Acuerdo de paz de Colombia
| Acuerdo de paz de Colombia | |
|---|---|
| Nombre oficial | Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera |
| Firmantes | Gobierno de Colombia FARC-EP |
| Fecha de firma | 24 de noviembre de 2016, Teatro Colón, Bogotá |
| Tipo | Acuerdo de paz |
| Sede de negociación | La Habana, Cuba |
| Duración de la negociación | 2012 - 2016 |
| Garantes | Cuba, Noruega |
| Acompañantes |  Venezuela, Chile |
| Contenido | Reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas, víctimas |
1. Resumen[editar]
El Acuerdo de paz de Colombia, formalmente denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, es el pacto suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC) en 2016, con el objetivo de poner fin a un conflicto armado interno que se prolongó por más de cincuenta años.[1] Las conversaciones, que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, se extendieron durante cuatro años y abordaron seis ejes temáticos: desarrollo rural, participación política, cese al fuego y dejación de armas, solución al problema de drogas ilícitas, atención a las víctimas e implementación y verificación del acuerdo.
Un primer texto, firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, fue sometido a plebiscito popular el 2 de octubre del mismo año y resultó sorpresivamente rechazado por un margen estrecho. Tras una renegociación que incorporó propuestas de los sectores que votaron por el «No», el 24 de noviembre se firmó un nuevo texto en Bogotá, que fue ratificado por el Congreso de la República y se convirtió en el instrumento jurídico que puso en marcha el proceso de dejación de armas y la reinserción de los excombatientes a la vida civil.
El acuerdo le valió al entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el 
Premio Nobel de la Paz en 2016. Sin embargo, su implementación ha sido desigual y ha enfrentado numerosos obstáculos, entre ellos la desfinanciación de los programas pactados, el asesinato de líderes sociales y excombatientes, y la reconfiguración de grupos armados en zonas antes controladas por las FARC.
2. Antecedentes del conflicto[editar]
El enfrentamiento entre el Estado colombiano y las guerrillas tiene raíces profundas que se remontan a mediados del siglo XX. La desigualdad en la tenencia de la tierra, la exclusión política de amplios sectores campesinos y la represión estatal durante el periodo conocido como La Violencia (1948-1958) fueron el caldo de cultivo para el surgimiento de las primeras agrupaciones insurgentes. Las FARC nacieron en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de orientación comunista, luego de que el gobierno bombardeara la llamada «República de Marquetalia», un enclave rural en el departamento del 
Tolima.
Durante las décadas de 1980 y 1990, el conflicto escaló en intensidad y degradación. El narcotráfico se convirtió en una fuente de financiamiento para las guerrillas y también para los grupos paramilitares de extrema derecha que surgieron como respuesta. Los años 1998-2002, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, fueron testigos de una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados — el «Caguán» — para adelantar un diálogo de paz que fracasó. La elección de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) trajo la política de «Seguridad Democrática», que golpeó militarmente a las FARC y propició la desmovilización de los grupos paramilitares mediante la Ley de Justicia y Paz (2005).
Al llegar Juan Manuel Santos al poder en 2010, las FARC habían sido diezmadas en su cúpula —varios de sus máximos comandantes fueron abatidos en operativos como el bombardeo en la frontera con 
Ecuador que mató a Raúl Reyes (2008)—, pero conservaban capacidad operativa en zonas selváticas y fronterizas. El gobierno de Santos decidió explorar una salida negociada, en parte impulsado por el cambio del contexto internacional y por el reconocimiento de que la vía militar no bastaba para sellar una paz definitiva.
3. Primeros intentos de paz[editar]
Antes del proceso de La Habana, Colombia vivió varios esfuerzos de negociación con las FARC y otras guerrillas.
- Acuerdos de La Uribe (1984): Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se pactó un cese al fuego y se permitió la creación de la Unión Patriótica, un partido político vinculado a la insurgencia. La experiencia terminó trágicamente con el exterminio de miles de sus militantes a manos de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares.[2]
- Diálogos de Caracas y
Tlaxcala (1991-1992): Bajo la presidencia de César Gaviria se intentaron negociaciones que no prosperaron, en un contexto de guerra total. - Zona de distensión del Caguán (1998-2002): El gobierno de Andrés Pastrana despejó militarmente cinco municipios para dialogar con las FARC. La negociación fracasó entre acusaciones mutuas de falta de voluntad de paz y de utilización de la zona para el fortalecimiento militar de la guerrilla.
- Acercamientos con el ELN: Paralelamente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) protagonizó acercamientos en distintos momentos, incluyendo un diálogo formal que se instaló en Ecuador en 2017 y que, a diferencia del proceso con las FARC, no ha llegado a un acuerdo definitivo.
Estos antecedentes marcaron la decisión de Santos de mantener un proceso con acompañamiento internacional, tema por tema, sin despejes territoriales que pudieran repetir la experiencia del Caguán.
4. Proceso de paz de La Habana (2012-2016)[editar]
4.1. Fase exploratoria[editar]
Los primeros contactos entre emisarios del gobierno Santos y mandos de las FARC se produjeron en secreto, con la mediación de 
Costa Rica en una etapa muy temprana y, sobre todo, con el respaldo de los gobiernos de Cuba y Noruega como países garantes. Venezuela y Chile participaron como acompañantes. Las reuniones exploratorias se llevaron a cabo en La Habana y duraron alrededor de seis meses, entre finales de 2011 y comienzos de 2012.
El 26 de agosto de 2012, tras varios meses de encuentros confidenciales, se firmó en la capital cubana el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, un documento marco que estableció los seis puntos de la negociación y las reglas de procedimiento.[3]
4.2. Puntos de la agenda[editar]
La negociación se organizó en una mesa permanente en el Palacio de Convenciones de La Habana, en ciclos que podían durar semanas. Los seis temas, que se abordaron en el orden previamente acordado, fueron:
- Política de desarrollo agrario integral: Acceso y uso de la tierra, formalización de la propiedad, infraestructura y desarrollo social en zonas rurales. Se buscaba atacar una de las causas históricas del conflicto.
- Participación política: Apertura democrática para que las FARC y otros movimientos sociales pudieran integrarse a la vida civil y electoral. Incluyó la creación de un estatuto de garantías para la oposición y circunscripciones especiales de paz para las zonas más afectadas por la guerra.
- Cese al fuego bilateral y definitivo, y dejación de armas: El punto más sensible. Incluyó el cronograma del cese al fuego, las zonas veredales de ubicación temporal (ZVTN) para la agrupación de los combatientes, y el proceso de entrega del arsenal a una misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Solución al problema de las drogas ilícitas: Reconociendo el vínculo del conflicto con el narcotráfico, se acordaron planes de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (hoja de coca, marihuana), programas de prevención del consumo y una nueva estrategia de lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico.
- Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: Considerado el eje ético del proceso. Se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que comprende la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
- Mecanismos de implementación y verificación: Se diseñó un andamiaje institucional para blindar el acuerdo y asegurar su cumplimiento, incluyendo un plan marco de implementación de 15 años, acompañamiento internacional y un capítulo étnico para la protección de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
4.3. El plebiscito de 2016[editar]
El gobierno de Juan Manuel Santos, confiado en el respaldo ciudadano al proceso, decidió someter el texto final del acuerdo a un plebiscito para otorgarle una legitimidad popular inobjetable. La refrendación popular se celebró el 2 de octubre de 2016 con la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?».
La campaña polarizó profundamente a Colombia. El expresidente Álvaro Uribe lideró el «No», argumentando que el acuerdo concedía impunidad a los guerrilleros y producía un desequilibrio institucional. La campaña del «Sí» contó con el respaldo de la comunidad internacional, figuras del arte y el deporte, y buena parte del empresariado. Contra todos los pronósticos, el «No» ganó con el 50.2% de los votos frente al 49.7% del «Sí». La participación fue de apenas el 37.4% del censo electoral. La derrota del plebiscito sumió el proceso en una crisis de incertidumbre, pues jurídicamente el presidente no podía implementar el acuerdo tal cual había sido rechazado.
5. Acuerdo final y su ratificación[editar]
Tras la sorpresiva derrota en el plebiscito, Santos convocó de inmediato a una mesa de concertación con los promotores del «No». En cuestión de semanas, el equipo negociador del gobierno y los delegados de las FARC introdujeron más de 50 modificaciones al texto original. Los cambios abordaron, entre otros asuntos, precisiones sobre la restricción de libertad en las penas, el régimen de propiedad rural y la elegibilidad política de los excomandantes.
El 24 de noviembre de 2016, un nuevo texto —el «Acuerdo Final»— fue firmado en el Teatro Colón de Bogotá, no ya por las dos delegaciones de paz, sino directamente por el presidente Santos y el comandante en jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timoleón Jiménez» o «Timochenko». Esta vez, el gobierno decidió no someterlo a un nuevo plebiscito, sino llevarlo al Congreso de la República para su ratificación. En un trámite legislativo que culminó a finales de noviembre y principios de diciembre de 2016, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron el Acuerdo Final y lo incorporaron al bloque de constitucionalidad.
El 1 de diciembre de 2016, el Congreso refrendó el acuerdo. Pocos días después, el 10 de diciembre, el presidente Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, un reconocimiento que se interpretó como un espaldarazo internacional al proceso.
6. Implementación del acuerdo[editar]
La puesta en marcha del Acuerdo Final comenzó de manera inmediata, con el cese al fuego bilateral que ya había iniciado el 29 de agosto de 2016. La implementación ha avanzado en múltiples frentes, pero con grandes retrasos y dificultades que han sido documentados por organismos de verificación como el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
6.1. Dejación de armas[editar]
Los integrantes de las FARC se trasladaron a las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos de Normalización repartidos por el país. La Misión de la ONU en Colombia verificó el proceso de dejación de armas, que culminó en actos simbólicos como el realizado el 27 de junio de 2017 en Mesetas, Meta, donde se extrajo el último contenedor de armas. En total se incineraron más de 8.000 armas y cerca de 1.3 millones de cartuchos. A cambio, los excombatientes recibieron certificaciones de dejación de armas y se dieron de baja formalmente de la organización armada. Las FARC-EP dejaron de existir como grupo insurgente para transformarse en un movimiento político.
6.2. Reincorporación política y social[editar]
El antiguo grupo guerrillero fundó el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que debutó en las elecciones legislativas de 2018 con resultados modestos. El Acuerdo les garantizó 5 escaños en Cámara y 5 en Senado durante dos períodos, independientemente de los resultados electorales. Programas de reincorporación económica colectiva e individual, como los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), buscaron darles un proyecto de vida a los cerca de 13.000 excombatientes y milicianos acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, el asesinato de excombatientes ha sido una realidad dolorosa: hasta 2023, más de 350 firmantes del acuerdo habían sido asesinados, según cifras de la Misión de Verificación de la ONU.
6.3. Justicia Transicional (JEP)[editar]
La Justicia Especial para la Paz (JEP) se convirtió en la columna vertebral del Sistema Integral. Es un tribunal híbrido, compuesto por magistrados colombianos y extranjeros, que juzga a guerrilleros, militares, agentes del Estado y terceros civiles que cometieron delitos en el marco del conflicto. Quienes confiesen verdad plena y acepten responsabilidad reciben penas restaurativas (no cárcel ordinaria, sino restricción de libertad en obras de reparación), mientras que quienes no lo hagan enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. En el caso 001, conocido como «Secuestro», las FARC reconocieron su responsabilidad por uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra: el secuestro masivo. La Comisión de la Verdad (CEV) entregó su informe final en junio de 2022, tras escuchar a más de 30.000 víctimas y testigos.
6.4. Reforma rural y sustitución de cultivos[editar]
El punto 1 (Reforma Rural Integral) y el punto 4 (Drogas) han enfrentado los desafíos más graves de implementación. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) se diseñó para que campesinos erradicaran voluntariamente la hoja de coca a cambio de asistencia técnica y económica. Sin embargo, la falta de recursos y el incumplimiento estatal llevaron a protestas masivas de cultivadores, lo que puso en entredicho la estrategia. La reforma sobre la propiedad y el catastro multipropósito prometido en el acuerdo ha avanzado a un ritmo considerablemente menor al esperado.
7. Reacciones internacionales[editar]
El proceso de paz colombiano fue ampliamente respaldado por la comunidad internacional, que no solo actuó como testigo, sino como financiador y veedor. La Unión Europea, Francia, Alemania y los países nórdicos canalizaron millones de euros a través de un fondo fiduciario para apoyar el posconflicto. Los 
Estados Unidos, bajo la administración Obama, lanzaron el programa «Paz Colombia» como evolución del «Plan Colombia» militarista de décadas anteriores. El entonces presidente Donald Trump mantuvo inicialmente un apoyo reticente, pero luego condicionó parte de la asistencia a la política antidrogas del gobierno de Iván Duque.
En el ámbito latinoamericano, la UNASUR —en un intento de consolidar su papel como foro de mediación regional— designó un enviado especial para el proceso. ALBA-TCP también expresó su respaldo, aunque con menos protagonismo. Cuba, como sede y garante, desempeñó un rol logístico y diplomático central, que le valió el agradecimiento explícito de las partes. El entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, fue un visitante frecuente de las mesas de negociación, y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la misión política de verificación.
8. El acuerdo en el mundo hispanohablante[editar]
El acuerdo de paz colombiano tuvo un eco particularmente intenso en el ámbito hispanohablante, tanto por la cercanía cultural como por la dimensión humana de un conflicto que, en distintos grados, toca fibras compartidas por América Latina.
- Cultura de paz: El concierto «Un canto por la paz», celebrado en la Plaza de Bolívar de Bogotá horas después de la firma del acuerdo y encabezado por artistas como Carlos Vives, Juanes y Fonseca, fue transmitido en directo a toda Hispanoamérica por canales como CNN en Español y NTN24. La frase «la paz es de todos» se integró en el lenguaje de campañas publicitarias y políticas en varios países de la región.
9. Legado y críticas[editar]
El legado del Acuerdo de paz es, a más de un lustro de su firma, un terreno de intenso debate. Por un lado, la desaparición de las FARC como grupo insurgente puso fin a una de las guerras más largas y sangrientas del hemisferio occidental. Municipios que vivieron décadas de asedio, como San Vicente del Caguán, Toribío o Granada, experimentaron una reducción sin precedentes de las acciones armadas, los secuestros y las minas antipersona. La verdad que empezó a emerger de los testimonios en la JEP y la Comisión de la Verdad cambió la narrativa sobre el conflicto, desentrañando la responsabilidad del Estado en crímenes atroces.
Por otro lado, las críticas se han multiplicado. Sectores de la izquierda argumentan que el Estado no cumplió con los compromisos de inversión social en el campo, y que la firma del acuerdo sin una presencia estatal efectiva facilitó que otros grupos armados como disidencias de las FARC, el ELN y bandas narcotraficantes ocuparan los territorios abandonados por la guerrilla. Desde la derecha, el partido Centro Democrático ha considerado que el acuerdo «hizo trizas» el estado de derecho al permitir que jefes guerrilleros ocuparan curules en el Congreso sin haber pagado penas de prisión proporcionales a sus delitos.
A nivel político, la elección de Iván Duque (2018-2022), un oponente al acuerdo, llevó a una ejecución a «bajo ritmo» de varios puntos, que fue denunciada por la comunidad internacional y las instancias de verificación. El posterior gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), surgido en parte de los desencantos del posconflicto y exintegrante del desmovilizado grupo guerrillero M-19, propuso una política denominada «Paz Total», que busca simultáneamente implementar lo pactado con las FARC y negociar con los grupos que aún persisten.
10. Véase también[editar]
ColombiaEl conflicto armado colombiano ha tenido múltiples actores a lo largo de su historia, entre ellos guerrillas de izquierda, grupos paramilitares y fuerzas estatales. Se estima que dejó más de 260.000 muertos. ↩︎
La Unión Patriótica fue un movimiento político fundado en 1985 tras los acuerdos de La Uribe. Entre 1985 y 2002 se estima que más de 4.000 de sus integrantes fueron asesinados. En 2013, el Estado colombiano pidió perdón por su responsabilidad en este exterminio. ↩︎
El principio rector fue: «Nada está acordado hasta que todo esté acordado». Esto implicaba que los puntos pactados no eran definitivos hasta que se cerrara el acuerdo completo, lo que buscaba generar confianza entre las partes. ↩︎