Intervención de Estados Unidos en Venezuela de 2025-2026
La intervención de Estados Unidos en Venezuela de 2025-2026, denominada por la administración estadounidense como parte de la Operación Lanza del Sur, fue un conjunto de operaciones militares, navales, aéreas y encubiertas ejecutadas por 
Estados Unidos contra 
Venezuela entre el 2 de septiembre de 2025 y el 7 de marzo de 2026[sin verificar]. La ofensiva se justificó oficialmente como una campaña contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en el Caribe, aunque diversos gobiernos, organismos internacionales y analistas la calificaron como una intervención dirigida a provocar el cambio de régimen en Venezuela y a asegurar el acceso de empresas estadounidenses al petróleo venezolano.
La campaña se articuló en tres ejes: la interdicción naval y los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga; los bombardeos del 3 de enero de 2026 contra instalaciones militares y la posterior captura de Nicolás Maduro; y la instalación de Delcy Rodríguez como presidenta provisional bajo una transición política tutelada por Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump declaró un éxito total de sus objetivos y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, mientras que la caída del madurismo reconfiguró la política venezolana y el Caribe.
| Intervención de Estados Unidos en Venezuela de 2025-2026 | |
|---|---|
| Parte de la Operación Lanza del Sur, la Nueva Guerra Fría y las intervenciones estadounidenses en América Latina | |
| Fecha | 2 de septiembre de 2025 – 7 de marzo de 2026[sin verificar] |
| Lugar | Mar Caribe y Venezuela |
| Causas | Doctrina Monroe, anticomunismo, guerra contra las drogas, intereses petroleros |
| Resultado | Captura de Nicolás Maduro, instalación de Delcy Rodríguez como presidenta provisional, tutelaje estadounidense de facto, restablecimiento de relaciones diplomáticas |
| Beligerantes |
Estados Unidos Apoyo militar: El Salvador, Francia, Granada, Guyana, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y Tobago Apoyo diplomático: oposición venezolana, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú |
| Oponentes |
Venezuela Cártel de los Soles, Tren de Aragua (según Estados Unidos) Apoyo militar: Rusia Apoyo diplomático: Bielorrusia, Brasil, China, Colombia, Cuba, Irán, México, Nicaragua |
| Figuras principales |
Estados Unidos: Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, Dan Caine, John Ratcliffe, Pam Bondi, Kash Patel Venezuela: Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Cilia Flores |
| Bajas |
Estados Unidos: 0 muertos, 15 heridos Venezuela y otros: 107 muertos en ataques contra embarcaciones y al menos 80 en los bombardeos del 3 de enero |
1. Antecedentes[editar]
Primeras presiones y designación de grupos terroristas[editar]
La intervención tuvo como marco jurídico y discursivo la decisión de la administración Trump de designar a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruía al Departamento de Estado de los Estados Unidos a aplicar esa calificación a ciertos grupos del hemisferio occidental. La orden se inscribió en una escalada retórica y operativa que incluía la designación de Richard Grenell como enviado especial para Venezuela y conversaciones con altos funcionarios del gobierno venezolano para la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos.
En febrero, la administración Trump designó al Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano, a la Mara Salvatrucha y a otros seis grupos con sede en México como organizaciones terroristas extranjeras. El argumento oficial sostenía que representaban una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos más allá del crimen organizado tradicional. En julio, el Departamento del Tesoro sancionó al Cártel de los Soles, grupo venezolano al que la administración estadounidense considera dirigido por Nicolás Maduro y vinculado al gobierno venezolano.
Acusaciones contra Maduro y recompensa[editar]
El gobierno de Trump ya había acusado a Nicolás Maduro de narcotráfico. Maduro fue imputado en Estados Unidos por cargos de drogas, incluido el de narcoterrorismo, en 2020. A principios de agosto de 2025, la administración estadounidense aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su arresto, la mayor ofrecida hasta entonces por Estados Unidos, según la narrativa oficial.[1]
La propuesta de los hermanos Rodríguez[editar]
Según una información exclusiva del Miami Herald, en abril de 2025 Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, hermanos y altos dirigentes del chavismo, propusieron a la administración Trump una transición en paz sin Maduro, pero con el chavismo manteniendo el poder. La propuesta contemplaba que Maduro permaneciera en Venezuela con garantías de seguridad, que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia y que se negociara un acuerdo para permitir el acceso de empresas estadounidenses a cambio de retirar los cargos criminales contra Maduro. Según la misma publicación, la propuesta se realizó con intermediación de Catar y con conocimiento y autorización de Maduro, pero el gobierno estadounidense la rechazó.
2. Acciones preliminares[editar]
El 8 de agosto de 2025, Trump firmó una orden que permitía el uso de la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos considerados organizaciones terroristas. La orden autorizaba al Pentágono a ejecutar operaciones marítimas, incluidas la interdicción de drogas y redadas selectivas. Ese mismo día, la administración duplicó la recompensa por la captura de Maduro.
El 20 de agosto, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada estadounidense a las costas de Sudamérica. Hacia el 29 de agosto, siete buques de guerra y un submarino nuclear de ataque se encontraban en el sur del Caribe y sus alrededores, con más de 4.500 marineros e infantes de marina. El Instituto Naval de Estados Unidos identificó entre las unidades al USS Gravely, al USS Jason Dunham y al USS Sampson, así como al buque de asalto anfibio USS Iwo Jima y al submarino USS Newport News.[2]
El gobierno de Nicolás Maduro respondió anunciando la movilización de la Milicia Bolivariana y calificó el despliegue como la mayor amenaza contra la región en cien años. El mandatario venezolano llegó a afirmar que declararía una «república en armas» si el país era atacado.
3. Tensiones diplomáticas y alianzas regionales[editar]
La presencia naval estadounidense abrió una división entre los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, República Dominicana y el Reino de los Países Bajos a través de Aruba y Curazao cooperaron en distintos grados con el despliegue. Guyana, país que mantiene con Venezuela el diferendo por el Esequibo, respaldó abiertamente el despliegue estadounidense. Francia reforzó su presencia naval en el Caribe en agosto de 2025 en medio de la tensión.
En cambio, Brasil, Colombia, México, Cuba, Bolivia y Nicaragua expresaron objeciones a la intervención. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó públicamente la posibilidad de ataques estadounidenses contra cárteles y descartó autorizar una intervención similar en territorio mexicano. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que desatar la violencia en Venezuela desestabilizaría a toda América. Cuba denunció los ataques y mantuvo su respaldo diplomático. Rusia, por su parte, suministró o activó acuerdos para el refuerzo de las defensas aéreas venezolanas, según declaraciones de un funcionario ruso.
4. Operaciones navales contra embarcaciones[editar]
El ataque del 2 de septiembre[editar]
La primera operación letal ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando el mando militar estadounidense atacó una lancha procedente de Venezuela que, según Trump, era operada por el Tren de Aragua y transportaba drogas ilegales. El ataque mató a 11 personas. La BBC y The Wall Street Journal señalaron que se trató del primer ataque aéreo estadounidense reconocido públicamente en América Latina desde la invasión de Panamá de 1989.
La acción fue respaldada por los senadores republicanos Lindsey Graham y Bernie Moreno. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que las acciones contra los cárteles continuarían. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde Ciudad de México que habría más ataques y que Estados Unidos conocía la identidad de los ocupantes del barco, aunque no presentó pruebas públicas que confirmaran su pertenencia al Tren de Aragua.
Reacción internacional y cuestionamientos[editar]
La Organización de las Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques y denunció que constituían ejecuciones extrajudiciales. Una investigación posterior de Associated Press sostuvo que varios de los muertos en las lanchas eran pescadores o trabajadores pobres venezolanos, lo que amplió el debate sobre la proporcionalidad y la identificación de los blancos.
Segunda, tercera y cuarta operaciones[editar]
El 15 de septiembre, Trump anunció el ataque contra una segunda embarcación venezolana, con tres muertos a los que calificó de «narcoterroristas confirmados». Al día siguiente, el mandatario reveló que el ejército había hundido una tercera embarcación. El 19 de septiembre, una cuarta embarcación fue destruida, también con tres muertos. En este último caso, la Armada de República Dominicana cooperó con la Armada de Estados Unidos para localizar el objetivo. La Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana informó que rescató 377 paquetes de cocaína con un peso total aproximado de 1 kilogramo (2,2 lb).
El 3 de octubre, Pete Hegseth anunció un nuevo ataque contra un buque cerca de las costas de Venezuela, con un saldo de cuatro personas muertas. Las operaciones continuaron durante los meses siguientes, en el marco del despliegue de destructores, aviones F-35 y drones MQ-9 Reaper destacados en 
Puerto Rico.
5. Acciones encubiertas[editar]
En noviembre de 2025, The New York Times informó que Trump había autorizado un plan de acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. La CIA había comenzado a ampliar su papel en la lucha contra los cárteles desde agosto, con autoridad para considerar el uso de fuerza letal contra organizaciones criminales. La autorización presidencial convirtió a Venezuela en el principal escenario de la llamada Operación Lanza del Sur, en la que el componente encubierto se combinó con la presión naval y aérea.
6. Bombardeos del 3 de enero y captura de Nicolás Maduro[editar]
Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones militares venezolanas. El ataque se produjo después de semanas de preparación naval y aérea en el Caribe. La cifra de muertos por los bombardeos fue estimada extraoficialmente en al menos 80 personas.[3]
Horas más tarde, Trump declaró en Truth Social que Estados Unidos había capturado al mandatario venezolano y a su esposa, Cilia Flores, y que ambos estaban siendo trasladados fuera del país. La captura, denominada en la prensa como Operativo de captura de Nicolás Maduro, fue presentada como el golpe central contra el madurismo.
El presidente estadounidense anunció que Estados Unidos «gobernaría» Venezuela hacia una transición segura y que estaría «muy implicado» en la explotación del petróleo venezolano. Las imágenes de la captura y los comunicados oficiales provocaron celebraciones de migrantes venezolanos en varias ciudades del mundo.
7. Instalación de Delcy Rodríguez como presidenta provisional[editar]
Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era vicepresidenta ejecutiva, fue instalada como presidenta provisional. Su gobierno inició un entendimiento de facto con Estados Unidos, lo que significó la caída del madurismo como facción dominante de la revolución bolivariana. El chavismo mantuvo formalmente el poder, pero bajo tutelaje estadounidense de facto.
Rodríguez se comprometió con Estados Unidos a suspender los envíos de crudo a 
Cuba, hecho que se considera uno de los detonantes de la crisis cubana de 2026. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela se anunció el 5 de marzo de 2026[sin verificar]. El gobierno de Donald Trump reconoció formalmente al gobierno de Delcy Rodríguez el 7 de marzo de 2026[sin verificar].
8. Consecuencias[editar]
Reconfiguración política venezolana[editar]
La caída de Nicolás Maduro provocó el inicio de una transición política tutelada por Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos deseaba una transición en Venezuela, pero que «tampoco hay que ir demasiado rápido». Se liberaron presos políticos en varias etapas: el 26 de enero de 2026 se anunció la liberación de 110 personas, el 23 de mayo se anunció la excarcelación de 500 presos y el 9 de junio fueron liberados 54 presos políticos, todos militares.
La Asamblea Nacional oficialista y la Asamblea Nacional en el exilio iniciaron negociaciones para la recomposición de los poderes públicos. El gobierno de Estados Unidos confirmó en junio de 2026 que Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez habían abordado una hoja de ruta para un diálogo político orientado a una transición democrática.
Petróleo, Rusia y China[editar]
El tutelaje estadounidense desplazó temporalmente la influencia rusa y china en Venezuela. Analistas citados por Bloomberg y La Tercera señalaron que la caída de Maduro debilitó la posición de China y Rusia en el país sudamericano. La Casa Blanca celebró la liberación de presos en Caracas como ejemplo de su influencia.
En mayo de 2026, el empresario colombiano Alex Saab, cercano a Maduro, fue extraditado a Estados Unidos. La medida confirmó el giro de la justicia venezolana bajo la nueva administración.
Cooperación militar conjunta[editar]
Tras la intervención, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela iniciaron operaciones militares conjuntas en el Arco Minero del Orinoco contra el Tren de Aragua. En junio de 2026, fuerzas militares irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales. El secretario de Defensa de Estados Unidos anunció una ofensiva militar en América Latina tras la eliminación del líder del Tren de Aragua.
9. Reacciones internacionales[editar]
La intervención provocó una fractura internacional. Los gobiernos de 
El Salvador, 
Argentina, 
Ecuador, 
Perú y 
Paraguay dieron muestras de respaldo diplomático a la operación. El gobierno de Bolivia, en un giro frente a la posición inicial del bloque bolivariano, respaldó la operación y la restitución del orden constitucional. La oposición venezolana liderada por María Corina Machado confirmó que Estados Unidos la ayudó a salir de Venezuela y respaldó las acciones contra Maduro.
Por el contrario, Rusia, China, Bielorrusia, Irán, Cuba, 
Brasil, 
Colombia, 
México y Nicaragua rechazaron la intervención. Los presidentes de Rusia, Bielorrusia y China reafirmaron su apoyo a Maduro ante la escalada militar en el Caribe. El gobierno cubano denunció la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante los ataques. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la posible intervención de «catástrofe humanitaria».[4]
10. Análisis y legado[editar]
La intervención de 2025-2026 fue interpretada por analistas como la reactivación de la doctrina de intervención estadounidense en América Latina. A diferencia de las guerras convencionales, la campaña se apoyó en la calificación del narcotráfico como forma de terrorismo, lo que permitió el uso de fuerza letal sin una declaración formal de guerra y sin autorización específica del Congreso de los Estados Unidos. Especialistas en derecho de guerra citados por The New York Times afirmaron que Trump carecía de autoridad legal clara para ordenar la muerte de presuntos narcotraficantes.
La campaña dejó un saldo de 107 personas muertas en ataques contra embarcaciones en el Caribe. La cifra no incluye las muertes posteriores atribuidas a las operaciones encubiertas ni las denunciadas por Cuba. Las bajas estadounidenses se limitaron a 15 heridos. La diferencia de víctimas reflejó el carácter asimétrico de las operaciones.
El resultado de la intervención reconfiguró el mapa político y energético de Venezuela. Aunque el chavismo sobrevivió formalmente en la figura de Delcy Rodríguez, la tutela estadounidense impuso un cambio de lealtades regionales y una apertura a la explotación del petróleo venezolano. La crisis de Cuba de 2026, desencadenada por la suspensión de los envíos venezolanos de crudo, mostró el alcance indirecto de la intervención en el Caribe.
11. Presencia en el mundo hispanohablante[editar]
Para América Latina, la intervención dominó la agenda diplomática entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026. Las mesas de negociación, las sesiones de la Organización de los Estados Americanos y los debates en la Organización de las Naciones Unidas se centraron en la legalidad de los ataques contra embarcaciones y en el tutelaje impuesto al gobierno de Delcy Rodríguez. En Puerto Rico, 
República Dominicana y 
Panamá, el despliegue estadounidense tuvo efectos logísticos directos.[5]
El caso tuvo amplia cobertura en los principales medios en español. La prensa latinoamericana, europea y estadounidense en español debatió no solo los hechos militares, sino también las implicaciones para la soberanía venezolana y para el derecho internacional. La discusión sobre el papel de la CIA, la captura de Maduro y la transición tutelada marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre Washington y el hemisferio hispanoamericano.
La recompensa anterior por Maduro, establecida durante la primera administración Trump, era menor. El aumento se produjo mientras la Casa Blanca preparaba la orden de acción militar contra los cárteles. ↩︎
Las denominaciones y números de casco de los destructores incluidos en el despliegue varían según el momento de la campaña. El recuento de nueve buques corresponde al inventario del 22 de septiembre de 2025 difundido por el United States Naval Institute. ↩︎
Las cifras de víctimas fueron controvertidas. El gobierno cubano denunció la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante las incursiones contra Venezuela, lo que elevó el saldo total de la campaña en el Caribe. ↩︎
El rechazo brasileño y colombiano se produjo en un contexto de dificultad regional para articular una respuesta común, dada la alineación de otros gobiernos sudamericanos con Washington. ↩︎
Las islas del Caribe hispanohablante se convirtieron en puntos de apoyo del operativo estadounidense. Puerto Rico albergó aviones F-35 y drones MQ-9 Reaper, mientras que República Dominicana participó en la operación conjunta del 19 de septiembre de 2025. ↩︎