Política de España
| Estado español | |
|---|---|
| Nombre oficial | Reino de España |
| Forma de Estado | Monarquía parlamentaria |
| Jefatura del Estado | Rey Felipe VI (desde 19 de junio de 2014) |
| Presidente del Gobierno | Pedro Sánchez (PSOE) |
| Sede del Gobierno | Palacio de la Moncloa, Madrid |
| Órgano legislativo | Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) |
| Constitución vigente | 1978 |
| Sistema electoral | Representación proporcional (provincial, listas cerradas y bloqueadas) |
| Estado miembro de | Unión Europea (desde 1986), OTAN |
1. Resumen[editar]
La política de 
España se articula en torno a una monarquía parlamentaria establecida por la Constitución de 1978, que marcó el inicio del período democrático tras la dictadura de Francisco Franco. El sistema combina la figura de un Rey como jefe del Estado —con funciones representativas y moderadoras— con un Gobierno encabezado por un Presidente responsable ante las Cortes Generales, el parlamento bicameral que ostenta el poder legislativo[1].
España es un Estado unitario descentralizado. El denominado Estado de las Autonomías reconoce la existencia de regiones y nacionalidades con capacidad de autogobierno, plasmada en los estatutos de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este modelo de organización territorial, de carácter intermedio entre el federalismo estricto y el centralismo, ha sido uno de los ejes centrales del debate político español.
La pertenencia de España a la Unión Europea desde 1986 y a la OTAN desde 1982 define, junto con la relación histórica con Iberoamérica, las líneas maestras de su política exterior.
2. Sistema de gobierno y Constitución[editar]
La Constitución de 1978 —la norma suprema del ordenamiento jurídico español— define en su artículo 1.3 la forma política del Estado como «monarquía parlamentaria». El texto, resultado de un amplio consenso de las fuerzas políticas que participaron en su redacción, incorpora principios de soberanía popular, división de poderes y reconocimiento de derechos fundamentales[2].
El sistema es parlamentario en el sentido más estricto: el Gobierno debe gozar de la confianza del Congreso de los Diputados y responde solidariamente ante él de su gestión política. El Rey, aunque es la máxima autoridad simbólica y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, carece de poder ejecutivo real; sus actos deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno, los ministros o el Presidente del Congreso. Entre sus funciones más visibles destacan la sanción y promulgación de las leyes, la propuesta del candidato a la Presidencia del Gobierno y la disolución de las Cámaras en los términos previstos en la Constitución.
La rigidez constitucional se garantiza mediante dos procedimientos de reforma: uno ordinario y otro agravado para los elementos esenciales del sistema. Desde su aprobación, la Constitución ha sido reformada en tres ocasiones, la última de ellas en 2011 para introducir el principio de estabilidad presupuestaria.
3. La Jefatura del Estado: la Corona[editar]
La Corona ocupa un lugar institucional singular. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, de acuerdo con el artículo 56.3 de la Constitución. La legitimidad de la monarquía actual deriva directamente del texto constitucional y no de una restauración automática de la dinastía histórica, aunque la figura de Juan Carlos I —padre y predecesor de Felipe VI— fue designada sucesor por el propio Franco en 1969[3].
El rey Felipe VI accedió al trono el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de su padre[4]. Entre sus funciones constitucionales figuran:
- Representar a España en las relaciones internacionales.
- Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.
- Proponer el candidato a la Presidencia del Gobierno y nombrarlo.
- Sancionar y promulgar las leyes.
- El mando supremo de las Fuerzas Armadas, función de carácter simbólico.
La Casa del Rey es la institución que asiste al monarca en todas sus actividades, gestiona su agenda (mensajes públicos, viajes de Estado, recepciones institucionales) y administra el presupuesto que las Cortes Generales le asignan anualmente.
4. El Poder Legislativo: las Cortes Generales[editar]
Las Cortes Generales constituyen el parlamento bicameral español. Están formadas por:
-
El Congreso de los Diputados, cámara baja con un mínimo de 300 y un máximo de 400 escaños. Actualmente cuenta con 350 miembros[5]. Es la cámara que inviste al Presidente del Gobierno y la que ejerce el control más directo sobre el Ejecutivo mediante preguntas, interpelaciones y mociones.
-
El Senado, definido constitucionalmente como cámara de representación territorial. Una parte de los senadores son elegidos por sufragio directo en las circunscripciones provinciales y otra parte es designada por los parlamentos autonómicos. Aunque participa en el proceso legislativo, su papel es subordinado: el Congreso puede levantar un veto del Senado por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple.
Ambas cámaras se reúnen en sesiones conjuntas en contadas ocasiones, como la sesión solemne de apertura de la legislatura presidida por el Rey. El mandato de cada legislatura es de cuatro años, salvo disolución anticipada por el Presidente del Gobierno o por imposibilidad de investidura.
5. El Poder Ejecutivo: el Gobierno[editar]
El Gobierno de España se compone del Presidente —investido por el Congreso tras las elecciones generales—, los vicepresidentes, en su caso, y los ministros. La actual estructura se organiza en ministerios que abarcan desde Asuntos Exteriores, Defensa, Interior, Justicia y Hacienda hasta carteras de perfil social (Sanidad, Educación, Inclusión, Seguridad Social) y de dinamización económica (Industria, Agricultura, Transición Digital). El número de departamentos ministeriales no es fijo y varía en función de la decisión del Presidente al formar Gobierno.
El Presidente del Gobierno es Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que fue investido de nuevo el 16 de noviembre de 2023 con los votos de varias formaciones parlamentarias[6]. El Ejecutivo actual es de coalición entre el PSOE y la plataforma de izquierda Sumar, continuando la experiencia del primer Gobierno de coalición de la democracia reciente, estrenado en 2020.
Entre las funciones principales del Gobierno figuran:
- Dirigir la política interior y exterior.
- Ejercer la potestad reglamentaria (aprobación de reales decretos).
- Elaborar los Presupuestos Generales del Estado, que requieren aprobación parlamentaria.
- Convocar referéndums consultivos, previa autorización del Congreso.
El Ejecutivo responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados y puede ser destituido mediante una moción de censura constructiva, mecanismo que exige que el candidato alternativo obtenga el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara. Esta figura, inspirada en la Ley Fundamental de Bonn (Alemania), busca garantizar la estabilidad gubernamental y fue clave en la primera moción de censura exitosa de la democracia española, la que llevó a Pedro Sánchez al poder en 2018[7].
6. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional[editar]
La función jurisdiccional corresponde exclusivamente a jueces y magistrados, independientes e inamovibles. La cúspide del sistema judicial la ocupa el Tribunal Supremo, con sede en Madrid, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. Por debajo se articulan la Audiencia Nacional (para delitos especialmente graves como terrorismo o narcotráfico a gran escala) y los Tribunales Superiores de Justicia (uno por comunidad autónoma), además de las Audiencias Provinciales y los juzgados de primera instancia e instrucción.
El gobierno de los jueces corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya composición y sistema de elección ha sido motivo de reiterados conflictos políticos y de bloqueos en su renovación[8]. La Constitución separa orgánicamente la jurisdicción ordinaria del Tribunal Constitucional, un órgano especial que no forma parte del poder judicial en sentido estricto. Sus doce magistrados son nombrados por el Rey a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el propio CGPJ, y se renovan por tercios cada tres años. Se encarga de los recursos de inconstitucionalidad, los recursos de amparo y la resolución de conflictos de competencia entre Estado y comunidades autónomas.
7. Sistema electoral y circunscripciones[editar]
El sistema electoral español se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sus rasgos más característicos son:
- Fórmula proporcional con la regla D'Hondt para la asignación de escaños en el Congreso y en la mayoría de elecciones autonómicas y municipales.
- Circunscripción provincial para las elecciones generales. Cincuenta provincias más Ceuta y Melilla conforman las circunscripciones electorales en España.
- Listas cerradas y bloqueadas para el Congreso y la inmensa mayoría de instituciones representativas. El elector vota a una lista presentada por un partido o coalición sin poder modificar el orden de los candidatos.
- Umbral electoral del 3 % de los sufragios válidos en la circunscripción, una barrera que solo tiene efecto práctico en las circunscripciones más pobladas, como Madrid y Barcelona.
La combinación de circunscripción pequeña (la provincia media reparte entre tres y cinco diputados) con el sistema D'Hondt produce un sesgo mayoritario que beneficia a los grandes partidos de ámbito estatal y, en algunas elecciones, a las formaciones de arraigo territorial concentrado[9]. Los partidos políticos —herramientas fundamentales en el sistema, según el artículo 6— deben inscribirse en el registro del Ministerio del Interior para poder presentar candidaturas.
8. Partidos políticos y sistema de partidos[editar]
El sistema de partidos español ha transitado desde el bipartidismo imperfecto de las primeras décadas democráticas (UCD, más tarde PP y PSOE) hacia un multipartidismo fragmentado, especialmente a partir de las elecciones europeas de 2014 y las generales de 2015. Los partidos de ámbito estatal con representación parlamentaria son:
- Sumar (y en anteriores legislaturas Podemos e Izquierda Unida), en el espacio de la izquierda alternativa y ecologista.
La financiación de los partidos políticos combina recursos públicos (subvenciones por escaño y voto) y cuotas de afiliación y donaciones privadas, bajo un régimen jurídico que ha sufrido sucesivas reformas para mejorar la transparencia[10].
9. Organización territorial: el Estado de las Autonomías[editar]
La descentralización territorial es uno de los rasgos más definitorios del modelo español.
La distribución de competencias es asimétrica.
En el nivel local, los municipios son las entidades territoriales básicas. Las diputaciones provinciales, cuyos representantes son elegidos indirectamente por los concejales de cada provincia, coordinan y prestan servicios a los municipios de menor tamaño[11].
10. Relaciones internacionales[editar]
Uno de los ejes de la política exterior de España es la Comunidad Iberoamericana. Las Cumbres Iberoamericanas, impulsadas inicialmente por España, y la relación con los países de América Latina constituyen un activo diplomático y cultural que se concreta en cooperación al desarrollo, relaciones económicas (especialmente en 
México, 
Argentina, Chile, 
Brasil y 
Colombia) y lazos humanos derivados de una historia y lengua comunes.
11. Símbolos y protocolo[editar]
La bandera está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la central de doble anchura. La Marcha Real es uno de los pocos himnos nacionales sin letra oficial.
El protocolo institucional atribuye a la Jefatura del Estado la máxima precedencia, seguida del Presidente del Gobierno y los presidentes de las altas instituciones del Estado (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo). Las comunidades autónomas organizan sus propios actos en los que las autoridades autonómicas presiden conjuntamente con las estatales que asisten.
12. Presencia en el mundo hispanohablante[editar]
España mantiene una presencia activa en América Latina y en los países hispanohablantes a través de varias instituciones, cuya labor de difusión del español y de las culturas hispánicas es uno de los instrumentos más visibles de la acción cultural exterior. Esas instituciones difunden su labor docente y cultural mediante una oferta de cursos de español, bibliotecas y una programación de exposiciones y conferencias con artistas y académicos hispanohablantes.
Nota: las designaciones exactas y las denominaciones de los partidos políticos recogen el nombre oficial registrado en el Ministerio del Interior.
La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el Rey el 27 de diciembre del mismo año. La ley fundamental sustituyó al régimen autoritario del general Franco, vigente desde el fin de la Guerra Civil (1939). El proceso, conocido como Transición, se había iniciado en 1975 con la muerte del dictador. ↩︎
Las Cortes constituyentes de 1977 elaboraron un texto de compromiso en el que participaron ponentes de UCD, PSOE, PCE y Alianza Popular, junto a un representante de la minoría catalana y otro de la vasca. El llamado «consenso constitucional» permitió superar las profundas divisiones heredadas del franquismo y ha sido invocado como referente en momentos de crisis política posteriores. ↩︎
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 definió a España como un «reino» pero mantuvo a Franco como jefe del Estado vitalicio con la prerrogativa de designar sucesor. Juan Carlos I fue investido como Príncipe de España en 1969 y asumió la Jefatura del Estado dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975. ↩︎
El actual diseño del escudo fue aprobado por la Ley 33/1981 y difiere del utilizado durante el franquismo, que incorporaba el águila de San Juan. La coronación de Felipe VI mantuvo el diseño básico, aunque simplificó la corona en su estandarte personal. ↩︎
La Constitución fija un mínimo de 300 y un máximo de 400. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) fijó el número en 350, distribuyéndose dos por provincia y el resto en proporción a la población. Las ciudades de Ceuta y
Melilla eligen un diputado cada una. La circunscripción es la provincia (o isla en el caso de 
Canarias y Baleares), lo que otorga a las circunscripciones rurales una sobrerrepresentación de la que adolece el sistema en opinión de numerosos constitucionalistas. ↩︎La investidura de Sánchez en 2023 se produjo tras unas elecciones generales que no dieron mayoría absoluta a ningún bloque, en un contexto de complejas negociaciones que incluyeron acuerdos con formaciones independentistas catalanas y vascas, lo que generó un intenso debate político y social sobre la gobernabilidad y la unidad territorial. ↩︎
La moción de censura de 2018, la cuarta que se debatía desde 1978, tuvo éxito con 180 votos a favor, superando los 176 de la mayoría absoluta. Fue la primera que desplazó un Gobierno en España, obligando a dimitir a Mariano Rajoy, cuyo partido (PP) se veía acosado por una sentencia judicial sobre financiación ilegal. ↩︎
El CGPJ está compuesto por veinte vocales. Doce de ellos deben ser jueces o magistrados. La reforma de 1985 introdujo la designación parlamentaria de todos los vocales, un modelo que ha sido criticado por asociaciones judiciales y organismos internacionales por politizar la elección. ↩︎
Las formaciones nacionalistas e independentistas vascas y catalanas han tenido un papel de bisagra en la política estatal desde la Transición. El PNV apoyó la investidura de varios presidentes sin contraprestaciones territoriales de calado, pero el denominado «conflicto catalán», agudizado a partir del referéndum de independencia de 2017, ha transformado la dinámica de apoyos parlamentarios. ↩︎
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos prohíbe las donaciones anónimas y establece límites a las donaciones de personas jurídicas. Pese a ello, varios casos judiciales han mostrado prácticas de financiación irregular en el pasado, lo que ha motivado reformas legislativas y la creación de un sistema de fiscalización más riguroso. ↩︎
La estructura municipal hereda un mapa con muchos municipios de muy pequeña población. La despoblación rural y la emigración han vaciado las posibilidades de muchos de ellos para sostener servicios, lo que ha llevado a políticas de fusión o mancomunidad de servicios en amplias zonas del interior (Castilla y León, Aragón,
Castilla-La Mancha). ↩︎