Transición española
| Transición española | |
|---|---|
| Ámbito |  España |
| Período | No hay acuerdo sobre sus fechas. La delimitación más común va de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, a la victoria electoral del PSOE del 28 de octubre de 1982. Otras propuestas la cierran en 1978 con la Constitución, en 1981 con el golpe fallido o la extienden hasta 1986 |
| Hito jurídico central | Constitución del 6 de diciembre de 1978, refrendada con el 87,8 % de votos afirmativos |
| Forma de Estado resultante | Monarquía parlamentaria, Estado social y democrático de Derecho, con un modelo de descentralización que daría lugar al Estado de las autonomías |
| Jefe del Estado | Juan Carlos I, proclamado rey el 22 de noviembre de 1975 |
| Presidentes del Gobierno | Carlos Arias Navarro (1975-1976), Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), Felipe González (desde 1982) |
| Primeras elecciones libres | 15 de junio de 1977, las primeras desde febrero de 1936 |
1. Resumen[editar]
La Transición española es el proceso por el cual España pasó de la dictadura del general Francisco Franco a una democracia parlamentaria, sin ruptura violenta con el régimen anterior y mediante una reforma pactada de su propia legalidad.
Su mecanismo esencial fue paradójico y es lo que la hace singular: las Cortes franquistas aprobaron su propia disolución. La Ley para la Reforma Política, aprobada por aquellas Cortes en noviembre de 1976 y refrendada en diciembre, abrió la vía a unas elecciones libres empleando los procedimientos del régimen que se pretendía desmontar. De ahí la fórmula con que se resumió el proceso: «de la ley a la ley».
Los hitos son conocidos: la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975; la proclamación de Juan Carlos I dos días después; el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno en julio de 1976; la legalización del Partido Comunista el Sábado Santo de 1977; las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras libres en cuarenta y un años; los Pactos de la Moncloa; la Constitución de 1978; el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981; y la victoria del PSOE en 1982, que muchos consideran el cierre del proceso al producirse la primera alternancia completa en el poder.
Durante tres décadas, la Transición fue objeto de un relato consensuado y en buena medida celebratorio, presentado dentro y fuera de España como modelo de transición pacífica. Desde comienzos del siglo XXI ese relato ha sido sometido a una revisión crítica intensa, centrada en el precio pagado: la amnistía de 1977 y la ausencia de justicia para las víctimas del franquismo, la continuidad de personal en el aparato del Estado, la impunidad de la violencia policial y parapolicial de aquellos años, y el papel real atribuido a unos y otros actores.
2. El punto de partida[editar]
A la muerte de Franco, España era una dictadura de casi cuarenta años, sin partidos políticos legales —salvo el Movimiento Nacional—, sin sindicatos libres, sin libertad de prensa ni de asociación, con la pena de muerte vigente —se aplicó por última vez en septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador— y con la memoria de la Guerra Civil como argumento fundacional del régimen.
Pero era también un país transformado por dos décadas de crecimiento: una sociedad urbana, con clases medias amplias, millones de emigrantes que habían trabajado en Europa, un turismo masivo y una relación económica estrecha con las Comunidades Europeas, cuyo ingreso exigía democracia. La oposición —PCE y Comisiones Obreras sobre todo, y un PSOE reconstruido desde 1974— tenía capacidad de movilización pero no fuerza para derribar el régimen.
De ese equilibrio —un régimen que no podía continuar y una oposición que no podía imponerse— nació la fórmula de la reforma pactada.
3. Cronología del proceso[editar]
3.1 El gobierno Arias y el bloqueo (1975-1976)[editar]
Juan Carlos I fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975, designado sucesor por Franco «a título de Rey» en 1969. Mantuvo inicialmente como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro, cuya orientación continuista chocó con la demanda creciente de cambio.
Fue un período de gran conflictividad: huelgas masivas, manifestaciones y una represión que dejó episodios graves, como los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, cuando la policía disparó contra trabajadores reunidos en una iglesia y causó cinco muertos, o los de Montejurra. Arias dimitió en julio de 1976 a petición del rey.
3.2 Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976-1977)[editar]
El nombramiento de Adolfo Suárez, de 43 años, exsecretario general del Movimiento, fue recibido con escepticismo generalizado por la oposición y por la prensa. Suárez desmontó el régimen desde dentro con una rapidez que sorprendió a todos.
La Ley para la Reforma Política fue aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 —el llamado harakiri de los procuradores— y refrendada el 15 de diciembre con un 94 % de votos afirmativos. Establecía la soberanía popular, unas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal y el procedimiento de reforma constitucional.
Enero de 1977 fue el mes más peligroso del proceso. En pocos días se produjeron el secuestro del teniente general Villaescusa por el GRAPO, y sobre todo la matanza de Atocha del 24 de enero, en la que pistoleros de extrema derecha asesinaron a cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y a Comisiones Obreras. El entierro multitudinario y silencioso organizado por un Partido Comunista todavía ilegal fue interpretado como una demostración de responsabilidad que aceleró su legalización.
El 9 de abril de 1977, Sábado Santo, Suárez legalizó el Partido Comunista de España, la decisión más arriesgada del proceso: provocó la dimisión del ministro de Marina y una fuerte tensión en el ejército, y a cambio el PCE aceptó la monarquía, la bandera rojigualda y la unidad de España.
3.3 Las elecciones de 1977 y los Pactos de la Moncloa[editar]
Las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras libres desde febrero de 1936, las ganó la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez con 165 escaños, seguida del PSOE de Felipe González con 118. El PCE obtuvo 20 y Alianza Popular, 16. Las Cortes resultantes asumieron función constituyente.
En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, un acuerdo entre gobierno, partidos y —en su desarrollo— agentes sociales para afrontar una crisis económica gravísima, con una inflación cercana al 30 % y el impacto de la crisis del petróleo. Combinaron ajuste y reformas fiscales y sociales, y son citados desde entonces como el modelo de gran pacto de Estado en España.
Ese mismo mes se aprobó la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977, que liberó a los presos políticos del franquismo y, simultáneamente, impidió la persecución de los delitos cometidos por funcionarios y agentes del Estado durante la dictadura. Es la norma más discutida de todo el período (véase la sección 5).
3.4 La Constitución de 1978[editar]
La Constitución fue redactada por una ponencia de siete diputados —los llamados «padres de la Constitución»— procedentes de UCD, PSOE, PCE, AP y la minoría catalana. El nacionalismo vasco no formó parte de la ponencia y el PNV terminó pidiendo la abstención en el referéndum.
Fue aprobada por las Cortes y refrendada el 6 de diciembre de 1978 con un 87,8 % de votos afirmativos y una participación del 67 %. Definió España como monarquía parlamentaria y «Estado social y democrático de Derecho», consagró un amplio catálogo de derechos, abolió la pena de muerte salvo en tiempo de guerra —supresión completada en 1995— y diseñó, en su Título VIII, un modelo abierto de descentralización que daría lugar al Estado de las autonomías.
Su elaboración procedió por consenso, con artículos deliberadamente ambiguos en los puntos de mayor desacuerdo —la monarquía, la relación con la Iglesia, el modelo territorial, la educación— para hacer posible el acuerdo. Esa ambigüedad calculada es a la vez la clave de su aprobación y el origen de conflictos posteriores.
3.5 El 23-F y el final del proceso (1979-1982)[editar]
Los años finales fueron de desgaste. La UCD ganó de nuevo en 1979 pero se descompuso internamente; la violencia de ETA alcanzó sus años más letales —1979 y 1980 fueron los de mayor número de víctimas—; y la extrema derecha y el ruido de sables presionaban desde el otro flanco. Suárez dimitió el 29 de enero de 1981.
El 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió con guardias civiles en el Congreso de los Diputados y secuestró a la cámara. En Valencia, el general Milans del Bosch sacó los tanques a la calle. El golpe fracasó tras la intervención televisada del rey en la madrugada del 24 de febrero, desautorizándolo.
El proceso se cerró, según la periodización más aceptada, con las elecciones del 28 de octubre de 1982, en las que el PSOE obtuvo 202 escaños y más de diez millones de votos. La llegada al poder del partido derrotado en 1939, mediante elecciones y con aceptación de todos los actores, completó la alternancia. España ingresó en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, hito que algunos autores prefieren como cierre real.
4. Elementos característicos del proceso[editar]
- Reforma y no ruptura. La oposición había reclamado la «ruptura democrática» —gobierno provisional y elecciones constituyentes— y acabó aceptando la «reforma pactada», o ruptura pactada según la fórmula de compromiso.
- Consenso. El término define el método: acuerdos amplios entre adversarios y renuncia deliberada a imponer posiciones máximas.
- Papel de la monarquía. Juan Carlos I, designado por Franco, impulsó el cambio y su intervención del 23-F consolidó la institución. La valoración de su papel es uno de los ejes del debate posterior.
- Presión de la calle y coste en vidas. La imagen de una transición pacífica convive con una realidad de violencia considerable: la de ETA, la del GRAPO, la de la extrema derecha y la represión policial. Los estudios que han cuantificado las víctimas mortales de la violencia política del período manejan cifras de varios centenares de personas, con criterios y horquillas que difieren según la delimitación temporal empleada.
5. El debate historiográfico[editar]
Ningún período de la historia reciente de España está tan disputado interpretativamente.
La lectura clásica, dominante hasta comienzos del siglo XXI y sostenida por buena parte de sus protagonistas y por historiadores como Javier Tusell o Santos Juliá, presenta la Transición como un éxito colectivo: un país sin tradición democrática estable, con una guerra civil a la espalda y un ejército hostil, construyó una democracia homologable sin repetir el conflicto. En esta lectura, las renuncias fueron el precio inevitable de la viabilidad.
La lectura crítica, con antecedentes desde los años ochenta y muy reforzada desde el movimiento de recuperación de la memoria histórica y el 15-M de 2011, sostiene que el proceso fue una operación de continuidad de las élites más que una ruptura democrática: el aparato del Estado, la judicatura, la policía y el poder económico mantuvieron su personal y sus posiciones; las víctimas del franquismo no obtuvieron reparación ni verdad judicial; y la Constitución consagró una monarquía que nadie eligió. Autores como Gregorio Morán o Emmanuel Rodríguez han desarrollado esta línea.
Una tercera posición, hoy quizá la más extendida en el ámbito académico, rechaza los dos marcos anteriores por igual y estudia la Transición como un proceso conflictivo, contingente y presionado desde abajo, en el que la movilización social —huelgas, manifestaciones, el movimiento vecinal, el feminismo emergente— fue determinante y no un mero telón de fondo del pacto entre élites. Historiadoras e historiadores como Pere Ysàs o Xavier Domènech han insistido en este enfoque.
Los puntos concretos de mayor discusión son:
- La Ley de Amnistía de 1977 y si constituye o no una «ley de punto final» equiparable a las de las transiciones latinoamericanas. Los comités de derechos humanos de la ONU han recomendado reiteradamente a España su derogación o inaplicación por ser incompatible con el derecho internacional en materia de crímenes contra la humanidad; el Tribunal Supremo español ha mantenido su vigencia. La Ley de Memoria Democrática de 2022 introdujo cambios en la interpretación sin derogarla.
- El «pacto del olvido»: si existió como acuerdo tácito de no remover el pasado y hasta qué punto fue voluntario o impuesto por la correlación de fuerzas.
- El papel de Juan Carlos I, revalorizado tras el 23-F y sometido a revisión tras su abdicación en 2014 y las investigaciones sobre su patrimonio.
- El 23-F mismo: la existencia o no de tramas más amplias, y el papel de distintos actores, sigue generando bibliografía y no está cerrada.
- La cuestión territorial: si el Título VIII resolvió el problema o lo aplazó, un debate que la crisis catalana de 2017 reabrió con fuerza.
6. La Transición como modelo exportado[editar]
Durante los años ochenta y noventa, la Transición española se convirtió en un objeto de exportación política e intelectual. Fue estudiada como caso paradigmático dentro de la llamada «tercera ola» de democratizaciones descrita por Samuel Huntington, junto con Portugal y Grecia, y sirvió de referencia explícita en procesos posteriores.
Los ecos fueron especialmente intensos en el Cono Sur. Dirigentes y asesores de las transiciones de 
Argentina (1983), 
Uruguay (1985) y sobre todo 
Chile (1988-1990) estudiaron el caso español; la Fundación Ebert, el PSOE, la UCD y los partidos democristianos españoles mantuvieron programas de formación y contacto con partidos latinoamericanos. La fórmula del pacto entre adversarios y de la transición negociada con las fuerzas del régimen saliente fue el elemento más citado.
Ese modelo ha sido también objeto de crítica desde América Latina, y por un motivo preciso: mientras Argentina juzgó a las juntas militares en 1985 y Chile acabó procesando a Pinochet, España mantuvo la amnistía de 1977 y no ha celebrado ningún juicio por los crímenes del franquismo. La comparación se invirtió con el tiempo, y en 2010 fue una jueza argentina, María Servini, quien abrió la llamada querella argentina contra crímenes del franquismo bajo el principio de jurisdicción universal —el mismo principio que un juez español había invocado años antes contra represores argentinos y chilenos—.
Esa inversión es hoy uno de los datos más citados en el debate hispanoamericano sobre justicia transicional, y explica que la Transición española haya pasado, en la conversación pública de la región, de ser un modelo a imitar a ser un caso a discutir.