Política de Guatemala
República de  Guatemala | |
|---|---|
| Política de Guatemala | |
| Capital | Ciudad de Guatemala |
| Forma de gobierno | República presidencialista unitaria |
| Constitución vigente | 31 de mayo de 1985 |
| Poder Ejecutivo | Presidente y Vicepresidente |
| Presidente actual | Bernardo Arévalo de León (Movimiento Semilla), desde el 14 de enero de 2024, fecha en que arranca el periodo presidencial; juramentó en la madrugada del 15 tras el retraso de la ceremonia. Mandato hasta enero de 2028 |
| Vicepresidenta actual | Karin Herrera Aguilar, desde el 14 de enero de 2024 |
| Poder Legislativo | Congreso de la República (unicameral, 160 diputados) |
| Sistema electoral | Sufragio universal, elección presidencial a doble vuelta |
| Última elección presidencial | 25 de junio y 20 de agosto de 2023 |
| Próxima elección general | 2027 |
| Órgano electoral | Tribunal Supremo Electoral (TSE) |
| Índice de democracia (EIU) | 4,47 – régimen híbrido (2023)[sin verificar] |
1. Resumen[editar]
La política de Guatemala se organiza en torno a un sistema republicano, democrático, representativo y presidencialista, definido en la Constitución Política de la República de 1985[1]. El país es una república unitaria cuyo territorio se divide administrativamente en 22 departamentos y 340 municipios. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de tres organismos independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, complementados por entes de control como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.
La historia política guatemalteca ha estado marcada por largos períodos de autoritarismo, golpes de Estado y un conflicto armado interno de 36 años, que concluyó formalmente con los Acuerdos de Paz de 1996. A partir de esa fecha, el país emprendió una transición democrática todavía frágil y atravesada por crisis institucionales, altos niveles de corrupción y la influencia de poderes fácticos. En las últimas dos décadas, la irrupción de comisiones internacionales como la CICIG[2] y sucesivas movilizaciones ciudadanas han reconfigurado parcialmente el escenario político. La elección de Bernardo Arévalo en 2023, al frente del partido Movimiento Semilla, inauguró una nueva etapa cuyo desenvolvimiento está por verse.
2. Historia política[editar]
2.1. De la Independencia al siglo XX[editar]
Guatemala se independizó de 
España el 15 de septiembre de 1821 y formó parte del Primer Imperio Mexicano y, posteriormente, de la República Federal de Centroamérica. Desintegrada la federación, el país comenzó su vida como república independiente en 1847, bajo el liderazgo de Rafael Carrera[3]. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos liberales impulsaron el cultivo del café como eje económico y una serie de reformas que concentraron la tierra y el poder en una reducida élite.
Los primeros decenios del siglo XX estuvieron dominados por la figura de Manuel Estrada Cabrera (1898–1920), cuya larga dictadura combinó modernización autoritaria con culto a la personalidad. Tras un breve período de inestabilidad, el general Jorge Ubico asumió la presidencia en 1931 e instauró un régimen férreo que perduró hasta 1944, cuando fue derrocado por una ola de protestas cívico-militares conocida como la Revolución de Octubre.
2.2. La Revolución de 1944 y la «Primavera Democrática»[editar]
El triunfo del movimiento revolucionario de 1944 inauguró un decenio de transformaciones profundas. Por primera vez se adoptó el sufragio universal (incluido, con restricciones, el voto femenino alfabeto)[4], se promulgó una Constitución de corte social y se eligieron presidentes civiles mediante comicios competitivos. Juan José Arévalo (1945–1951) impulsó el Código de Trabajo de 1947 y creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Jacobo Árbenz (1951–1954) profundizó las reformas con la Ley de Reforma Agraria (Decreto 900), que afectó los intereses de la United Fruit Company y de grandes terratenientes.
La experiencia reformista fue interrumpida por la intervención orquestada por la CIA en 1954, que derrocó a Árbenz y colocó en el poder al coronel Carlos Castillo Armas. La contrarreforma liquidó las conquistas sociales e inició un ciclo de represión y exclusión política.
2.3. Conflicto armado interno (1960–1996)[editar]
En 1960 un grupo de oficiales descontentos se alzó en armas, dando origen a un conflicto que enfrentó al Estado con diversas organizaciones guerrilleras, entre ellas las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y, finalmente, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La guerra se prolongó 36 años y dejó un saldo estimado de más de 200 000 víctimas, en su mayoría civiles indígenas, según las comisiones de la verdad auspiciadas por Naciones Unidas[5].
El período más cruento correspondió a los gobiernos de los generales Romeo Lucas García (1978–1982) y Efraín Ríos Montt (1982–1983), este último responsable de una política de tierra arrasada en el altiplano occidental que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) calificó de actos de genocidio contra el pueblo maya‑ixil. La transición hacia la salida negociada comenzó con las Constituciones de 1984–1985 y cobró impulso bajo la presidencia de Vinicio Cerezo (1986–1991), el primer civil en llegar al poder en décadas.
2.4. Los Acuerdos de Paz y la posguerra[editar]
El 29 de diciembre de 1996, el gobierno de Álvaro Arzú y la URNG firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, cerrando formalmente el conflicto armado[6]. Los acuerdos contemplaban reformas sustantivas en materia de identidad y derechos indígenas, justicia, desmilitarización y participación política. Muchas de esas reformas, sin embargo, quedaron pendientes o fueron revertidas por la falta de voluntad política de los gobiernos subsiguientes.
Durante la posguerra, el sistema político se caracterizó por una alternancia pactada entre élites económicas y militares, la fragmentación partidaria y el predominio de partidos efímeros (los llamados «partidos de membrete» o «franquicias electorales»). Gobiernos como los de Alfonso Portillo (2000–2004), Óscar Berger (2004–2008), Álvaro Colom (2008–2012), Otto Pérez Molina (2012–2015) y Jimmy Morales (2016–2020) reflejaron esa dinámica, salpicada por escándalos de corrupción de gran envergadura.
2.5. La irrupción de la CICIG y la lucha anticorrupción[editar]
En 2006, el gobierno de Óscar Berger solicitó a Naciones Unidas la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) comenzó a operar en 2007 y durante doce años destapó tramas de corrupción que implicaron a altos funcionarios, empresarios y operadores judiciales. El caso «La Línea», que involucró al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, desencadenó la renuncia de ambos en 2015 y una oleada de protestas ciudadanas que dieron lugar a la «Primavera Guatemalteca»[7].
La CICIG fue expulsada en 2019 por el gobierno de Jimmy Morales, lo que cerró un ciclo de cooperación internacional y generó un fuerte retroceso en la lucha contra la corrupción, con el exilio de numerosos jueces, fiscales y periodistas.
3. Marco constitucional y estructura del poder[editar]
La Constitución Política de la República de Guatemala fue promulgada en 1985 y reformada parcialmente en 1993[8]. Define al Estado como libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades. Establece la separación de poderes y consagra un amplio catálogo de derechos fundamentales, aunque su aplicación práctica ha sido desigual.
3.1. Organismo Ejecutivo[editar]
El Presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno, y ejerce el mando supremo del Ejército. Es elegido por sufragio universal directo y secreto para un mandato de cuatro años, sin posibilidad de reelección. El período presidencial comienza el 14 de enero siguiente a la elección. Junto al presidente, se elige a un vicepresidente en la misma papeleta. El presidente nombra y remueve libremente a los ministros de Estado, a los gobernadores departamentales y a otros funcionarios de alto nivel.
Entre las atribuciones del Ejecutivo están la iniciativa de ley, la sanción y promulgación de las leyes, la dirección de la política exterior y la facultad de emitir reglamentos. El presidente también puede vetar total o parcialmente los proyectos de ley aprobados por el Congreso.
3.2. Organismo Legislativo[editar]
El poder legislativo reside en el Congreso de la República, un órgano unicameral compuesto por 160 diputados. De ellos, 128 son electos por distritos departamentales mediante representación proporcional y 32 por lista nacional, también de forma proporcional, para un período de cuatro años con posibilidad de reelección indefinida. El Congreso aprueba, reforma y deroga leyes, ratifica tratados internacionales, aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y ejerce funciones de control político sobre el Ejecutivo.
La fragmentación partidaria ha sido una constante. En la legislatura que comenzó en enero de 2024, el partido oficialista Movimiento Semilla contó inicialmente con una bancada de alrededor de 23 diputados, muy lejos de la mayoría absoluta, lo que obliga a constantes negociaciones con fuerzas tradicionales como Vamos, UNE, Cabal y Valor[9].
3.3. Organismo Judicial[editar]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Está integrada por 13 magistrados titulares electos por el Congreso para un período de cinco años. La Corte de Constitucionalidad (CC), tribunal permanente de jurisdicción privativa, tiene la función esencial de defender el orden constitucional. Se compone de cinco magistrados titulares y cinco suplentes, designados por distintos órganos: el Congreso, la CSJ, el Ejecutivo, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados.
El Ministerio Público (MP), encabezado por el Fiscal General, es un órgano auxiliar del sistema de justicia responsable de la persecución penal. En los últimos años, la elección de fiscales generales y de magistrados de las altas cortes ha estado envuelta en controversias sobre injerencia política y opacidad en los procesos de selección.
4. Sistema electoral y partidos políticos[editar]
Guatemala posee un sistema de partidos altamente volátil y débilmente institucionalizado. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) regula los comicios, que son organizados por el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en la materia. El voto es universal, secreto, directo y obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años, aunque en la práctica no se sanciona la abstención.
4.1. Elecciones presidenciales y legislativas[editar]
El presidente y el vicepresidente se eligen mediante el sistema de doble vuelta. Si ningún binomio alcanza la mayoría absoluta (50 % más uno de los votos válidos) en la primera ronda, se celebra un balotaje entre los dos más votados. Las elecciones legislativas, en cambio, se resuelven en una sola vuelta mediante representación proporcional por departamentos y lista nacional.
Las elecciones generales de 2023 constituyeron un punto de inflexión. Candidaturas que encabezaban las encuestas iniciales, como la de Carlos Pineda (Prosperidad Ciudadana) y la de Zury Ríos (Valor‑Unionista), vieron obstaculizada o anulada su participación por decisiones judiciales de última hora. En la primera vuelta, sorprendió el segundo lugar de Bernardo Arévalo (Semilla) con el 15,6 % de los votos, frente al 20,9 % de Sandra Torres (UNE). En el balotaje del 20 de agosto, Arévalo obtuvo una victoria contundente con alrededor del 60 % de los votos[10].
4.2. Principales partidos políticos[editar]
La fragmentación dificulta la existencia de un sistema de partidos estable. Entre las organizaciones con presencia en la legislatura 2024‑2028 pueden mencionarse:
- Movimiento Semilla: Fundado en 2017, irrumpió con una plataforma anticorrupción y un discurso de renovación generacional. Su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, es hijo del expresidente Juan José Arévalo.
- Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): Partido de centro‑derecha liderado por Sandra Torres, que ha alcanzado el balotaje en las elecciones de 2015, 2019 y 2023. Cuenta con una base electoral sólida en áreas rurales y entre beneficiarios de programas sociales.
- Vamos: Fundado por Alejandro Giammattei, quien ocupó la presidencia entre 2020 y 2024. De orientación conservadora, mantiene una bancada numerosa y se ha aliado con sectores del bloque tradicional.
- Cabal: Nueva fuerza de derecha que en 2023 obtuvo escaños significativos y la alcaldía capitalina.
- Valor: Coalición que agrupa a sectores conservadores y evangélicos, vinculada a la familia del fallecido dictador Efraín Ríos Montt.
- Partido Unionista, VIVA, Winaq, URNG‑Maíz, Cree y otras formaciones menores completan un mosaico en constante reacomodo.
5. Poderes fácticos y dinámicas informales[editar]
La política guatemalteca no puede entenderse sin considerar a los actores que operan más allá de las estructuras constitucionales formales. Se han identificado al menos tres tipos de poderes fácticos que condicionan las decisiones del Estado:
- Élites económicas tradicionales: Sectores empresariales vinculados históricamente al café, el azúcar, el banano y, más recientemente, a la palma africana, la minería y las finanzas. Su influencia se ejerce a través del financiamiento electoral, los gremios empresariales (CACIF) y las redes clientelares.
- Estructuras clandestinas y crimen organizado: El narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal han penetrado en la política local y nacional, financiando campañas e influyendo en el nombramiento de jueces y fiscales[11]. El término «cooptación del Estado» fue acuñado para describir la infiltración sistemática de estas redes en las instituciones.
- Militarismo residual: Aunque las Fuerzas Armadas fueron reducidas y formalmente subordinadas al poder civil tras los Acuerdos de Paz, conservan influencia en temas de seguridad interna, inteligencia y manejo de presupuestos reservados. Algunos oficiales retirados han transitado a la política partidista o a los cuerpos de seguridad privada.
La interacción entre estos poderes genera un sistema híbrido en el que los procedimientos democráticos coexisten con prácticas autoritarias, lo que explica en parte las bajas puntuaciones que el país recibe en los índices internacionales de calidad democrática.
6. Política exterior[editar]
Guatemala ha mantenido históricamente una política exterior alineada con los 
Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de cooperación en seguridad. La lucha contra el narcotráfico y la migración irregular han sido los ejes dominantes de la agenda bilateral en las últimas dos décadas.
En el ámbito regional, Guatemala es miembro fundador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Participa activamente en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en instancias multilaterales como el Grupo de Lima (hoy en fase de disolución) y la Alianza para el Desarrollo en Democracia. La relación con Belice, marcada por el diferendo territorial, ha sido un asunto recurrente de la diplomacia guatemalteca; ambos países acordaron someter la disputa a la Corte Internacional de Justicia, y en sendos referendos las poblaciones votaron a favor de esa vía[12].
En el ámbito comercial, Guatemala forma parte del Triángulo Norte junto con 
Honduras y 
El Salvador, y ha suscrito tratados de libre comercio con 
México, 
Colombia, Chile, la Unión Europea y otros bloques. La emigración masiva hacia Estados Unidos —se estima que más de 1,8 millones de guatemaltecos residen en ese país— convierte a la protección de los connacionales en un eje prioritario de la política consular.
7. Derechos humanos y conflictividad social[editar]
La situación de los derechos humanos en Guatemala arrastra las secuelas del conflicto armado y se ve agravada por la impunidad estructural, la pobreza y la desigualdad. Organismos internacionales y nacionales han documentado violaciones sistemáticas en varios frentes:
- Defensores de derechos humanos y periodistas: Guatemala es considerado uno de los países más peligrosos de América Latina para ejercer el periodismo y la defensa del territorio. Las agresiones, la criminalización y los asesinatos de líderes comunitarios, en especial de pueblos indígenas opositores a proyectos extractivos, se mantienen en niveles alarmantes, según informes de Amnistía Internacional, Frontline Defenders y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
- Pueblos indígenas: Casi la mitad de la población guatemalteca se identifica como indígena (maya, xinka y garífuna). A pesar de los avances normativos —ratificación del Convenio 169 de la OIT, reconocimiento constitucional del carácter multiétnico del país—, persisten brechas sustanciales en el acceso a la justicia, la salud, la educación y la tierra. La consulta comunitaria de buena fe, prevista en el derecho internacional, ha sido frecuentemente ignorada en la concesión de licencias mineras e hidroeléctricas.
- Violencia de género: Las tasas de femicidio y de violencia intrafamiliar continúan siendo de las más altas de la región centroamericana. La debilidad del sistema de investigación y sanción perpetúa la impunidad en este ámbito.
- Libertad de expresión: Aunque la Constitución garantiza la libre emisión del pensamiento, en la práctica el uso estratégico de litigios judiciales (lawfare) y las presiones económicas han reducido el espacio cívico. Varios periodistas y exoperadores de justicia debieron exiliarse después de 2019, cuando se desmanteló la CICIG.
La conflictividad social suele manifestarse en bloqueos de carreteras, marchas y tomas de instituciones, protagonizadas tanto por organizaciones campesinas e indígenas como por sindicatos y agrupaciones urbanas. Las protestas de octubre de 2023, en defensa de los resultados electorales ya certificados por el Tribunal Supremo Electoral, mostraron una capacidad de movilización que sorprendió a los analistas y que logró frenar parcialmente las acciones judiciales contra el presidente electo y su partido.
8. Presencia e influencia en el mundo hispanohablante[editar]
Guatemala ocupa un lugar singular dentro del mundo de habla hispana. Centro geográfico y cultural del antiguo reino de Guatemala, su legado colonial se refleja en la riqueza del patrimonio de 
Antigua Guatemala —Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO— y en la vitalidad de las lenguas mayas, que conviven con el español como idioma oficial.
En el plano literario, la figura de Miguel Ángel Asturias, 
Premio Nobel de Literatura 1967, conectó la realidad política y social del país con las corrientes universales de la narrativa hispanoamericana. Obras como El Señor Presidente y Hombres de maíz retratan de forma descarnada el autoritarismo y la cosmovisión indígena, y son lectura obligada en los currículos de buena parte de las universidades del mundo hispano.
Políticamente, la experiencia fallida de la Primavera Democrática (1944‑1954) y el posterior conflicto armado interno se convirtieron en referentes de la Guerra Fría en América Latina, estudiados en facultades de ciencia política y relaciones internacionales. Más recientemente, la lucha contra la impunidad liderada por la CICIG y por movimientos ciudadanos como #RenunciaYa (2015) y el Paro Nacional (2023) ha despertado el interés de redes de juristas, activistas y organismos multilaterales de toda Iberoamérica.
En el ámbito de la cooperación hispanohablante, Guatemala participa en las Cumbres Iberoamericanas y en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, y recibe cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en áreas como la justicia, la seguridad alimentaria y la protección del patrimonio cultural. Organizaciones de derechos humanos de España, México y 
Argentina mantienen observatorios sobre la situación de defensores y periodistas guatemaltecos, lo que contribuye a mantener el tema en la agenda internacional.
9. Desarrollos recientes (2023‑2025)[editar]
El triunfo electoral de Bernardo Arévalo en agosto de 2023 desencadenó una reacción sin precedentes de sectores del poder judicial encabezados por la fiscal general Consuelo Porras[sin verificar]. A partir de la primera vuelta, el Ministerio Público impulsó diligencias que buscaban cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral y retirar la inmunidad al binomio electo. Organismos internacionales, entre ellos la OEA, la Unión Europea y la ONU, calificaron esas acciones como un intento de «golpe de Estado electoral»[13]. Las protestas masivas lideradas por comunidades indígenas y colectivos urbanos mantuvieron bloqueos de vías durante semanas, a pesar de la represión y las amenazas.
Arévalo tomó posesión el 15 de enero de 2024 en una ceremonia que se retrasó varias horas debido a las maniobras dilatorias en el Congreso. Su primer año de gobierno ha estado condicionado por la necesidad de negociar con un Legislativo fragmentado y dominado por fuerzas opositoras, así como por la continuidad al frente del Ministerio Público de una fiscal general cuyo mandato ha sido cuestionado por diversos actores nacionales e internacionales.
Entre las prioridades del gobierno figuran la reactivación del diálogo con los pueblos indígenas, la modernización del sistema de justicia, la recuperación de la carrera fiscal y judicial, y la ampliación de la cobertura de salud y educación. La comunidad de donantes ha mostrado señales de respaldo, pero la consolidación de la joven democracia guatemalteca sigue siendo incierta.
La Constitución de 1985 reemplazó la de 1965 y es la cuarta carta magna promulgada desde el fin del régimen ubiquista. Fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente electa en 1984 y entró en vigor el 14 de enero de 1986, aunque su fecha de promulgación es el 31 de mayo de 1985. ↩︎
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue un organismo independiente de carácter internacional establecido por acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco. Su mandato original terminaba en 2009, pero fue renovado en tres ocasiones hasta que el gobierno de Jimmy Morales le puso fin en septiembre de 2019. ↩︎
Rafael Carrera (1814‑1865) fue un caudillo mestizo de origen humilde que gobernó el país durante casi tres décadas, primero como jefe de Estado y luego como presidente vitalicio. Su régimen se caracterizó por el proteccionismo económico, el restablecimiento de privilegios eclesiásticos y una alianza con las comunidades indígenas del oriente que le aseguró una base de apoyo popular. ↩︎
El voto femenino restringido (solo para mujeres alfabetas) fue aprobado por el Decreto 18 de la Junta Revolucionaria en 1945. La plena equiparación sin distinción de alfabetismo llegó en 1965 con la Constitución de ese año. ↩︎
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por Naciones Unidas, presentó su informe Guatemala: Memoria del Silencio en 1999. El informe concluyó que el Estado cometió actos de genocidio contra grupos mayas y que el 93 % de las violaciones de derechos humanos fueron atribuibles al Ejército y fuerzas paramilitares. Paralelamente, el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) publicó el informe Guatemala: Nunca Más, en 1998. ↩︎
La firma de la paz puso fin a 36 años de guerra. Los acuerdos sustantivos se negociaron entre 1991 y 1996 bajo la mediación de Naciones Unidas y con el acompañamiento de la comunidad internacional. Incluyeron compromisos en derechos humanos, retorno de población desplazada, reforma militar, derechos indígenas y reformas constitucionales, muchas de las cuales fueron rechazadas en un referéndum de 1999. ↩︎
Las protestas pacíficas de 2015, que llevaron a la renuncia y encarcelamiento del presidente y la vicepresidenta, fueron convocadas a través de redes sociales y congregaron semanalmente a decenas de miles de personas en la Plaza de la Constitución. La movilización de la sociedad civil fue comparada con las primaveras árabes por su carácter descentralizado y su uso intensivo de tecnología. ↩︎
Las reformas de 1993, impulsadas por el entonces presidente Jorge Serrano Elías, modificaron más de cuarenta artículos de la Constitución. Incluyeron la creación de la Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente y el fortalecimiento del sistema de justicia, en respuesta a la crisis derivada del «autogolpe» de Serrano en mayo de 1993. ↩︎
La integración exacta del Congreso sufre variaciones constantes debido al fenómeno del transfuguismo —cambio de partido de los diputados durante la legislatura— que ha sido una práctica recurrente en la política guatemalteca. Las cifras indicadas corresponden a la composición inicial de la X Legislatura en enero de 2024. ↩︎
Los resultados oficiales definitivos corresponden al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La segunda vuelta se celebró en un clima de alta tensión política, con el partido Semilla bajo amenaza de cancelación y las misiones de observación electoral de la OEA y la UE reforzando su presencia para garantizar la transparencia del proceso. ↩︎
El concepto de «cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad» (CIACS) fue desarrollado por la CICIG para describir redes híbridas que combinan núcleos militares y policiales con estructuras criminales y empresariales, dedicadas al enriquecimiento ilícito y a la captura de instituciones del Estado. ↩︎
Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero mantuvo un reclamo territorial que abarca más de 11 000 km². En 2018, Guatemala celebró un referéndum en el que más del 95 % de los votantes aprobó llevar la disputa a la CIJ. Belice celebró su propio referéndum en 2019 con un resultado similar. La Corte Internacional de Justicia comenzó a recibir los argumentos escritos de ambas partes en 2020[sin verificar]. ↩︎
El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que las acciones del Ministerio Público guatemalteco constituían «un intento de golpe de Estado institucional». La Misión de Observación Electoral de la OEA calificó los hechos como una «amenaza a la voluntad popular expresada en las urnas». ↩︎