Política del Paraguay
| Política del Paraguay | |
|---|---|
| Nombre oficial | República del Paraguay |
| Forma de gobierno | República presidencialista unitaria |
| Constitución vigente | Constitución Nacional de 1992 |
| Jefe de Estado y de Gobierno | Presidente de la República |
| Presidente actual | Santiago Peña (Partido Colorado, desde 15 de agosto de 2023) |
| Vicepresidente actual | Pedro Alliana (Partido Colorado, desde 15 de agosto de 2023) |
| Órgano legislativo | Congreso Nacional (bicameral: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados) |
| Escaños | 45 senadores y 80 diputados |
| Órgano judicial superior | Corte Suprema de Justicia |
| Sistema electoral | Sufragio universal, directo y obligatorio (mayores de 18 a 75 años, opcional desde 75 años) |
| Partidos principales | Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Patria Querida, Frente Guasú, Partido Encuentro Nacional, entre otros. |
| Capital |  Asunción |
| Idioma oficial | Español y guaraní |
1. Resumen[editar]
La política del Paraguay se estructura como una república presidencialista unitaria, cuyo marco jurídico fundamental es la Constitución Nacional promulgada el 20 de junio de 1992. El país adoptó este orden constitucional tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, cerrando más de tres décadas de régimen autoritario. El sistema concentra en la figura del Presidente de la República las funciones de jefe de Estado y de gobierno, con un mandato de cinco años sin posibilidad de reelección consecutiva, principio que ha sido objeto de intensos debates y episodios de crisis institucional[1]. El Congreso Nacional, de carácter bicameral, y la Corte Suprema de Justicia completan la división tripartita del poder.
El sistema de partidos está dominado históricamente por la Asociación Nacional Republicana —conocida como Partido Colorado—, que ha ocupado la presidencia durante la mayor parte de la historia paraguaya desde su fundación en 1887, con la sola interrupción de gobiernos del Partido Liberal Radical Auténtico y una breve experiencia de coalición a finales de la década de 2000. Esta hegemonía partidaria es una de las características más señaladas del sistema político paraguayo por la ciencia política comparada. La vigencia simultánea del español y el guaraní como idiomas oficiales, reconocida en la Constitución, impregna la vida política y la práctica electoral con dinámicas propias de un país bilingüe y multicultural.
2. Marco constitucional[editar]
La Constitución Nacional de 1992 es la quinta carta magna del Paraguay independiente[2]. Nacida de una Asamblea Nacional Constituyente electa en diciembre de 1991, representa un quiebre sustancial con el ordenamiento autoritario que la precedió. Sus innovaciones principales incluyen la limitación del mandato presidencial, el fortalecimiento del Poder Judicial mediante la creación del Consejo de la Magistratura, la instauración de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, así como el reconocimiento del carácter pluricultural y bilingüe del Estado paraguayo. El texto declara al Paraguay como un "Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado", adoptando la forma de gobierno de democracia representativa, participativa y pluralista.
El artículo 229 de la Constitución establece que el presidente y el vicepresidente duran cinco años improrrogables en sus funciones, sin que puedan ser reelectos en ningún caso, aunque el ciudadano que haya ejercido la presidencia puede postularse nuevamente transcurrido al menos un período constitucional completo. Esta cláusula ha sido centro de tensión política recurrente: la Corte Suprema se pronunció en 2013 en un sentido que amplió las posibilidades interpretativas, lo que derivó en protestas callejeras.
La Constitución paraguaya confiere rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos y autoriza al Estado a integrar sistemas supranacionales, base jurídica sobre la cual el país forma parte de organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Mercosur, y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Poder Ejecutivo[editar]
El Poder Ejecutivo reside en el Presidente de la República, quien designa libremente a los ministros del gabinete, a los representantes diplomáticos y a los altos funcionarios de la administración pública que la ley determine. Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y ejerce la jefatura de la Policía Nacional. La figura del vicepresidente, electo en la misma fórmula, suple al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y preside el Senado —sin voto propio, salvo en caso de empate—, así como el Consejo de Ministros cuando el presidente se lo delegue.
La estructura del gabinete comprende, a mediados de 2025, los ministerios de: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Hacienda, Obras Públicas y Comunicaciones, Educación y Ciencias, Salud Pública y Bienestar Social, Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Justicia, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la Información y Comunicación, Desarrollo Social y otros despachos creados por ley. La organización actual es resultado de un proceso de desdoblamiento y creación de carteras que se intensificó a partir de la transición democrática, aunque no ha estado exenta de críticas por su costo fiscal y por la superposición de funciones entre algunas reparticiones.
El presidente en ejercicio es Santiago Peña, economista que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023 tras vencer en las elecciones generales celebradas el 30 de abril de 2023 como candidato del Partido Colorado. Su mandato se extiende hasta el 15 de agosto de 2028.
4. Poder Legislativo[editar]
El Congreso Nacional del Paraguay es bicameral y está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ambas cámaras se eligen por sufragio universal, directo y simultáneo con el binomio presidencial cada cinco años, sin elecciones legislativas de medio término, lo que configura un ciclo electoral único que concentra la competencia política en una sola jornada.
La Cámara de Senadores cuenta actualmente con 45 miembros electos en circunscripción nacional única mediante un sistema de representación proporcional con listas cerradas, aplicando la fórmula D'Hondt para la asignación de escaños. Adicionalmente, los ex presidentes de la República que hayan completado su mandato constitucional gozan de la condición de senadores vitalicios con voz pero sin voto. La Cámara de Diputados se integra por 80 miembros electos por departamento —y, en el caso del departamento Central, por subcircunscripciones— aplicando el mismo mecanismo proporcional.
Entre las funciones legislativas destacan la elaboración y sanción de leyes, la aprobación del presupuesto general de la nación, la ratificación de tratados internacionales, la concesión de amnistías y la autorización para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El Congreso tiene además la potestad de someter a juicio político a los altos funcionarios del Estado, incluido el Presidente de la República, por mal desempeño de sus funciones, delitos comunes cometidos en el ejercicio del cargo o delitos contra la seguridad nacional. Este mecanismo ha sido activado en varias ocasiones desde la transición[3], aunque con resultados dispares.
La sesión anual ordinaria del Congreso se extiende del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, con un receso ordinario entre el 21 de diciembre y el 1 de marzo. El Poder Ejecutivo puede convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar asuntos específicos durante el receso.
5. Poder Judicial[editar]
La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano del Poder Judicial. Se compone de 9 ministros, designados por la Cámara de Senadores sobre la base de ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura. El mandato de un ministro de la Corte se extiende hasta que cumpla la edad de 75 años, salvo remoción previa mediante juicio político. Esta longevidad en el cargo ha sido señalada como un factor que tiende a desacoplar la composición de la Corte de los ciclos propiamente democráticos, generando focos de inercia institucional que no siempre coinciden con las preferencias de las mayorías electorales recientes.
El Consejo de la Magistratura, creado por la Constitución de 1992, tiene a su cargo la selección y propuesta de ternas para la Corte Suprema, los tribunales de apelación y los jueces de primera instancia. Su composición refleja un diseño corporativo que incluye representantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo, los abogados en ejercicio y los propios magistrados. La evaluación de su desempeño ha sido crítica: diversos informes internacionales han señalado la necesidad de transparentar los procesos de selección y fortalecer la carrera judicial para reducir la incidencia del clientelismo político en el nombramiento de jueces[4].
El Ministerio Público, encabezado por el Fiscal General del Estado —designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado—, ejerce la acción penal pública. La autonomía funcional del Ministerio Público respecto del Poder Ejecutivo está reconocida en la Constitución; sin embargo, en la práctica institucional paraguaya su independencia ha sido cuestionada en coyunturas de alto voltaje político.
6. Partidos políticos y sistema electoral[editar]
El sistema de partidos paraguayo se caracteriza por la prolongada hegemonía de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), fundada en 1887, y la presencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) como principal fuerza de oposición durante la mayor parte del período democrático reciente. Junto a ellos actúan formaciones menores como el Partido Patria Querida (de orientación conservadora y con arraigo en sectores urbanos), el Frente Guasú (coalición de izquierda y centroizquierda que articula a movimientos sindicales, campesinos y sociales), el Partido Encuentro Nacional (de centro, con base intelectual y universitaria en sus orígenes) y una constelación de partidos pequeños y movimientos locales que suelen formar alianzas electorales con los partidos grandes.
La génesis histórica del bipartidismo colorado-liberal se remonta a la segunda mitad del siglo XIX y está asociada a las divisiones en torno al modelo de Estado, la relación con la Iglesia católica y la inserción internacional del país tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). Esta fractura original, que en sus primeras décadas tuvo un carácter caudillista y faccioso, se fue transformando durante el siglo XX en un clivaje organizacional y cultural que la dictadura de Stroessner (1954-1989) cristalizó al reducir al Partido Colorado a la condición de partido oficial del régimen, mientras los liberales eran reprimidos o cooptados[5].
Las elecciones generales de 2023 confirmaron la permanencia del Partido Colorado en el poder, con una ventaja de aproximadamente 15 puntos porcentuales sobre la coalición opositora Concertación Nacional, que aglutinó al PLRA y a sectores de centroizquierda. No obstante, el sistema ha mostrado crecientes signos de fragmentación interna dentro de los grandes partidos, con la formación de movimientos o facciones que compiten ferozmente en las elecciones internas antes de converger —no siempre pacíficamente— en la candidatura única para las generales.
El voto en el Paraguay es universal, directo y obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 75 años, siendo opcional para los mayores de esa edad y para los jóvenes de 16 y 17 años que se hayan inscrito voluntariamente. El padrón electoral es administrado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), órgano con autonomía funcional y presupuestaria. La inscripción en el Registro Cívico Permanente es automática para los paraguayos al cumplir la mayoría de edad, aunque las tasas de empadronamiento en las zonas rurales y entre la población migrante interna presentan déficits documentados.
El régimen de financiamiento de partidos políticos ha sido objeto de controversias. El Estado paraguayo asigna subsidios electorales —denominados aportes de campaña— a los partidos políticos en función de los votos obtenidos, pero los mecanismos de rendición de cuentas han sido calificados de insuficientes por observadores internacionales[6].
7. Historia política[editar]
La historia política del Paraguay independiente puede estructurarse en grandes ciclos. El primero corresponde al período de la dictadura perpetua de José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840), quien gobernó con un férreo aislacionismo y sentó las bases de un Estado que centralizó la propiedad de la tierra y controló estrechamente el comercio exterior. Le sucedieron los gobiernos de Carlos Antonio López (1844-1862) y su hijo Francisco Solano López, bajo cuyo mandato el Paraguay se vio envuelto en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), conflicto que diezmó la población y reconfiguró la estructura territorial, económica y demográfica del país.
La posguerra inauguró un período de inestabilidad crónica, con la Constitución de 1870 como marco nominal y una sucesión de gobiernos oligárquicos, revueltas armadas y fragmentación facciosa que duró hasta bien entrado el siglo XX. La Guerra del Chaco (1932-1935) contra 
Bolivia, aunque culminó con una victoria militar paraguaya, agravó las contradicciones internas y aceleró el agotamiento del modelo liberal. En 1954, un golpe militar llevó al poder al general Alfredo Stroessner, quien instauró una dictadura que se prolongó por casi 35 años, sostenida sobre una tríada de Partido Colorado, Fuerzas Armadas y burocracia estatal. El régimen combinó represión política —con un saldo documentado de miles de detenidos, torturados, exiliados y desaparecidos— con un clientelismo extendido que permeó todos los niveles de la administración pública y la vida social.
El golpe militar del 2 y 3 de febrero de 1989, liderado por el general Andrés Rodríguez —consuegro de Stroessner hasta pocas horas antes de la asonada—, abrió el proceso de transición democrática. Rodríguez disolvió el Congreso, convocó a elecciones generales ese mismo año y promulgó un calendario de reformas que culminó con la Asamblea Constituyente de 1991-1992. Las elecciones de 1989 fueron consideradas un avance relativo, aunque con serias limitaciones en cuanto a la equidad de la competencia, dado que el partido del régimen mantuvo el control del aparato estatal. La Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales acompañaron el proceso con misiones de observación electoral.
La democracia paraguaya posterior a 1992 ha transitado por fases de alternancia parcial. El Partido Colorado retuvo la presidencia hasta 2008, cuando una coalición encabezada por Fernando Lugo —ex obispo católico y figura de la teología de la liberación— rompió la hegemonía colorada por primera vez en más de seis décadas. La presidencia de Lugo estuvo marcada por conflictos con el Congreso, tensiones con los grandes propietarios rurales en el contexto de la demanda campesina de reforma agraria y, finalmente, un juicio político sumarísimo que lo destituyó en junio de 2012, decisión que provocó la suspensión temporal del Paraguay del Mercosur y fue calificada por varios gobiernos de la región como una ruptura del orden democrático[7]. El vicepresidente Federico Franco asumió el cargo para completar el período.
En 2013, el empresario Horacio Cartes, del Partido Colorado, recuperó la presidencia, y en 2018 lo sucedió Mario Abdo Benítez, del mismo partido, en una administración que debió lidiar con la pandemia de COVID-19 y con recurrentes crisis de gobernabilidad legislativa. Las elecciones de 2023 consolidaron el retorno del Partido Colorado con Santiago Peña, en un contexto de fragmentación de la oposición y de creciente descontento ciudadano por los niveles de corrupción y la desigualdad persistente.
8. Política exterior[editar]
La política exterior paraguaya refleja la tensión entre su condición de país mediterráneo sin litoral marítimo y su ubicación estratégica en el corazón de América del Sur. El Paraguay es miembro fundador del Mercosur, junto con Argentina, Brasil y Uruguay, y su economía depende en medida sustancial del acceso fluvial a los puertos atlánticos a través de la hidrovía Paraguay-Paraná. Las relaciones con Brasil son particularmente densas, no solo por la condición de socio comercial principal, sino por la administración compartida de la central hidroeléctrica de Itaipú —la mayor del mundo en generación de energía hasta la entrada en operación de la Tres Gargantas en China— y por la presencia de una numerosa comunidad de brasileños y sus descendientes en la región oriental del país[8]. El Tratado de Itaipú, firmado en 1973, establece que la energía producida se divide a partes iguales y que cada socio tiene derecho preferente de adquisición sobre el excedente de la otra parte a precio de costo, cláusula que ha sido objeto de negociaciones recurrentes y cuya revisión en 2023[sin verificar] abrió una etapa de discusión bilateral sobre las tarifas y las condiciones de comercialización de la energía paraguaya a terceros mercados.
Las relaciones con Argentina están condicionadas por la administración de la represa de Yacyretá —compartida entre ambos países— y por la cuestión migratoria, dado el número significativo de paraguayos que residen en el área metropolitana de Buenos Aires. Históricamente, la relación bilateral ha pasado por momentos de cooperación y de fricción, estos últimos frecuentemente asociados a la fluctuación del tipo de cambio y al impacto en el comercio fronterizo.
El Paraguay mantiene, desde la Guerra del Chaco, una relación de cooperación con Bolivia, país con el que comparte la condición de mediterraneidad y una frontera en la región del Chaco Boreal. En 2009, ambos países sellaron un acuerdo definitivo de límites que puso fin a la disputa territorial heredada del conflicto. Paraguay ha buscado, además, diversificar sus vínculos internacionales a través de la profundización de relaciones con Chile —país por cuyo litoral Pacífico transita parte del comercio exterior paraguayo—, con la Unión Europea, con la República de China (Taiwán), de la cual Paraguay es uno de los pocos aliados diplomáticos restantes —lo que genera tensiones potenciales con la República Popular China—, y con otros actores extracontinentales como Japón y Corea del Sur.
La participación del Paraguay en organismos multilaterales incluye su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Grupo de Río —predecesor de la CELAC—, y los mecanismos de integración sudamericana como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), de la que se retiró en 2019 junto con otros países que cuestionaron la eficacia del organismo, y el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR). La diplomacia paraguaya ha defendido consistentemente el principio de no intervención y ha procurado mantener relaciones cordiales con todos los gobiernos de la región, con independencia de su signo ideológico, aunque esta aspiración se ha visto tensionada en momentos de polarización hemisférica.
9. Desafíos contemporáneos[editar]
La agenda política paraguaya de los últimos años está atravesada por una serie de desafíos estructurales que trascienden los ciclos electorales. La desigualdad en la distribución de la tierra —con un índice de Gini de la propiedad rural que la literatura especializada ubica entre los más altos del mundo—[9] alimenta conflictos campesinos y demandas de reforma agraria que mantienen latentes focos de tensión en varios departamentos del país. La debilidad del sistema de administración de justicia, los altos índices de percepción de corrupción —consistentemente reflejados en reportes internacionales— y la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, particularmente en las zonas fronterizas, constituyen áreas de creciente preocupación tanto en el debate público doméstico como en los foros de cooperación internacional.
En el terreno económico, el Paraguay ha mostrado tasas de crecimiento sostenido durante gran parte de las últimas dos décadas, impulsadas por la exportación de commodities agrícolas —soja, carne bovina, maíz— y la energía hidroeléctrica. Sin embargo, persisten deficiencias en la calidad del gasto público, la informalidad laboral —que afecta a más del 60 % de la fuerza de trabajo— y la cobertura de los servicios sociales básicos en las áreas rurales y entre la población indígena.
El debate sobre la reforma constitucional ha recobrado vigencia en los últimos años. Diversos sectores han planteado la necesidad de una nueva carta magna o de enmiendas sustanciales a la de 1992 para permitir figuras como la reelección presidencial no consecutiva, la segunda vuelta electoral (balotaje) en las elecciones presidenciales —el sistema actual consagra al candidato con mayor número de votos, sin umbral mínimo—, o la reforma del Poder Judicial. Estos debates se producen en un contexto en el que la ciudadanía manifiesta, según encuestas de opinión, niveles decrecientes de confianza en las instituciones democráticas[10].
Por último, la inserción internacional del Paraguay se enfrenta al reto de superar las restricciones que impone la mediterraneidad, la dependencia de rutas fluviales y carreteras administradas por países vecinos, y la competencia en los mercados globales de alimentos y energía, todo ello en un escenario de cambio climático que amenaza la productividad agrícola y la disponibilidad de agua, factores ambos críticos para la economía y la estabilidad social del país.
10. Presencia en el mundo hispanohablante[editar]
El Paraguay, como país bilingüe español-guaraní, ocupa un lugar singular en el conjunto de naciones hispanohablantes. La particularidad de un bilingüismo que no es simplemente diglósico —donde el español domina el ámbito formal y el guaraní el informal—, sino que presenta zonas de mezcla e interpenetración profunda (el llamado jopara), configura una identidad política y cultural diferenciada que con frecuencia se refleja en la oratoria de los dirigentes, en las campañas electorales —donde el uso del guaraní tiene una función performativa de cercanía con el votante rural y popular— y en la producción literaria y artística con resonancia política.
En las relaciones interamericanas, el Paraguay ha sido parte activa, aunque discreta, de los foros y organizaciones que reúnen a los países de lengua española, en particular la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. La cooperación judicial y educativa con 
España y con otros países de Iberoamérica ha sido un vector de intercambio sostenido, en el que destaca la presencia de agencias de cooperación española que financian proyectos de desarrollo institucional, programas de becas y fortalecimiento del sistema educativo.
La cultura política paraguaya comparte con otros países latinoamericanos problemáticas como la corrupción, la debilidad institucional y las tensiones entre la tradición centralista y las demandas de descentralización, pero exhibe rasgos propios que la literatura académica ha identificado: un presidencialismo que, pese a los límites constitucionales, tiende a ejercer una influencia desproporcionada sobre los otros poderes; un sistema de partidos que ha mostrado notable resiliencia a las crisis, aunque al costo de la renovación de liderazgos; y una sociedad civil que, en las últimas décadas, ha desarrollado redes de movilización capaces de incidir en la agenda pública —como lo demostraron las protestas de 2017 contra el proyecto de enmienda constitucional que buscaba habilitar la reelección presidencial—, pero que aún enfrenta obstáculos formidables para traducir esa capacidad de movilización en cambios institucionales duraderos.
La imposibilidad de reelección presidencial inmediata es una de las notas distintivas del constitucionalismo paraguayo posterior a Stroessner, diseñada precisamente para evitar la concentración unipersonal del poder que caracterizó al régimen dictatorial. Sin embargo, la interpretación de esta cláusula ha sido motivo de repetidas controversias jurídicas y políticas, como las de 2013 y 2017. ↩︎
Las constituciones paraguayas precedentes datan de 1844, 1870, 1940 y 1967. Esta última, con enmiendas, fue la carta del régimen stronista hasta el golpe de 1989. ↩︎
Por ejemplo, el juicio político contra el presidente Fernando Lugo en 2012, que culminó con su destitución en un lapso de aproximadamente 36 horas, desató controversias continentales sobre el debido proceso y la cláusula democrática del Mercosur. ↩︎
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y organizaciones como Transparencia Internacional han recomendado reformas en el sistema de designación de jueces y fiscales en el Paraguay. ↩︎
Durante la dictadura stronista, la afiliación al Partido Colorado era un requisito práctico para el acceso a la función pública, la promoción en las Fuerzas Armadas y la obtención de ciertos beneficios estatales. La Comisión de Verdad y Justicia —creada en 2003— documentó que el partido funcionaba como una extensión del aparato represivo del Estado. ↩︎
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y la OEA han señalado en informes de evaluación mutua la vulnerabilidad del sistema de financiamiento político paraguayo frente a la infiltración de dinero ilícito, particularmente en el contexto de las economías fronterizas. ↩︎
El Mercosur suspendió al Paraguay aplicando el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, argumentando que el procedimiento exprés del juicio político no había respetado las garantías del debido proceso.
Brasil, 
Argentina y 
Uruguay votaron a favor de la suspensión. Paraguay fue readmitido tras la asunción del gobierno de Cartes en agosto de 2013. ↩︎Se denomina "brasiguayos" a los migrantes brasileños y sus descendientes establecidos en el Paraguay, particularmente en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Amambay, donde su presencia ha transformado la estructura agraria, lingüística y económica local. Las estimaciones sobre su número varían ampliamente; cifras no oficiales hablan de entre 200.000 y 400.000 personas. ↩︎
Según datos de Oxfam y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en informes de la década de 2010, el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra en Paraguay supera el 0,85, lo que indica una concentración extrema de la propiedad. ↩︎
El Latinobarómetro y otras encuestas regionales han registrado en Paraguay caídas en los indicadores de confianza en el Congreso, los partidos políticos y el Poder Judicial, particularmente tras episodios de crisis institucional como el juicio político de 2012 y las controversias de corrupción de los años posteriores. ↩︎