Canal no puede operar sin agua suficiente y de calidad.

13. Sector turismo[editar]

El turismo se ha consolidado como uno de los sectores de servicios más dinámicos de la economía panameña, con una contribución directa e indirecta cuya medición varía según se incluyan o no el transporte aéreo y los servicios de restauración y entretenimiento asociados. La oferta turística panameña es inusualmente diversa para un país de su tamaño: combina el turismo de ciudad —con el Casco Antiguo de la capital, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y el perfil moderno de los rascacielos de Punta Pacífica y Costa del Este— con el ecoturismo de playas en ambas costas, el avistamiento de aves —Panamá alberga más de mil especies—, el turismo de aventura en las montañas de Chiriquí, el buceo en Bocas del Toro y Coiba, y el turismo de cruceros, que utiliza tanto el Canal como el puerto de cruceros en la entrada del Pacífico y las terminales de Colón como puntos de escala y embarque.

La pandemia de COVID-19 representó un golpe severo para el sector, con el cierre completo del Aeropuerto de Tocumen y de los vuelos internacionales durante varios meses de 2020 y 2021. La reactivación ha sido vigorosa en términos de llegadas de turistas, con récords históricos de visitantes alcanzados en 2023 y 2024, aunque la composición del gasto turístico ha cambiado, con una mayor afluencia de visitantes regionales y una recuperación más lenta del segmento de turismo de lujo procedente de Europa y Norteamérica.

El turismo de compras, impulsado por la dolarización y por la presencia de grandes centros comerciales —Albrook Mall, Multiplaza, AltaPlaza, entre otros—, atrae a visitantes de países vecinos, en particular de Costa Rica, Colombia y el Caribe, y opera como un factor de estabilización de la demanda turística incluso en temporadas bajas. La conectividad aérea de Copa Airlines desempeña un papel central en este ecosistema, haciendo de Panamá una puerta de entrada para viajeros que combinan el istmo con otros destinos regionales.

14. Finanzas públicas, deuda y calificación crediticia[editar]

Las finanzas públicas panameñas han sido, históricamente, un área de gestión cuidadosa comparada con la de otros países de la región. La ausencia de banco central y de moneda propia impone una restricción presupuestaria rígida: el gobierno no puede financiar déficits emitiendo moneda, y la existencia de un marco legal de responsabilidad fiscal —formalizado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal de 2008 y reforzado con la Ley 34 de 2020— ha limitado, al menos en términos formales, la discrecionalidad del gasto. Como resultado, Panamá ha mantenido, durante la mayor parte de las últimas dos décadas, un grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo —Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch—, un estatus relativamente inusual en América Latina.

La pandemia rompió ese patrón de estabilidad. El desplome de los ingresos fiscales en 2020, combinado con el gasto público de emergencia para sostener los programas sociales y sanitarios, elevó el déficit fiscal a niveles superiores al 10 % del PIB en ese ejercicio, y la deuda pública consolidada aumentó de alrededor del 40 % del PIB en 2019 a cifras cercanas al 60 % en los años siguientes. Panamá el grado de inversión, una decisión que tuvo fuertes repercusiones en el debate político y que aceleró la aprobación de una reforma tributaria y de medidas de contención del gasto. Moody’s y S&P mantuvieron al país en grado de inversión, aunque con perspectivas revisadas.

La estructura de los ingresos fiscales panameños está relativamente menos basada en impuestos directos que en los de muchos países desarrollados, con una dependencia importante del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS, el equivalente al IVA) y de los dividendos e ingresos provenientes de las entidades públicas, incluyendo la ACP. El sistema tributario ha sido objeto de reformas periódicas que buscan equilibrar la suficiencia recaudatoria con la competitividad internacional del país como plataforma de servicios, lo que genera tensiones recurrentes en la agenda legislativa.

15. Perspectivas y desafíos[editar]

La economía panameña encara la segunda mitad de la década de 2020 con una mezcla de ventajas estructurales y retos de gran calado. Entre las ventajas, destacan la posición geográfica, la infraestructura logística ya instalada, la dolarización como ancla de estabilidad de precios, un sistema financiero internacionalizado que sigue siendo uno de los más sofisticados de América Latina, y una red de conectividad aérea que pocos países de tamaño comparable pueden ofrecer.

Entre los desafíos, los más acuciantes son:

Seguridad hídrica: la operación del Canal, el abastecimiento de agua potable para la población metropolitana y la sostenibilidad de la agricultura dependen de un régimen de lluvias que el cambio climático ha tornado más errático y, en ocasiones, severamente deficitario. Las inversiones en sistemas de almacenamiento, reforestación y uso eficiente del agua serán determinantes para la viabilidad del modelo económico en las próximas décadas.
Desigualdad territorial y social: Panamá no ha logrado traducir el dinamismo del corredor transístmico en desarrollo homogéneo para las provincias no metropolitanas y para los pueblos originarios. Las tasas de pobreza en las comarcas indígenas —Ngäbe‑Buglé, Guna Yala y Emberá‑Wounaan— son varias veces superiores al promedio nacional, y la desconexión entre un sector moderno de servicios globalizado y una economía rural de baja productividad sigue siendo el principal desafío distributivo del país.
Sostenibilidad fiscal: el aumento de la deuda pública, el costo de las pensiones del sistema de Seguro Social —que enfrenta presiones actuariales crecientes— y la necesidad de financiar un sistema de salud y educación de calidad en un país con crecientes expectativas ciudadanas configuran un escenario de estrechez fiscal que probablemente requerirá reformas estructurales en la próxima administración.
Minería y transición ecológica: el cierre de la mina Cobre Panamá ha dejado un vacío en las cuentas externas y fiscales que no ha sido aún compensado por otros sectores. La decisión de cerrar la explotación minera más grande del país abre interrogantes sobre las fuentes alternativas de crecimiento, empleo e ingresos fiscales en el mediano plazo.
Competencia logística global: la ventaja comparativa del Canal de Panamá, aunque sólida, no es inmutable. Las rutas alternativas —en particular el Canal de Suez, las vías marítimas del Ártico que el calentamiento global podría hacer más transitables, y los proyectos terrestres centroamericanos y mexicanos— obligan a Panamá a invertir constantemente en mantener la eficiencia, la fiabilidad y la adaptación tecnológica de su oferta logística.

Pese a esos desafíos, la resiliencia histórica de la economía panameña —que ha atravesado conflictos geopolíticos, crisis financieras internacionales, la reversión del Canal y la pandemia— sugiere que el país dispone de las instituciones y del capital humano necesarios para gestionar las transiciones que se avecinan, siempre que logre conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad social y ambiental.

El período de mayor dinamismo económico coincidió con la administración del presidente Martín Torrijos (2004–2009) y la primera mitad del gobierno de Ricardo Martinelli (2009–2014), aunque el auge se prolongó, con menor intensidad, hasta la irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020. ↩︎
El Convenio Monetario de 1904 estableció el dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal en Panamá. La Constitución de 1904, en su artículo 118, dispuso que el balboa sería la unidad monetaria nacional, manteniendo la equivalencia fija con el dólar, patrón que fue ratificado por todas las constituciones posteriores y por la Ley 84 de 1904. ↩︎
En octubre de 2023, la ACP redujo el número de tránsitos diarios de 36 a 32, y luego a 24 en noviembre de 2023, con una recuperación gradual a 36 tránsitos hacia mediados de 2024. El calado máximo autorizado se redujo, en el momento más agudo, de 15,24 metros a 13,4 metros, forzando a algunas navieras a rutas alternativas o a aligerar la carga. ↩︎