Inquisición española
| Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición | |
|---|---|
| Nombre oficial | Consejo de la Suprema y General Inquisición |
| Tipo | Tribunal eclesiástico bajo control de la Corona |
| Fundación | 1 de noviembre de 1478 (bula Exigit sincerae devotionis) |
| Primer inquisidor general | Tomás de Torquemada (1483) |
| Sede central | Madrid (Consejo de la Suprema) |
| Jurisdicción | Corona de Castilla, Corona de Aragón (desde 1483), virreinatos americanos, posesiones mediterráneas |
| Abolición definitiva | 15 de julio de 1834 (regencia de María Cristina) |
| Precedida por | Inquisición pontificia medieval |
| Período activo | 1478 – 1834 (356 años) |
1. Resumen[editar]
El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, conocido comúnmente como Inquisición española, fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con la autorización del papa Sixto IV mediante la bula Exigit sincerae devotionis[1]. A diferencia de la Inquisición pontificia medieval, que dependía directamente de Roma, la Inquisición española operó bajo el control de la monarquía hispánica a través del Consejo de la Suprema y General Inquisición, y extendió su jurisdicción sobre todos los territorios de la Corona española, incluyendo los virreinatos americanos, durante más de tres siglos.
Su propósito declarado fue combatir la herejía y mantener la pureza de la fe católica, pero desde sus inicios funcionó como un instrumento político, social y religioso de gran alcance. Su actuación más célebre y controvertida fue la persecución de los judeoconversos —judíos convertidos al cristianismo— sospechosos de judaizar en secreto, un fenómeno que la historiografía denomina criptojudaísmo. Con el tiempo, amplió su foco hacia los moriscos (musulmanes convertidos), los protestantes —especialmente durante la Reforma y la Contrarreforma— y otros grupos considerados disidentes.
La Inquisición desarrolló un sistema procesal propio, caracterizado por el secreto de las acusaciones, la incomunicación del reo, el uso del tormento regulado como medio de prueba y una compleja maquinaria burocrática que documentaba cada paso del procedimiento. Las penas podían ir desde penitencias espirituales y confiscación de bienes hasta la prisión perpetua y, en los casos más graves, la relajación al brazo secular, que implicaba la ejecución del condenado en la hoguera durante los llamados autos de fe.
Durante siglos, la institución generó un profundo impacto en la sociedad española, moldeando actitudes culturales, incentivando la delación y contribuyendo a la limpieza de sangre como criterio de distinción social. Fue abolida y restaurada en varias ocasiones durante el convulso siglo XIX español, hasta su supresión definitiva en 1834. El debate sobre el número real de sus víctimas, la naturaleza de sus procedimientos y su papel en el declive del poderío español sigue siendo un campo vivo de controversia historiográfica[2].
2. Contexto histórico[editar]
La 
España de finales del siglo XV era un territorio marcado por la coexistencia —a menudo tensa— de tres grandes comunidades religiosas: cristianos, judíos y musulmanes. La convivencia, idealizada por algunos historiadores bajo el término de "la España de las tres culturas", había sido en realidad un fenómeno intermitente, salpicado de estallidos de violencia antijudía como los pogromos de 1391, que provocaron oleadas masivas de conversiones forzosas al cristianismo. Estos nuevos cristianos, o conversos, se integraron rápidamente en la sociedad, alcanzando posiciones de influencia en la administración, la banca e incluso la jerarquía eclesiástica. Su éxito despertó recelos entre los llamados cristianos viejos, que empezaron a cuestionar la sinceridad de su fe y a atribuir su ascenso social a prácticas criptojudías[3].
En Castilla, la inestabilidad política y las luchas nobiliarias del reinado de Enrique IV habían debilitado la autoridad real. Isabel, al asegurar el trono tras la Guerra de Sucesión Castellana (1475–1479), buscó consolidar el poder monárquico y forjar una unidad religiosa que sirviera de base a la unidad política. La creación de un tribunal inquisitorial bajo autoridad de la Corona —y no enteramente bajo la del Papa— ofrecía un doble beneficio: permitía perseguir la herejía sin las limitaciones de los tribunales episcopales, y al mismo tiempo proporcionaba un instrumento de control que operaba por encima de los fueros locales y las jurisdicciones señoriales[4].
La bula fundacional, Exigit sincerae devotionis, promulgada por Sixto IV el 1 de noviembre de 1478, concedió a los reyes la facultad de nombrar a los inquisidores, una prerrogativa que tradicionalmente había correspondido a la Santa Sede. El pontífice, presionado políticamente, pronto intentó revocar parcialmente su concesión ante las noticias de abusos, pero para entonces la maquinaria inquisitorial ya operaba de forma autónoma bajo la firme dirección de la Corona[5].
3. Historia[editar]
3.1. Antecedentes medievales[editar]
Antes de 1478 existieron formas de inquisición en los reinos hispánicos. La Inquisición pontificia había sido instituida en el siglo XIII por el papa Gregorio IX para combatir la herejía cátara y valdense en el sur de Francia y el norte de Italia. En la Corona de Aragón funcionó un tribunal inquisitorial desde 1232[sin verificar], bajo dependencia directa de Roma, que persiguió a herejes y, ocasionalmente, a judíos conversos. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XV su actividad era residual. En Castilla, la inquisición episcopal —ejercida por los obispos en sus diócesis— tenía un alcance limitado y carecía de la estructura centralizada que caracterizaría al nuevo tribunal[6].
3.2. Establecimiento y era de Torquemada (1478–1498)[editar]
Los primeros inquisidores, designados en 1480, comenzaron a actuar en Sevilla, donde las denuncias de criptojudaísmo eran particularmente intensas. La resistencia de la población conversa llevó a que muchos huyeran a las tierras de señorío o al extranjero. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481, con seis personas ejecutadas.
En 1483 los Reyes Católicos nombraron inquisidor general a Tomás de Torquemada, fraile dominico y confesor de la reina Isabel. Bajo su liderazgo, la institución se expandió rápidamente. Se crearon tribunales en las principales ciudades: Córdoba, 
Toledo, Valladolid, 
Zaragoza, Barcelona, Valencia y otras plazas. Torquemada elaboró las primeras Instrucciones (1484 y 1485), que codificaron los procedimientos inquisitoriales y establecieron los llamados "tiempos de gracia", durante los cuales quienes se denunciaran voluntariamente podían reconciliarse con penas leves.
La presión inquisitorial fue uno de los factores que condujeron al Decreto de la Alhambra de 31 de marzo de 1492, por el que los judíos que rechazaran la conversión fueron expulsados de los reinos de Castilla y Aragón. Las estimaciones sobre el número de expulsados varían enormemente, desde los 50.000 hasta los 200.000, y constituyó un trauma demográfico y cultural de primera magnitud[7].
3.3. Expansión y apogeo en el siglo XVI[editar]
A la muerte de Torquemada en 1498 le sucedió Diego de Deza, y después el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien reforzó el papel de la Inquisición como brazo de la reforma religiosa. Durante las primeras décadas del siglo XVI, conforme la población judía había sido expulsada o bautizada forzosamente, el foco se desplazó hacia otros grupos.
La conquista del reino de Granada en 1492 había incorporado una numerosa población musulmana. Inicialmente, las capitulaciones garantizaron la libertad de culto, pero las presiones para la conversión aumentaron hasta provocar la Rebelión de las Alpujarras (1499–1501). Las conversiones masivas dieron origen a una nueva categoría de sospechosos: los moriscos, musulmanes bautizados de cuya sinceridad religiosa se desconfiaba sistemáticamente.
La Reforma protestante, iniciada en 1517, convirtió la herejía en una amenaza de escala continental. Aunque el protestantismo tuvo un arraigo limitado en España —con focos efímeros en Sevilla y Valladolid hacia 1558–1559—, la respuesta inquisitorial fue feroz. Los autos de fe de Valladolid (mayo y octubre de 1559) y Sevilla (diciembre de 1560) aniquilaron los núcleos protestantes. La Inquisición asumió la función de vigilante ideológico de la ortodoxia tridentina, censurando libros y controlando la circulación de ideas[8].
3.4. Persecución de moriscos y consolidación burocrática[editar]
A lo largo del siglo XVI, los moriscos del reino de Granada, Valencia y Aragón fueron objeto de una vigilancia creciente. Las autoridades temían su crecimiento demográfico, su presunta solidaridad con los corsarios berberiscos y la imposibilidad de asimilarlos culturalmente. La tensión estalló en la Segunda Rebelión de las Alpujarras (1568–1571), sofocada con gran violencia.
La Inquisición se consolidó como una vasta burocracia con el Consejo de la Suprema en la cúspide y una red de tribunales de distrito. Los inquisidores eran funcionarios de la Corona, con formación jurídica y teológica, secundados por calificadores —teólogos que dictaminaban si las proposiciones eran heréticas—, fiscales, notarios y una extensa red de familiares, laicos colaboradores que gozaban de ciertos privilegios a cambio de informar sobre conductas sospechosas.
3.5. Decadencia, aboliciones y restauraciones (siglos XVII–XIX)[editar]
Durante el siglo XVII, la actividad inquisitorial comenzó a declinar. Las grandes oleadas de procesos a judeoconversos habían cesado y los focos protestantes habían sido erradicados. La Inquisición se ocupó cada vez más de delitos "menores" desde la perspectiva moderna: blasfemias, supersticiones, bigamia, solicitación (cuando un sacerdote abusaba de la confesión para fines sexuales) y la posesión de libros prohibidos. Los autos de fe se hicieron menos frecuentes, aunque siguieron celebrándose espectacularmente.
Con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, la institución perdió influencia política. Carlos III, monarca ilustrado, restringió sus atribuciones e impuso el pase regio —la necesidad de autorización real para publicar sus edictos—. La Revolución Francesa y la invasión napoleónica de 1808 aceleraron el descrédito de la Inquisición. Un decreto de Napoleón la abolió el 4 de diciembre de 1808, y las Cortes de Cádiz la suprimieron después por considerarla incompatible con la Constitución de 1812.
Sin embargo, la restauración absolutista de Fernando VII la restableció en 1814[sin verificar]. Fue nuevamente suprimida durante el Trienio Liberal (1820–1823) y reimplantada brevemente con la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. El golpe definitivo lo asestó la regente María Cristina de Borbón, quien por real decreto del 15 de julio de 1834 declaró abolida la Inquisición de forma permanente[9].
4. Estructura y funcionamiento[editar]
La Inquisición española se organizó jerárquicamente. En la cúspide se situaba el Consejo de la Suprema y General Inquisición, presidido por el inquisidor general, nombrado por el rey y ratificado formalmente por el Papa. La Suprema actuaba como tribunal de apelación y como órgano de gobierno: dictaba instrucciones, nombraba a los inquisidores de los tribunales de distrito y supervisaba su actuación.
Los tribunales de distrito, también llamados "tribunales de provincia", estaban compuestos por:
- Inquisidores (generalmente dos o tres), responsables de la instrucción y el fallo.
- Fiscal, que formulaba la acusación.
- Calificadores, teólogos que analizaban las proposiciones supuestamente heréticas.
- Notarios del secreto, que levantaban acta de todo el proceso.
- Alguacil, encargado de las detenciones y la custodia.
- Receptor, que administraba los bienes confiscados.
Una pieza clave era la red de familiares del Santo Oficio, laicos que colaboraban con el tribunal. Ser familiar confería prestigio y privilegios jurisdiccionales, y constituía una prueba de la limpieza de sangre. Se estima que en el momento de mayor expansión, el número de familiares en toda España alcanzó varios miles[10].
5. Procedimiento judicial[editar]
El procedimiento inquisitorial se distinguía del derecho penal ordinario de la época por su meticulosidad burocrática y su opacidad frente al acusado. Se desarrollaba en las siguientes etapas:
- Edicto de gracia: Periódicamente, a la llegada de los inquisidores a una población, se publicaba un edicto que enumeraba las herejías y exhortaba a la delación. Se concedía un plazo (generalmente de 30 a 40 días) para que los culpables se denunciaran voluntariamente y obtuvieran la reconciliación con penas leves.
- Denuncia y pesquisa: Tras el período de gracia, el tribunal recibía denuncias de testigos, cuyo anonimato se preservaba rigurosamente. Los calificadores examinaban los testimonios para determinar si constituían indicio de herejía.
- Detención y secuestro de bienes: Si los indicios se consideraban suficientes, el reo era detenido y sus bienes confiscados, destinándose una parte a su manutención en prisión y el resto a las arcas inquisitoriales y de la Corona.
- Juicio: El acusado comparecía ante los inquisidores sin conocer la identidad de sus acusadores ni los cargos completos. Se le exhortaba a confesar ("amonestaciones"). Podía presentar testigos de descargo y defensores, pero la desventaja procesal era manifiesta.
- Tormento: El tormento judicial se aplicaba como medio de prueba cuando el reo se contradecía o cuando existían fuertes indicios y no confesaba. Estaba reglado por las Instrucciones: debía ser dosificado, no causar mutilación ni muerte, y la confesión bajo tormento requería ser ratificada posteriormente. Los métodos más comunes eran la garrucha (polea), la toca (tortura del agua) y el potro[11].
- Sentencia y auto de fe: Las sentencias podían incluir absolución, reconciliación (con penas espirituales y sambenito), cárcel perpetua o relajación al brazo secular. Las sentencias se ejecutaban públicamente en ceremonias solemnes llamadas autos de fe.
- Auto de fe: Acto público, a menudo presidido por autoridades civiles y eclesiásticas, donde se leían las sentencias. Los relajados eran entregados a la justicia ordinaria, que ejecutaba la pena de muerte en la hoguera, por lo general inmediatamente después.
6. Cifras y debate historiográfico[editar]
La cuantificación exacta de las víctimas de la Inquisición española ha sido uno de los campos más disputados de la historiografía europea. Las cifras han oscilado entre las estimaciones de la leyenda negra, que hablaron de millones de ejecutados, y las revisiones más restrictivas de la escuela moderna.
- Voltaire y otros ilustrados difundieron la idea de cientos de miles de víctimas.
- Juan Antonio Llorente, ex secretario del tribunal de Madrid, publicó en 1817–1818 una historia crítica en la que estimó 31.912 ejecutados en persona y 17.659 en efigie, además de casi 300.000 penitenciados. Sus cifras, basadas en datos parciales y extrapolaciones, han sido fuertemente criticadas por la historiografía actual.
- Henry Charles Lea, en el siglo XIX, revisó las cifras a la baja, pero siguió presentando números elevados.
- La llamada escuela de Copenhague, con estudios como los de Gustav Henningsen y Jaime Contreras a partir de las relaciones de causas, ha establecido las estimaciones modernas más aceptadas. Según este enfoque, entre 1540 y 1700 se celebraron alrededor de 44.000 juicios en los tribunales peninsulares, de los cuales resultaron ejecutadas aproximadamente entre 1.200 y 2.000 personas[12].
La mayoría de los procesos no terminaban en muerte. Las penas más comunes eran la reconciliación, penitencias espirituales (oraciones, ayunos), multas y la infamia del sambenito. La Inquisición ejecutó menos que muchos tribunales civiles europeos de la misma época, pero su impacto social y psicológico fue desproporcionadamente grande debido a su longevidad, la exhaustividad de su vigilancia y el estigma que infligía.
7. La Inquisición en América[editar]
La Inquisición española extendió su jurisdicción a los territorios de ultramar. En los primeros años de la colonización americana, las funciones inquisitoriales fueron ejercidas por los obispos y los superiores de las órdenes religiosas. Sin embargo, el creciente número de pobladores y la percepción de que llegaban herejes, judaizantes y prácticas supersticiosas llevaron a la creación de tribunales formales.
Felipe II estableció, mediante real cédula del 25 de enero de 1569[sin verificar], los tribunales del Santo Oficio en las Indias. El primero comenzó a funcionar en Lima en 1570, con jurisdicción sobre toda Sudamérica hispana. Un año después, en 1571, se inauguró el tribunal de Ciudad de México, que abarcaba desde el virreinato de Nueva España hasta las islas Filipinas.
Estos tribunales operaron con las mismas normas que los peninsulares, aunque adaptados a la realidad étnica y cultural de las colonias. Sus principales focos de atención fueron:
- Judaizantes: Especialmente tras la unión de las coronas ibéricas (1580–1640), cuando muchos conversos portugueses emigraron a América. El Gran Auto de Fe de Lima de 1639 o los procesos de la complicidad grande en
México dan testimonio de la intensidad de esta persecución. - Protestantes: Principalmente corsarios y comerciantes extranjeros capturados.
- Blasfemia, bigamia y superstición: Delitos que reflejaban la vida cotidiana colonial. La Inquisición procesó a numerosas personas acusadas de hechicería, curandería y prácticas sincréticas, aunque en menor medida que los tribunales civiles en otros contextos europeos; los inquisidores novohispanos, por ejemplo, mostraron cierto escepticismo hacia las acusaciones masivas de brujería que en ese mismo período convulsionaban Europa.
Los pueblos indígenas fueron sometidos inicialmente a la jurisdicción episcopal, y a partir de un determinado momento, generalmente excluidos formalmente del fuero inquisitorial, por considerarse neófitos en la fe y, por tanto, carentes de la plena responsabilidad del hereje formal[13]. La Inquisición americana fue abolida por las mismas disposiciones que la peninsular en el siglo XIX.
8. Presencia en el mundo hispanohablante[editar]
La Inquisición española ha tenido una presencia constante y compleja en la cultura y el imaginario del mundo hispanohablante. Durante siglos, el término "inquisición" se asoció no solo a la institución histórica, sino también a actitudes de censura, represión ideológica y fanatismo religioso.
En la literatura y el arte, la Inquisición ha sido un tema recurrente. La novela picaresca del Siglo de Oro refleja a menudo la presencia de los familiares y el miedo a la delación. En el siglo XIX, obras como El Auto de Fe del pintor Francisco de Goya —quien conoció la institución en sus años finales— plasmaron una imagen sombría de sus procedimientos. La novela El hereje (1998) de Miguel Delibes recrea el mundo de los focos protestantes de Valladolid en el siglo XVI.
La expresión "parece la Santa Inquisición" se usa coloquialmente para denunciar un interrogatorio agresivo o una intromisión excesiva en la vida privada. En el debate político, las referencias a la Inquisición se emplean con frecuencia para denunciar la censura, el dogmatismo o el control de las ideas.
En América Latina, la memoria de la Inquisición forma parte del relato histórico de la colonización, a menudo vinculada al llamado "oscurantismo colonial". Su presencia en el sistema educativo —especialmente en la asignatura de Historia— ha moldeado percepciones sobre el legado español en la región[14].
9. Véase también[editar]
- Inquisición portuguesa
- Inquisición romana
- Leyenda negra española
- Auto de fe
- Limpieza de sangre
- Criptojudaísmo
- Expulsión de los judíos de España
- Historia de los moriscos
10. Bibliografía y fuentes[editar]
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- Kamen, Henry. La Inquisición española: Una revisión histórica. Barcelona: Crítica, 1999 (edición revisada).
- Pérez, Joseph. Breve historia de la Inquisición en España. Barcelona: Crítica, 2014.
- Escudero, José Antonio. Estudios sobre la Inquisición. Madrid: Marcial Pons, 2005.
- Contreras, Jaime. El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560–1700. Madrid: Akal, 1982.
- Bennassar, Bartolomé. Inquisición española: poder político y control social. Barcelona: Crítica, 1981.
- Lea, Henry Charles. Historia de la Inquisición española. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1983 (traducción de la obra en inglés de 1906).
- García Cárcel, Ricardo. Orígenes de la Inquisición española: El tribunal de Valencia, 1478-1530. Barcelona: Península, 1976.
La bula Exigit sincerae devotionis es el documento fundacional, aunque la Inquisición tardó dos años en empezar a funcionar efectivamente en Castilla. Sixto IV, de la familia Della Rovere, la otorgó bajo presión de Fernando el Católico y más tarde intentó revocar sus poderes, ya que el control de la Corona sobre el tribunal disminuía la autoridad papal. ↩︎
El debate sobre las cifras es un microcosmos del debate más amplio sobre la naturaleza de la Inquisición. Las estimaciones tempranas, enormemente infladas, sirvieron a los intereses de la propaganda protestante y antiespañola. Las revisiones modernas, basadas en el análisis sistemático de los archivos inquisitoriales —especialmente las relaciones de causas—, han dado lugar a estimaciones mucho más bajas, aunque la ausencia de series completas para todos los tribunales y todos los períodos sigue dejando un margen de incertidumbre. ↩︎
Los conversos y sus descendientes ocuparon posiciones eminentes: Fernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos; Luis de Santángel, escribano de ración que financió el primer viaje de Colón; y hasta Tomás de Torquemada, el inquisidor general, era de ascendencia conversa, un hecho que sus adversarios utilizaron para retratarlo como un judío que perseguía a los suyos. ↩︎
La creación de un tribunal con autoridad supraterritorial fue vista por las élites urbanas y las Cortes como una amenaza a sus privilegios. Durante los primeros años de funcionamiento, hubo protestas en Barcelona, Valencia y otras ciudades de la Corona de Aragón, que invocaban sus fueros para oponerse a la presencia de inquisidores castellanos nombrados por la reina. ↩︎
La bula de Sixto IV fue seguida de otra, en 1482, que intentó devolver a Roma algunas prerrogativas, pero Fernando el Católico mantuvo su posición. La Inquisición se convirtió así en el único tribunal eclesiástico donde el monarca nombraba al juez supremo, fusionando el poder político y el religioso. ↩︎
La Inquisición medieval en la Corona de Aragón fue especialmente activa en la persecución de cátaros y valdenses que huían del sur de Francia. Nicolás Aymerich, inquisidor general de Aragón en el siglo XIV, escribió el Directorium Inquisitorum, un manual de procedimientos que sería utilizado y adaptado por la Inquisición española. ↩︎
No existe consenso sobre el número de exiliados de 1492. Las cifras contemporáneas y de los cronistas a menudo exageran. Estudios demográficos modernos sugieren una horquilla de entre 40.000 y 80.000 salidas inmediatas, aunque el proceso de expulsión y migración se extendió en el tiempo y fue complejo, con retornos tras el bautismo. ↩︎
La persecución del foco protestante de Sevilla (1557-1560) fue especialmente intensa. En este círculo, en torno al monasterio de San Isidoro del Campo, participaron figuras como el doctor Constantino Ponce de la Fuente, capellán de Carlos V. La represión incluyó varios autos de fe multitudinarios donde fueron ejecutadas decenas de personas. ↩︎
Entre las primeras aboliciones (1813) y la definitiva (1834), la Inquisición fue un símbolo de la lucha entre liberales y absolutistas. Los liberales la veían como la encarnación del Antiguo Régimen y de la opresión religiosa; los absolutistas, como un baluarte de la fe. Su abolición definitiva, bajo la regencia de María Cristina, fue una concesión al liberalismo moderado en el contexto de la Primera Guerra Carlista, pero la Iglesia siguió sin tener un tribunal propio. ↩︎
El número de familiares es difícil de establecer. Se ha estimado que en el siglo XVI, solo en el reino de Valencia, el número de familiares rondaba los 1.500. Si se extrapola esta cifra al conjunto de los territorios, la red de colaboradores fue un vasto aparato de vigilancia social. ↩︎
La toca consistía en atar al reo a una escalera o un bastidor con la cabeza más baja que los pies, forzándole a ingerir agua por la boca tapada con un paño. Estaba minuciosamente reglamentado: no se podía superar cierta cantidad de agua (generalmente, una jarra) y un médico debía certificar que el reo estaba en condiciones de soportarlo. El potro era un bastidor sobre el cual se estiraba al reo mediante torniquetes. La garrucha colgaba al reo de los brazos atados a la espalda, con pesos en los pies. ↩︎
Las relaciones de causas eran resúmenes anuales que cada tribunal remitía a la Suprema. Gustav Henningsen y Jaime Contreras analizaron casi 50.000 de estas relaciones en los años ochenta y noventa, y sus hallazgos constituyen la base de las estimaciones modernas. Sin embargo, estas se centran en el período 1540–1700, y los períodos anterior y posterior están menos documentados, así como los tribunales de algunas regiones. ↩︎
La exclusión formal de los indígenas de la jurisdicción inquisitorial (hacia 1571 en la práctica, aunque no sin excepciones) fue una decisión pragmática. Los misioneros argumentaron que, al ser nuevos en la fe, los indios no podían ser responsables de herejía formal. Sin embargo, persistió una jurisdicción episcopal sobre sus prácticas que podía infligir castigos. ↩︎
Durante el siglo XIX, los movimientos independentistas americanos utilizaron la imagen de la Inquisición como ejemplo de la tiranía española. En el discurso de Simón Bolívar y otros libertadores, la abolición del Santo Oficio por las nuevas repúblicas se celebró como un acto de liberación intelectual y política. ↩︎